Ayuda Legal PR saca la cara por los derechos del Pueblo ante repunte del Covid y envía contundente carta a Pierluisi

Plan integral para proteger los derechos ante el repunte del COVID-19 (Vivienda, empleo y salud pública)

Lcda. Ariadna Michelle Godreau-Aubert

Directora ejecutiva

Ayuda Legal Puerto Rico

Sirva la presente para extenderle un cordial saludo y deseos de bienestar de cara al inicio del 2022. Desde Ayuda Legal Puerto Rico, organización sin fines de lucro que promueve educación y apoyo legal a personas, comunidades y grupos, presentamos ante su consideración recomendaciones puntuales relacionadas al repunte del COVID-19.

El estado de emergencia de salud pública requiere acciones contundentes y claras en protección a los derechos fundamentales. El impacto de la pandemia en el bienestar social y económico de Puerto Rico tiene el potencial de afectar adversa e irreversiblemente el disfrute del derecho a la salud, a la vivienda digna y al empleo seguro. Éste se suma a las consecuencias desatendidas de casi cinco años de desastres, que van desde los huracanes Irma y María, los terremotos que afectaron el área sur y el presente. La estrategia del gobierno es clave para mitigar este estado de emergencia constante.

Reconocemos las acciones que ha tomado su administración, a través del Departamento de Salud, para promover la vacunación masiva de la ciudadanía. Así también, celebramos el énfasis del Departamento en el llamado reiterado a utilizar mascarillas y a mantener medidas de seguridad física. Estos elementos son cruciales y deben ir acompañados de un plan integral que proteja la vida digna de los sectores más vulnerables de Puerto Rico. Esto incluye los siguientes llamados:

Salud pública

* Garantizar el acceso equitativo y universal a la vacunación, insistiendo en campañas masivas que eduquen sobre la necesidad de la vacunación completa a la población elegible.

* Garantizar el acceso universal a las pruebas diagnósticas. Contrario a la narrativa que trascendió durante las pasadas semanas, las personas no buscan hacerse pruebas de forma caprichosa. Muchas personas lo hacen movidas por el temor, la sospecha de estar contagiadas, la necesidad de proteger a su núcleo familiar, mandatos laborales o los mismos mandatos establecidos por el gobierno para la participación en el empleo, actividades masivas o de otra índole. El estado debe garantizar el acceso a pruebas de forma económica y libres de obstáculos que discriminen contra personas que no cuentan con planes médicos, acceso ágil a médicos primarios o dinero para pagarlas. Debe priorizarse el acceso a las pruebas de la población adulta mayor, niñez no apta para ser vacunada, personas embarazadas, y personas con diversidad funcional. La celebración de actividades masivas, así como la repartición de pruebas caseras es fundamental.

* Fiscalizar a los planes médicos y laboratorios que discriminen o especulen con la autorización o precio de las pruebas.

Vivienda y bienestar social

* Detener los desalojos – ejecuciones y desahucios – hasta que se supere el repunte, para impedir que las personas se queden en la calle ante esta nueva emergencia.

* Establecer una nueva estrategia de promoción para que las personas conozcan y soliciten asistencia de emergencia para renta (ERA, por sus siglas en inglés) en atención al nuevo impacto que la pandemia ha tenido en sectores ya vulnerables económicamente. A diciembre, sólo 18% de los fondos había sido gastado. Una mejor estrategia de difusión, ante esta coyuntura, es clave.

* Se deben agilizar los trabajos de recuperación en virtud del impacto desatendido de las familias afectadas por los terremotos del Sur. Datos recientes establecen que solo el 7% de las casas elegibles han sido demolidas, lo que impide que las familias puedan reconstruir sus hogares. Tampoco ha abierto el programa CDBG-DR de terremotos, al cual se destinaron más de $320 millones federales con el objetivo de rehabilitar y reconstruir viviendas dañadas por los sismos.

* A seis meses de una nueva temporada de desastres, el gobierno tiene la responsabilidad de habilitar refugios no congregados o aptos para manejarse en un repunte de la pandemia. A estos efectos, Puerto Rico recibió asignaciones de FEMA que permitían financiar esta actividad.

* Revisar y hacer valer protocolos de seguridad en relación con las lanchas de transporte a las islas municipio, así como para la transportación pública. Quienes usan estos mecanismos tienen derecho a estar seguras y a minimizar riesgos de contagio.

* La alimentación es crucial para la vivienda digna y el bienestar social. Los comedores escolares siempre deben operar, indistintamente de que el inicio presencial de clases se posponga.

Empleo

* Promover el uso de la licencia de emergencia aprobada durante el 2020, con el fin de garantizar tiempo de licencia a personas empleadas que no tengan balance de licencia de enfermedad disponible. Esta licencia, establecida por el Art. 6 de la Ley 180 del 1998, dicta que la persona contagiada o con sospecha de contagio podrá utilizar hasta cinco días de licencia con paga.

* Establecer una ventana de tiempo razonable para que los patronos revisen sus planes de seguridad por el COVID-19 a la luz de los nuevos hallazgos.

* Educar a las personas sin cuido de menores que no puedan regresar a sus empleos sobre su derecho a acogerse al seguro de desempleo, de conformidad con la Carta Circular del Departamento del Trabajo del 14 de julio del 2020, que establece que una persona que no puede volver a trabajar por cuido de menores, siempre y cuando cumpla con criterios como su disponibilidad a buscar otros arreglos o utilizar otras licencias, podrá ser elegible al desempleo regular.

* Rendir cuentas sobre el uso de los fondos del American Rescue Plan (ARPA, por sus siglas en inglés), que destinó a Puerto Rico un total de $2.47 mil millones, más otros $150 millones a los municipios bajo el programa de Fondo Estatal de Recuperación Fiscal del Coronavirus. Entre los usos permitidos de este fondo está la creación de programas para retener empleos.

* Los fondos de recuperación pueden servir para incentivar que patronos medianos y pequeños ofrezcan incentivos, herramientas y equipo de seguridad a sus empleados ya sea para extender las licencias, ofrecer trabajo remoto o para el retorno seguro a sus espacios laborales.

Ante esta coyuntura, ponemos a su disposición nuestra experiencia liderando abogacía en relación con la vivienda, la recuperación tras desastres y derechos laborales. Hacemos un llamado a la activación de las medidas mencionadas en el marco de sus poderes y responsabilidad constitucional. Estamos dispuestas e interesadas en reunirnos con su equipo de trabajo para discutir las mismas.

Quedamos de usted.

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