21 de diciembre de 2022
Honorable William Rodríguez
Secretario de la Vivienda
San Juan, PR
Estimado Secretario:
Me dirijo a usted como último recurso para resolver una situación grave relacionada con el programa R3 deVivienda.
Soy periodista comunitario al servicio de las comunidades de la montaña, y en esa labor he servido de gestor e intermediario entre comunidades rurales y agencias de gobierno.
En esta ocasión recurro a usted para presentarle mi propia situación y de mi esposa Yolanda Torres González. Nosotros somos partícipes del programa R3 de Vivienda desde el verano de 2019. Caso #04265 Cualificamos para el programa de relocalización dentro del grupo prioritario. Esto debido a la condición de mi esposa: hipertensión pulmonar y otras condiciones relacionadas.
Ella requiere conectarse periódicamente a un equipo de oxígeno y otras terapias que requieren un espacio y unas condiciones apropiadas para su tratamiento. En octubre de 2020 se había pautado la firma de contrato, pero fue paralizada por unos detalles legales, específicamente una deuda hipotecaria.
Finalmente ese escollo se resolvió, y nos indicaron que estábamos próximos a cierre. Nuestra casa en la Urbanización Villa Borinquen en Lares fue demolida y nos trasladamos a un apartamento como vivienda temporera.
Durante un tiempo se nos estuvo dando el pago de alquiler. Sometimos una casa para compra, la cual fue inspeccionada y aprobada por el programa. En esa etapa estamos desde marzo de este año 2022.
Pero desde hace seis meses no hemos recibido el pago porque el contrato de renovación debía ser mínimo de un año, y en el programa de Relocalización R3 nos indicaron que ya estábamos próximos a completar, por lo cual no podíamos hacer contrato para un año.
La parte vendedora de la casa aprobada está dispuesta a hacer un contrato provisional de alquiler hasta que se cierre el negocio, pero en las oficinas de R3 nos indican que no es posible porque al estar próximos a cierre no pueden pagar alquiler.
Hemos tenido que pagar alrededor de $5 mil en alquiler desde entonces, y nuestros recursos se están agotando, lo que me dificulta cumplir con los gastos del tratamiento de mi esposa. Tan solo uno de los medicamentos cuesta $10,000 mensuales.
Aunque la mayor parte del costo lo cubre el plan, hay gastos que tenemos que cubrir nosotros. Tengo que explicar que tanto ella como yo somos profesionales que hemos pagado contribuciones durante mucho tiempo, y que por la condición de ella, debió retirarse sin tener los años de experiencia requeridos, y yo tuve que limitar mis labores profesionales para atenderla a ella.
En estos momentos dependemos de una exigua pensión. Realmente, la expectativa de vida de mi esposa depende de esta gestión.
Siendo que el paso que falta por darse es el cierre, entiendo que el alquiler provisional sería una solución. La parte vendedora está de acuerdo, de modo que solamente falta una decisión que en último caso recae sobre usted como titular de la agencia. Espero que siendo que nadie puede dudar de su capacidad profesional, también tenga la sensibilidad necesaria para atender esta emergencia.
Agradezco su atención.
Alexis Morales -Cales
Periodista Comunal
Prensa sin censura 
Este caso, como el del caballero encamado que reseñó la prensa esta semana (el que perdió parte de sus extremidades), son muestra de la insensibilidad de nuestros gobernantes. Engañar a la gente para luego dejarla en la calle, sin medios y sin esperanzas, es un «cruel and barbarous treatment», una variante de la tortura que debería ser punible. Por menos, nos envalentonamos para sacar a Ricky Roselló. ¿Qué esperamos para echar a estos canallas?
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