Robarse un libro de Hostos también es corrupción

Lcda. Yolanda Rodríguez Torres

Ex Jueza

Para Prensa sin censura

Son las 4 de la mañana. Hora propicia para combatir las inquietudes humanas y me dispongo a leer sobre lo que pasa en el mundo, pero principalmente, lo que pasa en mi País.

Me encuentro o me topo con la desagradable noticia (por llamarle de un modo simple) de que Alfredo Morales Nieves, un profesor universitario del Municipio de Mayagüez se le encontró causa probable por alegadamente haberse apropiado de un libro de la colección del prócer puertorriqueño, Eugenio María de Hostos.

De acuerdo a la noticia difundida el imputado devolvió el libro, del cual se apropió. Cabe señalar que el hecho de que el profesor haya devuelto el libro, no impide que se continúe con el proceso criminal en su contra, como ha ocurrido en este caso. Lo que me gustaría saber es qué materia profesa o enseña ese “ profesor”. Acaso él no sabe que el libro de Eugenio María de Hostos es patrimonio nacional. Es decir, que el libro, además de ser un bien público es patrimonio nuestro. No es de nadie.

A raíz de los recientes casos de corrupción gubernamental que nos arropan, se ha escrito y especulado de todo. Una de las razones que se ha esbozado para el origen de la corrupción pública en Puerto Rico lo es nuestra realidad colonial.

Tal parece que con el caso de este ‘profesor’, esa teoría cobra vida y de ser ciertos los hechos, no tiene claro lo que es el patrimonio nuestro. Me pregunto qué pretendía hacer el señor Morales Nieves con el libro de Hostos; ¿venderlo, quedárselo y guardarlo como amuleto?

Esto me recuerda el caso del patólogo, Tomas Harvey, quien tuvo acceso al cerebro de Albert Einstein y se lo apropió con la intención de realizar estudios al respecto. Afortunadamente este patólogo, antes de morir lo entregó a las autoridades competentes.

Acaso ¿el profesor pretendía hacer lo mismo? El hecho es igualmente reprobable y patético. Esto es un acto corrupto.

No es la primera vez que esto ocurre en nuestro País, pues recuerdo que hace algunos años, la estatuilla del Oscar obtenido por el actor puertorriqueño José Ferrer fue robada de la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Nunca fue devuelta.

Acaso, ¿nuestra situación colonial tiene el efecto nefasto que ciertas personas carezcan de una identidad nacional? Quisiera pensar que eso es falso.

En este nefasto caso hay que estar atentos a cómo las autoridades de ley y orden manejarán el mismo. Uno de los factores atribuibles a que la corrupción vayan in crescendo lo es como la policía y los jueces son poco eficientes y muchas veces responsables de los focos de corrupción.

Esto es así, en nuestra realidad colonial.

Sólo hay que recordar que recientemente en el caso del ex alcalde Héctor O’Neill, este obtuvo una sentencia muy provechosa ya que se le imputaba una violación a la Ley de Ética Gubernamental, entre otras, y la misma fue reclasificada por una violación a las disposiciones del Código Penal de Puerto Rico.

Este preacuerdo le eximió al ex alcalde de cumplir cárcel pues las violaciones a la Ley de Ética Gubernamental no cuentan con el beneficio de sentencia suspendida. Este desfase del proceso judicial como en este caso, provoca cierta impunidad de los casos de corrupción y tanto los fiscales y los jueces son responsables de que esto ocurra.

La confianza de las instituciones políticas en el control de la corrupción es vital. Sin que este precepto de ley se cumpla jamás podremos atacar los cimientos de la corrupción.

Acaso, ¿no es cuestionable en los casos de los legisladores Mariana Nogales y Albert Torres Berríos la sutileza con que la Comisión de Ética del Senado atendió las respectivas querellas en contra de éstos con meras sanciones económicas, reprimendas y con referidos al Departamento de Justicia? La primera, por haber omitido información en su estado financiero y el último por haber solicitado dinero a sus empleados para su beneficio privado.

Si este es el resultado y la prioridad que con nuestras instituciones políticas atienden asuntos tan serios como lo es la falta de ética y moral de algunos funcionarios públicos, concluyo que estamos perdiendo la batalla contra la corrupción.

Por último, las recientes querellas que presentó la Oficina de Ética Gubernamental contra la ex alcaldesa de San Juan Carmen (Yulin) Cruz , María (Mayita) Meléndez, ex alcaldesa de Ponce y contra Juan Carlos García Padilla, alcalde de Coamo, sin restarle que las querellas tienen base en ley, pareciera que esa Oficina está dando palos a ciegas.

No quisiera pensar que las querellas aludidas son una respuesta de esta Oficina para ‘lavarse la cara’ por haber estado en el limbo por los últimos pasados años. Auguro que los tres querellados darán la batalla y serán los tribunales quienes tendrán la decisión final.

Es decir, que de tanto que se ha escrito, especulado y analizado sobre la corrupción en Puerto Rico recientemente, pareciera que los que están obligados a combatirla son “gatopardistas” que significa que ellos o ellas hacen de todo para que nadie sea procesado: cambiemos para que nada cambie.

Piénselo.