Nota del Editor: la norma del Estado es radicar cargos contra los activistas ambientales para que pierdan dinero y tiempo en los tribunales, como disuasivo de lucha. Sucedió con El Lórax de Corozal y con otros ciudadanos. Prensa sin censura visitó la Reserva Natural Cueva del Indio y fue testigo de la mezquindad de los titulares de un terreno costero que es bien de dominio público. Entonces, en representación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la licenciada Mildred Sotomayor se pronunció allí a favor de los intereses de la comunidad, comprometiéndose a gestionar una solución. Casi ha transcurrido un año y nada sucede. Ahora le radican un cargo al joven ambientalista. Juzguen ustedes tras conocer el contexto.
Comunicado
El pasado miércoles el Tribunal de Arecibo le imputó un cargo al activista ambiental y organizador comunitario de Defendiendo la Cueva del Indio-681 (DCI-681), Lauce Colón Pérez, por alegados «daños agravados» ocasionados el pasado 9 de abril luego de que manifestantes relocalizaran partes de la verja de madera que la corporación [González Freyre] G.F. National Properties instaló en zona marítimo-terrestre (ZMT) y bienes de dominio público (BDP) para privatizar y cobrar desde $10.00 por persona por el acceso a la Cueva del Indio.
“Ese día, varios manifestantes removieron algunas estacas y tablas de las verjas que la administración de la finca aledaña a la cueva insisten en colocar para impedir el acceso a la ZMT de la Reserva Marina, los BDP de la Reserva Natural y el sitio arqueológico Cueva del Indio», declaró Alegna Malavé, portavoz de DCI-681.
“Estas acciones directas se convocan para exigir el paso libre a nuestra Cueva y el cumplimiento con el plan de manejo y el deslinde oficial al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)», continuó.
Aún así, la fiscalía de Arecibo ordenó imputar cargos por daños agravados solo a Colón Pérez y el pasado miércoles el Tribunal determinó causa por el delito de daños agravados y le impuso una fianza de $5,000, la cual prestó y espera vista preliminar el próximo 25 de mayo a las 9:30 a.m.
“Nuestro querido Lauce es acusado de remover unos palos y tablas que están puestas a cinco metros del agua y que impiden el acceso libre a la Cueva del Indio. Él es el rostro de la valentía y el compromiso con el bienestar de la comunidad y los ecosistemas que son esenciales para todas las formas de vida», manifestó Malavé Marrero.
Según DCI-681, estas manifestaciones son en reclamo de justicia ambiental y un ruego colectivo que se ha presentado por escrito en varias querellas formales ante el DRNA, incluyendo la #Q-AREM-045-2022 radicada en agosto 2022 por Colón Pérez denunciando cómo el acceso libre a la Cueva del Indio ha sido privatizado desde el 2016 tras la compra de los terrenos aledaños por G.F. National Properties.
“El arrendamiento de estos terrenos a un privado que cobra el acceso desde la corporación Caracoles Bar & Grill son acciones denunciadas como violaciones a la ‘Ley Núm. 111 para la Protección y Conservación de Cuevas […] de Puerto Rico’ y la ‘Ley Núm. 112 para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico’, con esta última tipificado como un delito grave la apropiación, mutilación y saqueo de un sitio arqueológico registrado penalizado con hasta $5,000 de multa y 5 años de cárcel», denunció la portavoz..
“Estas denuncias también se han hecho por escrito ante el Instituto de Cultura Puertorriqueña el año pasado y aún no tenemos acción de parte de ninguna de las agencias a cargo que garantice el acceso expedito, seguro y para el disfrute al legítimo titular de los bienes de dominio público, que es el Pueblo de Puerto Rico», finalizó.
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Prensa sin censura 
¡Esto es una barbaridad! Mientras los federales piden cooperación de la ciudadanía para reportar violaciones ambientales. Aquí en PR, sigue el gobierno inactivo en casos de violación de ley y reglamento. El deslinde costero también le compete a la jurisdicción federal. En cuanto al tribunal que atendió el caso del joven, no me sorprende ver que jueces vendan su “poder” judicial al mejor postor. Hay buenos jueces, pero hay otros que sus actos rayan en la corrupción judicial y no lo esconden.
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