(Nota del Editor: primero de una serie de cuatro artículos.)
Por Dra Martha Quiñones Domínguez
Una mirada a las luchas sociales y ambientales que se han dado en Puerto Rico propone el concepto de racismo ambiental y colonial, institucionalizado.
En el caso de Arecibo, encontramos que el municipio y su gente son tratados con racismo ambiental y colonial y no con injusticia ambiental. Este racismo se encuentra ligado a otras formas de discrimen dentro de la colonia, racismo intersectorial y su relación al modelo de desarrollo y crecimiento económico que presupone la desigualdad y la negación de los derechos a un ambiente limpio y a la salud.
Cuando analizamos los proyectos propuestos para el municipio encontramos que los mismos son nefastos para la salud, el ambiente y la comunidad y en todos engañan a las personas con promesas de desarrollo y crecimiento económico y generar empleos. A pesar de que hay documentos ambientales que evalúan estos impactos los mismos son incompletos, omiten información, tuercen los resultados y tratan de imponer los proyectos, aunque sean nefastos. Estos proyectos se ubican en especial en el área alrededor de la Reserva Natural del Caño Tiburones, el humedal más grande de Puerto Rico.
El racismo ambiental y colonial es complejo, impuesto y mantenido por las instituciones legales, el Gobierno, las instituciones, el marco colonial, el modelo económico y por eso es intersectorial y complejo. Para saber si existe racismo ambiental y colonial en Arecibo en las decisiones de políticas públicas ambientales y en los documentos ambientales, analizamos los documentos ambientales del Vertedero Regional de Arecibo.
Como científico social debemos corregir el problema de racismo ambiental y colonial, identificar patrones para buscar soluciones. Construimos el termino racismo ambiental y colonial desde la definición de Benjamín Chavis Jr. Identificamos indicadores que manifiesta el racismo ambiental y colonial en Puerto Rico, dentro del marco legal y aplicados al municipio de Arecibo.
Con estos indicadores encontramos que en Arecibo su gente son tratados no con injusticia ambiental sino con racismo ambiental y colonial. Entendemos que las leyes y reglamentos ambientales deberían corregir el problema de daño ambiental identificado como racismo ambiental además con el concepto de Justicia Ambiental se corrige, pero no se da así.
En EEUU los científicos y las comunidades comenzaron a notar que no eran problemas de justicia ambiental los que existían en la ubicación de proyectos nefastos a la salud y el ambiente en comunidades negras, latinas y asiáticas, eran problemas de racismo ambiental que es menos perceptible y difícil de medir, donde las consecuencias negativas y no previstas de actividades económicas se distribuyen de manera desigual (las externalidades).
En economía definimos como externalidades, aquellos costos que no se incluyen en las evaluaciones, y que nadie quiere asumir responsabilidad sobre los mismos, y se supone que el Estado sea el llamado a resolverlos. Como externalidades que produce el capitalismo, la teoría económica asume que es deber del Estado corregirlas y buscar la calidad de vida de las comunidades.
El término racismo ambiental fue acuñado en Estados Unidos por el investigador Benjamín Chavis Jr. en 1982. Chavis denunció el racismo ambiental en el contexto de la Comisión de Justicia Racial de la United Church of Christ. En 1987 se publica el informe Toxic Wastes and Race in the United States: A National Report on the Racial and Socio-Economic Characteristics of Communities with Hazardous Waste Sites donde se establecieron correlaciones entre los sitios de las instalaciones de desechos y las características raciales. Observando que la contaminación química de las industrias era vertida sólo en los barrios negros, latinos y asiáticos.
En el caso de Puerto Rico encontramos racismo ambiental y colonial generalizado cuando el agresor o los agresores son las compañías de EEUU, que se manifiesta en colonialismo ambiental y colonial de forma transversal e intersectorial.
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