Camioneros, grueros y transportistas decretan estado de emergencia

Para Prensa sin censura-Noticias

El liderato de la transportación pública del país decretó hoy un estado de emergencia ante la provocación, amenazas e intenciones de la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko de eliminar las tarifas legales para beneficiar aquellos individuos y organizaciones que han violado la ley constantemente.

“Aquí la junta quiere legalizar la ilegalidad. Desde el 2005 no se revisaron las tarifas de todos los sectores de la transportación, a pesar de que la reglamentación y acuerdos estipulaban que cada cinco años la Comisión de Servicios Públicos (ahora Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos) estaba obligada a revisar las tarifas por reglamento. El pasado 22 de diciembre de 2020, luego de 15 años y por solicitud de las organizaciones de transportistas, especialmente el Frente Amplio de Camioneros, se autorizó un reajuste de 36% tomando en consideración todos los factores económicos y de interés social requeridos por la ley, donde se invitó a la Junta de Control Fiscal a participar y no lo hizo”, explicó Víctor Rodríguez, coordinador general del Frente Amplio de Camioneros.

Rodríguez detalló que la posición de la presidenta de la Junta pone en entredicho y aprietos al Gobierno compartido.

Puntualizó además que es “es vergonzoso que encima de la voluntad del pueblo puertorriqueño y sus instituciones gubernamentales, una persona que es una extraña y que cobra un lucrativo salario del bolsillo de los contribuyentes, dentro de los cuales están los camioneros, grueros y demás transportistas, pretenda crear desasosiego en la familia puertorriqueña.”

Por su parte Edwin Marrero, Coordinador de Relaciones Públicas del Frente, hizo un llamado al Gobernador Pedro Pierluisi y a los cuerpos legislativos exhortándolos a no permitir las acciones de la Junta de Control Fiscal.

“El gobernador y los legisladores deben detener este atropello sin precedentes en la historia de Puerto Rico que pretende hacer la Junta. También será deber de los cuerpos legislativos defender los derechos adquiridos legalmente por 40 mil concesionarios del Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (NTSP) que son los que mueven la economía del país”, puntualizó.

Del mismo modo, Carlos Rodríguez, coordinador de organización del Frente señaló que “es bueno que sepan los miembros de la Junta que la comparación entre el sistema de transportación publica mediante paga de Puerto Rico y casi la totalidad de los estados, no es comparable por razones económicas, sociales y culturales. La legislación federal mediante la ley de cabotaje afecta a cada puertorriqueño en un 25% o más que a los ciudadanos de la metrópolis. Los costos operacionales por ser Puerto Rico un archipiélago, son mayores para los transportistas públicos. La eliminación de las tarifas establecería un caos en los servicios a prestarse y por último se eliminaría el justo balance para proteger al consumidor y hacerles justicia a los transportistas”.

“A nombre del liderato del F.A.C. damos por comenzado el estado de emergencia y preparación para evitar que le quiten los derechos legalmente obtenidos a los camioneros, grueros, taxistas, servicio de ambulancia y demás sectores del transporte. Ustedes son el corazón de la Patria-Pueblo. Todo lo que se mueve es por ruedas, hoy más que nunca, solidaridad, unidad y lucha, que la victoria será nuestra como en 1972,1974,1978 y 2005. Que así nos ayude Dios”, concluyó.

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