El Departamento de la Familia sigue dando palos a ciegas

Dra. Milagros S. Rivera Watterson
Ex presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social

El asesinato del niño Jeiden Elier Santiago y la radicación de cargos crimínales contra su padre ha sido una situación que ha conmovido a todo el país, debido a la crueldad con que se perpetraron los hechos. El maltrato a menores en Puerto Rico, del cual este caso puede decirse es el evento más cruento y horrible, es un delito que muchas veces pasa hasta desapercibido.

Esto es así debido a que hay diferentes manifestaciones o tipos de maltrato y algunos, como lo son el maltrato emocional y la negligencia, muchas personas no lo notan. El maltrato físico, por el contrario, al ser visible a menudo es denunciado por otras personas y por lo tanto puede intervenirse antes de que cause daños mayores.


El caso de Jeiden ha traído a la discusión pública el alto deterioro del Departamento de la Familia, y ha puesto en evidencia instrumentalidades, como el Departamento de Justicia, la Policía, y el Departamento de Educación, que también le fallan a nuestros menores.


El maltrato a menores es prevenible y tratable, pero si no asumimos actitudes proactivas ni enfocamos la prevención, y tampoco reconocemos que el Departamento de la Familia necesita personal, no vamos a sacar los pies del plato, y más menores serán asesinados.

Aunque no tengamos estadísticas confiables acerca del maltrato a menores hay que reconocer que la situación actual del país, especialmente el aislamiento causado por la pandemia ha exacerbado los casos de maltrato. Esto ha sido así, porque los menores en su mayoría han permanecido en sus hogares, y al no estar asistiendo a las escuelas en forma presencial, se ha perdido una de las formas de identificar casos de maltrato, y por lo tanto actuar para prevenir.

La discusión pública se ha enfocado en estos días en que el Departamento de la Familia, luego de evaluar la situación ha suspendido de su empleo, pero con paga, a cuatro empleados de esa agencia que atendieron el caso de Jeiden y lo refirieron al Departamento de Justicia. Este hecho ha traído a la palestra pública la situación de cientos de trabajadores y trabajadoras sociales de esa agencia que laboran en oficinas deterioradas e inadecuadas, sin la debida privacidad, sin recursos para atender las situaciones, con volúmenes de casos que superan los 35 mensuales, poca supervisión y sueldos miserables.

Todo esto ha sido denunciado no solo por el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, que tiene el deber ministerial de señalarlo y combatirlo, sino también por otros sectores profesionales, los medios informativos y noticiosos del país.

Esta precariedad en las situaciones de trabajo de estos profesionales no es la primera vez que se denuncia. Administración tras administración nos tropezamos con la misma piedra, aunque de vez en cuando se han hecho nombramientos tratando de paliar el problema, pero siempre volvemos a lo mismo: escasez de personal, malas condiciones de empleo y bajos salarios. Ahora la excusa para no hacer nada es la quiebra del país, pero la realidad es que siempre se encuentra a algo o alguien a quien echarle la culpa.

Consideramos que lo que falta aquí es voluntad de resolver, y que, a ese Departamento, el cual ha admitido que tiene más de 8,000 casos de maltrato sin atender y solo cuenta con 1,300 trabajadores sociales, la situación se le ha salido de las manos. Cabe preguntarnos si ante esta realidad, el levantar cargos contra cuatro (4) trabajadores sociales por alegada negligencia resuelve el problema de la deficiencia gubernamental.

Quizás sirva para lavarle la cara, para darle la sensación al pueblo de que se está haciendo algo, para consolar un poco a la familia del niño asesinado que pide justicia, pero a la larga no es más que otro paliativo.

Hay que trabajar con la raíz del problema, y esto sólo puede hacerse nombrando los trabajadores sociales que hagan falta. También urge revisar las escalas salariales y aumentar los sueldos mediante la revisión de las escalas salariales, proveerles los recursos necesarios para desempeñar sus funciones a cabalidad, entre otras acciones. Hay que buscar el dinero necesario para poder nombrar ese personal y los recursos necesarios. Si aparece dinero para otros asuntos menos importantes tiene que asignarse para nuestros menores.

Mientras lo anterior acontece tenemos que preguntarnos qué va a pasar con esos trabajadores sociales que el Departamento de la Familia ha referido al Departamento de Justicia. Consideramos que el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, el cual ha estado denunciando que con este referido el Departamento está criminalizando la profesión, debe ofrecerles a estos colegas ayuda emocional y asesoramiento legal.

Le hago un llamado para que lo hagan.
Mientras todo esto acontece hay que seguir denunciando la situación, requerir acción para que se nombre el personal y los recursos necesarios. Si no lo hacemos, estaremos dando palos a ciegas y seguiremos viendo y sufriendo situaciones como las de Jeiden, el cual no tuvo la culpa de que el sistema no funcione. Hay que actuar ahora, el Departamento de la Familia no puede seguir dando palos a ciegas.

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