Demandan al Gobernador y al Secretario de Salud por insistencia en la vacunación compulsoria

Jaime Torres Torres

Prensa sin censura-Noticias

Centenares de ciudadanos radicaron una demanda de clase en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan reclamando violaciones a sus derechos civiles en la reciente orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi en que promueve la vacunación compulsoria como paliativo de la pandemia del Covid-19 y la variante Delta.

La demanda millonaria, de 62 páginas, fue radicada el pasado miércoles 28 de julio por los abogados Adrián Díaz Díaz, Cynthia Torres Torres y Atabey Lamela-Gandía, de la Coalición Pro Consentimiento Informado y Salud (CPCIS).

“El sufrimiento y angustia que se ha provocado en los demandantes, quienes se enfrentan a la pérdida de sus empleos, sus ingresos, el sustento de su hogar, su calidad de vida y ponen en juego la salud de su núcleo familiar, son un daño irreparable”, versa la demanda.

“De igual forma las pruebas que se usan, operan bajo autorizaciones de emergencias (EUA) expedidas por la FDA, las cuales, de igual forma son voluntarias, y están expuestas a ser retiradas, tal y como informó la FDA que estaba retirando la prueba molecular de RT- PCR, por la cual, el Departamento de Salud ha justificado la cantidad de contagios, aun cundo la gran mayoría de estos no fueron diagnosticados por médicos”, añade.

Las partes demandadas son PEDRO PIERLUISI URRUTIA, en su capacidad como Gobernador, del GOBIERNO DE PUERTO RICO y el DEPARTAMENTO DE SALUD, por conducto de su Secretario, DR. CARLOS MELLADO LÓPEZ.

“Dichos funcionarios actuando so color de Ley han tomado acciones so color de Ley que han privado o creado una amenaza inminente al privar a los demandantes de sus derechos, privilegios e inmunidades Bajo la Constitución de Puerto Rico y de los Estados Unidos”, establece la demanda.

Los demandantes, más de 200 personas, “recurren en auxilio a este Honorable Tribunal para revindicar sus derechos humanos, civiles y constitucionales, al ser objetos de discrimen, marginación y persecución por el Gobierno de Puerto Rico, por haber decidido no participar del experimento en curso que llevan las farmacéuticas con su asistencia, control y distribución, en contra versión a lo claramente establecido por la Ley Federal FD&CA 21 U.S.C. §360bbb-3(e)(1)(a)(ii)(I-III) que ocupa el campo, y que únicamente hizo disponible los productos a la población, bajo una restrictiva Autorización de Uso de Emergencia”, versa parte del texto al subrayar que “la evaluación en curso de estos productos es exclusiva del Food and Drugs Administration” (F.D.A. por sus siglas en inglés), que aún no ha otorgado una aprobación y licencia de mercado, distribución y sello “F.D.A Approved”.

“La Fase 3 del estudio actual en la población está proyectado a terminar a finales del año 2023, momento en el cual, el pleno del panel F.D.A. estará en condiciones para dirimir si aprobarlas oficialmente o retirarlas. Al forzar a adelantar este paso en violación de la misma ley federal, el Estado está violando el consentimiento necesario, y la sección de la ley que le otorga al individuo la opción de aceptar o rechazar el producto”.

A través de los abogados de la Coalición Pro Consentimiento Informado y Salud, los demandantes exigen que “a base de la Cláusula de Supremacía se derogue la Órden Ejecutiva que delegó exceso de poderes al Departamento de Salud, cuyo Secretario, so color de autoridad, emitió Órdenes Administrativas, que además de sufrir de vicios de legalidad sustantivo y procesal, violan derechos constitucionales y están en conflicto con la ley federal FD&CA, ley suprema de la Nación en cuanto a los productos, y por tanto deben declararse las Órdenes como inconstitucionales y como remedio restaurar los derechos perdidos de los aquí demandantes”.

Reiteran que “las decisiones tomadas por el Secretario de Salud afectan directamente derechos constitucionales que protegen la dignidad, integridad corporal, auto-determinación, derecho a formular decisiones informadas para dar o no consentimiento, al disfrute de su vida en sociedad, sin sujeción a coacciones que afectan la vida pacífica”.

Reclamaciones al Tribunal

• Una compensación por una cantidad no menor de $50,000.00 por reclamante, por concepto de la violación de derechos civiles bajo la § 1983.

• Una compensación en daños por la cantidad de $20,000.00 por reclamante en concepto de daños morales y angustias mentales sufridas por los demandantes como consecuencia de la violación de sus derechos.

• Una cantidad no menor de $75,000.00 por concepto de honorarios de abogado, conforme a la sec. 1988 del 42 USC, conocida como “Civil Rigts Attorney’s Fees Award Act of 1976”.

• Las partes se reservan el derecho de impugnar la validez de toda Orden posterior del Gobernador, o que entre en vigor, incluyendo pero sin limitarse a la Orden OE-2021-058.

• Se solicita ante este Honorable Tribunal que: (a) deje sin efecto los poderes otorgados al Secretario de Salud mediante la OE 2021-054 y se le ordene al Secretario de Salud cesar y desistir de continuar con la implementación de la vacunación compulsoria enmarcada en sus Órdenes Administrativas O.A. 2021-508 y 2021

• (b) se emita Sentencia Declaratoria para reinstalar y reincorporar los derechos constitucionales fundamentales de los cuales se está despojando a los demandantes

• (c) se conceda una compensación por una cantidad no menor de $50,000.00 por reclamante, por concepto de la violación de derechos civiles bajo la § 1983

• (d) se conceda una compensación en daños por una cantidad no menor de $20,000.00 por reclamante, por concepto de daños morales y angustias mentales sufridas por los demandantes

• (e) se conceda la la cantidad no menor de $75,000.00 por concepto de honorarios de abogado, conforme a la sec. 1988 del 42 USC

• (f) se deroguen dichas Órdenes Administrativas por ser inconstitucionales

• (g) se ordene atender los asuntos relacionados al COVID-19 que puedan tener efectos sobre derechos ciudadanos a la Asamblea Legislativa.

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