Gentrificación
(San Juan, Puerto Rico) – La Fundación El Urbanista rechazó la firma de la nueva legislación promovida por la gobernadora de Puerto Rico que limita la capacidad de ciudadanos, comunidades y organizaciones para impugnar permisos y decisiones administrativas ante los tribunales.
Para la entidad, la medida representa uno de los golpes más severos al acceso a la justicia ambiental y territorial en las pasadas décadas, al imponer barreras económicas que dificultan que sectores comunitarios puedan recurrir al sistema judicial para defender su bienestar, calidad de vida y el interés público.
“La participación ciudadana y el acceso a los tribunales son componentes esenciales de cualquier democracia funcional. Convertir ese derecho en un privilegio condicionado a la capacidad económica constituye un retroceso institucional extremadamente peligroso”, expresó la Fundación.
La organización advirtió además que la nueva ley permite transformar terrenos clasificados como suelo rústico especialmente protegido mediante la simple determinación administrativa de que un proyecto es “estratégico”, sin establecer criterios objetivos, científicos o de planificación para realizar dicha determinación.
Según la Fundación El Urbanista, esto elimina de facto salvaguardas territoriales y ambientales vigentes desde 1992 y abre la puerta a reclasificaciones discrecionales sujetas al criterio de administradores de turno y presiones políticas o económicas.
Asimismo, la entidad indicó que la medida debilita la fiscalización pública y reduce significativamente la capacidad de las comunidades para intervenir efectivamente en decisiones de enorme impacto territorial y ambiental.
“La planificación existe para proteger el interés colectivo. Cuando se debilitan las clasificaciones del suelo, los procesos participativos y el acceso a la justicia, se debilita también la capacidad del país para proteger su territorio y garantizar calidad de vida para las futuras generaciones”, concluyó Pedro M. Cardona Roig, presidente de la Fundación.
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