Comunidad–Ambiente
Por Eliezer Colon Rivera
Para Prensa Sin Censura
El pasado 7 de noviembre de 2025, un incendio de grandes proporciones en el barrio Arenas de Cidra encendió alarmas.
Las columnas de humo fueron visibles desde las carreteras PR-734 y PR-172 y el olor a plástico y residuos quemados afectó comunidades de Arenas, Sud, Rincón y Rabanal.
El alcalde Delvis Pagán Clavijo dijo: “Estamos ahora mismo de manera activa, bajando lo que es el fuego que está consumiendo a donde se tiran los escombros”.
Esta declaración plantea interrogantes sobre la operación y legalidad del sitio. Según vecinos del sector, este sitio es manejado por el municipio de Cidra.
¿Estación de trasbordo o vertedero ilegal?
La legislación puertorriqueña y federal distingue entre estación de trasbordo y vertedero:
• Estación de trasbordo: Instalación temporera donde los desperdicios sólidos se descargan, se almacenan brevemente y se transfieren a instalaciones finales autorizadas. Debe operar con permisos vigentes del DRNA y la EPA.
• Vertedero: Sitio para la disposición final de residuos, que debe cumplir requisitos de recubrimiento, control de lixiviados, monitoreo ambiental y operar bajo estricta reglamentación. Cualquier lugar que no cumpla estos controles es, por ley, un vertedero ilegal.
Preguntas clave para el pueblo y las autoridades
• ¿Cuenta el lugar con permisos ambientales del DRNA y la EPA?
• ¿Qué tipo de desperdicios se acumulan y cada cuánto se retiran?
• ¿Se monitorea la calidad del aire y de las aguas subterráneas?
• ¿Se están depositando residuos peligrosos?
• ¿Se han hecho públicos las licencias ambientales y los resultados de inspecciones?
• ¿Qué protocolos de emergencia existen y cómo se comunica el riesgo a las comunidades?
Preocupaciones sobre la toxicidad del humo
Vecinos de los barrios impactados expresaron temor por la toxicidad del humo y sus efectos en la salud:
“El aire olía a plástico quemado y era difícil respirar”, reportaron algunos residentes afectados.
Se necesita transparencia sobre las mediciones de contaminantes que puedan incluir dioxinas, furanos y metales pesados, conocidos por su potencial cancerígeno y daños a la salud pública.
Antecedentes históricos: la lucha ambiental de Arenas
Este incendio revive una historia de lucha comunitaria iniciada en los años 1987-1990, cuando los vecinos de este sector de Arenas y el Comité Despertar Cidreño lograron el cierre del vertedero original tras protestas, arrestos y denuncias por contaminación del Lago de Cidra y el río La Plata.
38 años después la comunidad enfrenta retos similares: contaminación, acumulación de desperdicios e incendios.
Marco regulatorio y penalidades
El manejo de desperdicios sólidos está regulado por la Ley Núm. 416-2004 y los reglamentos 5717 y 9306, supervisados por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en función delegada de la EPA.
Las penalidades por operar vertederos ilegales incluyen:
• Multas administrativas de hasta $25,000 por infracción diaria.
• Multas adicionales por reincidencia hasta $50,000.
• Restitución y servicio comunitario obligatorio.
• Multas por parte del DRNA de hasta $5,000 por acto ilegal, y $10,000 adicionales por repetición, además de cargos penales.
A los operadores de sistemas de relleno sanitario y estaciones de trasbordo se les exigen permisos vigentes, cumplimiento con medidas técnicas, monitoreo de aguas y gases, y exhibir garantías financieras.
Al DRNA le corresponden la fiscalización, inspecciones, sanciones y cierre de instalaciones que no cumplan.
Un incendio como el ocurrido en Arenas exige respuestas, transparencia y acción institucional inmediata. Es responsabilidad del DRNA y las autoridades municipales aclarar la situación legal y operativa del “lugar donde se tiran los escombros”, garantizar el derecho a un ambiente sano y evitar que hechos de esta gravedad se repitan.
La conciencia y la vigilancia comunitaria siguen siendo indispensables para la justicia ambiental en Cidra.
Nota: Este artículo puede ser publicado libremente en medios impresos y digitales con el objetivo de informar y educar sobre la urgencia del manejo adecuado de los residuos sólidos y los derechos ambientales
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