Clamor de una paciente de salud mental en medio de la pandemia

Rhina Jiménez

Para Prensa sin censura-Opinión

Por causa de la pandemia, al inicio de la emergencia el Departamento de Salud de Puerto Rico aprobó una orden administrativa para que los médicos y otros profesionales de la salud continuaran servicios virtuales por causa del lockdown o cierre decretado por la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced.

No obstante, en diciembre de 2020 hicieron la OA470 del DS que da permiso a los proveedores de salud a ofrecer telemedicina (si son MD) o telesalud (si son otros profesionales, como los psicólogos), sin necesidad de estar certificados o regulados para ejercer la modalidad virtual. Dicha orden administrativa vence en diciembre de 2021.

También el gobierno aprobó la ley 68 del 16 de julio 2020, la cual es una enmienda a la Ley de telemedicina de PR. La enmienda incluye y define lo que es telesalud y a qué profesionales de la salud incluye. Se explica que es por respuesta al COVID. Se establece que las Juntas reglamentadoras tienen que enmendar sus reglamentos para incluir una sección que especifique los requisitos a cumplir para certificar a un profesional de la salud para ejercer virtual.

En el mes de octubre se hicieron vistas públicas para enmendar el reglamento de la Junta Examinadora de Psicólogos. Al día de hoy, no se ha enmendado el reglamento, ni se han escrito las recomendaciones de la sección que estaría regulando las certificaciones de telesalud.

Debido a esta situación, los psiquiatras y psicólogos se han mantenido en su mayoría atendiendo a los pacientes de forma virtual. Los pacientes estamos cansados de esa modalidad porque a estas alturas, con el mínimo de riesgo y los proveedores siendo los primeros en vacunarse, no se justifica.

Los pocos proveedores de salud mental que están presenciales no aceptan pacientes nuevos porque están llenos. Los hospitales parciales han sido nuestra forma de tener acceso rápido y presencial a un psiquiatra, pero, por lo mismo, están llenos.

A los hospitales se les hace casi imposible conseguir psiquiatras para que continúen el servicio luego de dar de alta. Igual pasa con los psicólogos. Para colmo los planes médicos les pagan las mismas tarifas que una consulta presencial.

El propósito de la OA470 era dar continuidad de servicio por el lockdown. Pero al renovarla en diciembre de 2020 (pre-vacunación) y ponerle una fecha de vencimiento de 1 año (diciembre de 2021), nos ha afectado a los pacientes que requerimos de nuestras terapias presenciales y citas frecuentes.

Si se suspende la OA470, habría espacio en los hospitales para verdaderas emergencias. Tienen que suspender esa OA470 para que los que no estén certificados en proveer el servicio virtual vuelvan a sus oficinas.

La telemedicina y la teleconsulta desregulada y sin estar debidamente adiestrados y certificados ha contribuido al deterioro de los servicios de salud mental.

Esta situación va en contra de nuestros derechos de autonomía (de escoger el proveedor) y de justicia del paciente (no recibimos trato igual) de parte de los proveedores de salud mental. Sin mencionar lo anti ético que es haber sido los primeros en recibir la vacuna contra el COVID para quedarse trabajando desde sus casas.

La verdadera emergencia de salud en PR ahora no es el COVID. Es el deterioro de la salud mental y lo difícil de lograr conseguir un proveedor presencial.

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