Caos en las cárceles

Milagros S RiveraS Watterson

Trabajadora Social

Portavoz del Comité de Amigos y Familiares del Confinado

El pasado año no cabe duda ha sido uno muy difícil para la población penal de nuestro país y , como Portavoz del Comité de Amigos y Familiares del Confinado , hemos observado el deterioro de los servicios a la población penal ante los grandes y graves estragos causados por la pandemia del COVID-19.

El año 2021 se inició con una nueva administración, con el nombramiento de la Sra. Ana Bonilla como la Secretaria del Departamento de Correccion y Rehabilitación. Esta tomo la dirección de esa agencia en una situación sumamente difícil , con una baja presupuestaria, pérdida de personal, los efectos adversos causados por los sismos en las instituciones de la zona sur , y el ataque del COVID-19.


Es un hecho que la población penal de Puerto Rico ha seguido disminuyendo y de más de 12,000 confinados que habían hace cuatro años , ahora asciende a unos 7,150 lo que ha causado el cierre de ocho instituciones penales.

Muchos pensarían que ante esta gran disminución de confinados los servicios de rehabilitación han mejorado , pero ha sido todo lo contrario, se ha dado un grave deterioro.

Así, debido a las medidas tomadas para evitar que la pandemia se extendiera a todas las instituciones se dio el cierre total de estas por largos e intermitentes periodos, lo que ha causado un disloque de los servicios.

Así, se han afectado los programas de rehabilitación, las salidas de los confinados a trabajar fuera de las instituciones, los planes de estudios, la atención médica , las vistas de los casos judiciales pendientes , la revisión de los casos que cualifiquen para libertad bajo palabra y hasta las visitas familiares que han sido canceladas por largos periodos de tiempo.

Los servicios son tan pobres que , por dar solo un ejemplo , la administración cuenta con solo tres psiquiatras, cuando el 65% de su población llegó a la institución con un problema de uso de sustancias controladas . A esto se une que la entrada de drogas a las instituciones penales sigue siendo un grave problema.


La nueva administradora conoce el sistema porque al llegar a ocupar el puesto llevaba poco más de 25 años prestando servicios en la agencia , pero no cabe duda que ha tomado las riendas de una organización en gran deterioro y con problemas internos que, unidos a la pandemia , no han permitido evaluar la situación y planificar los cambios necesarios para reformar el sistema . No cabe duda que esta se encuentra relativamente sola, ya que tampoco se ha actuado desde el ejecutivo y la legislatura para hacer los cambios necesarios que permitan diseñar e implantar una reforma penal.

Todo se ha quedado en promesas de plataformas de los partidos políticos , pero no se han convertido en acción.

Ante este panorama , y lo poco que sabemos de lo que está aconteciendo dentro de las instituciones penales debido a la pandemia, podemos decir que solamente conocemos lo informado por la administración acerca de lo que está sucediendo y la información que ofrecen los familiares de los confinados .

Así, la administradora, que en todo momento ha indicado que desea mantener la transparencia informando lo acontecido, ha manifestado las acciones tomadas para evitar que la pandemia se convierta en un mal mayor . En estos momentos podemos dar fe de que en este aspecto se ha sido diligente al vacunar casi el total de la población penal , sus empleados y suplidores . Todos sabemos que han surgido brotes principalmente en Ponce y Guayama , con un poco más de 650 confinados positivos , pero los mismos han sido controlados con la ayuda del Departamento de Salud. Se ha informado recientemente que unos 110 guardias penales han dado positivos al Ómicron , los cuales han sido separados de servicio y cumplen cuarentena. Es importante contrarrestar esta tendencia y evitar que los confinados se contagien.

Hasta ahora las muertes han sido pocas, menos de 10 entre confinados y empleados . Tenemos que reconocer que la diligencia de la administradora ante la pandemia ha sido la adecuada. Eso no quiere decir que bajemos la guardia ya que sabemos el alto contagio del Ómicron.


Hacemos un llamado a la administradora a seguir realizando los esfuerzos que sean necesarios para evitar se propague el Ómicron, fortaleciendo todas las medidas de higiene ,como lo son el lavado de manos, uso de higienizadores por parte del personal y toda persona que tenga contacto con la población penal , distanciamiento, y uso de mascarillas en forma correcta. Los protocolos existen, lo qué hay que hacer es seguir cumpliéndolos a cabalidad.


Debemos insistir que mientras lo anterior se hace hay que evaluar cómo se están prestando los servicios de rehabilitación proveyendo un balance entre la necesidad de estos y la protección de la salud de los confinados. Esto es necesario y no cabe duda que es completamente improrrogable.


En el pasado mes de diciembre recibimos información de que el Hogar Intermedio de Mujeres ubicado en San Juan sería cerrado porque tiene solo 8 participantes y estas serian reubicados en la cárcel de mujeres en Bayamón. Nos comunicamos con la administradora solicitando nos ratificara esta información y conocer cuáles son los servicios que se le seguirán brindando a esta población para que se pueda cumplir con el plan de rehabilitación de cada confinada y está nos contestó que “esos eran los planes , que serían efectivos el 31 de diciembre y que se seguirían dando todos los servicios en las nuevas facilidades “.

Nos preocupa esta situación porque la cárcel de mujeres no es el lugar más idóneo para seguir prestando estos servicios. Es conocido que estas mujeres están en custodia mínima, no usan uniformes de confinadas, preparan sus comidas y viven como si estuviesen en un hogar con sus hijos como parte del proceso de rehabilitación. No se les llama confinadas si no participantes, salen a trabajar y hasta hacen compra .

Cuestionamos si esas actividades las podrán hacer en la cárcel de mujeres , que es un lugar cerrado y con un ambiente restrictivo. Esa misma inquietud ha manifestado la Pastoral Penitenciaria de la iglesia católica que se ha opuesto al cambio . Desconocemos el status del asunto en estos momentos , por lo que hacemos un llamado a la administradora a que lo clarifique y se tomen las medidas para no afectar adversamente la rehabilitación de estas participantes.

No cabe duda que el año 2022 será uno de grandes retos para la Administración de Correccion y Rehabilitación . Esperamos seguir contando con la apertura a la comunicación que la administradora ha demostrado hasta este momento , pero necesitamos conocer cuáles son los planes y cómo se enfrentarán los problemas imperantes en cuanto a la provisión de servicios en las instituciones penales.

También necesitamos una legislatura más pro activa, ya que aunque reconocemos que algunos legisladores han presentado leyes muy importantes relacionadas no sólo con la población penal si no también con los procesos de reinserción social una vez se cumplen las condenas, falta mucho por hacer.

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