Comunidad
Mientras el presidente legislativo municipal defiende las actuaciones de la administración de Karilyn Bonilla frente al polémico campo de tiro de CODEPOLA, documentos oficiales, acontecimientos y denuncias comunitarias revelan una historia mucho más compleja. Entre las interrogantes pendientes figura una particularmente delicada: ¿se utilizaron empleados, vehículos y maquinaria del Municipio de Salinas en la construcción ilegal del proyecto?
Por Víctor Alvarado Guzmán
Asesor Ambiental, PIP
Cinco años de denuncias, protestas, gestiones administrativas y una persistente lucha comunitaria fueron necesarios para que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) impusiera, a mediados de septiembre de 2026, más de $61,000 en multas, medidas de mitigación ambiental y otros costos relacionados con la construcción de un campo de tiro y el aprovechamiento de un pozo de agua sin los permisos correspondientes en Ranchos Guayama, Salinas.
La determinación contempla una multa administrativa de $25,000, una obligación de $29,000 para un Plan de Mitigación Ambiental y otros $7,000 relacionados con costos técnicos y periciales para la regularización del pozo. Entre las medidas de mitigación figura, además, la siembra de 112 árboles nativos.
La acción administrativa contra Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), y Roberto Ramos Colón, representó una importante victoria para los residentes de esta comunidad, quienes durante años denunciaron las intervenciones realizadas en los terrenos donde se pretendía desarrollar el polémico proyecto.
Sin embargo, apenas unos días después de conocerse la determinación del DRNA, surgió un nuevo capítulo de esta controversia.
El 23 de septiembre de 2026, durante una sesión ordinaria de la Legislatura Municipal de Salinas, su presidente, Edgar González Moreno, utilizó un turno final para defender las actuaciones que tanto él como la alcaldesa Karilyn Bonilla Colón habían realizado en torno al campo de tiro de CODEPOLA.
Su intención, según expresó, era dejar “el récord claro”.
“Desde el comienzo de esta situación hemos actuado con rectitud, responsabilidad y determinación, exigiendo que se actúe de acuerdo a la ley, dejando a un lado el sensacionalismo y la desinformación, permitiendo que se haga justicia para todos”, sostuvo González Moreno.
Pero ¿cuán claro puede estar el récord cuando se omiten acontecimientos esenciales para comprender lo sucedido?
Una reconstrucción cronológica de la controversia revela episodios que no figuraron en la intervención del presidente legislativo: una propuesta de investigación municipal que no prosperó, las posiciones iniciales de la alcaldesa, las manifestaciones que antecedieron su oposición al proyecto y, particularmente, una denuncia sobre la presunta utilización de recursos municipales en los trabajos de construcción del campo de tiro.
Una investigación que nunca se realizó
En su intervención, González Moreno comenzó su recuento recordando que el 7 de octubre de 2021 la Legislatura Municipal aprobó la Resolución Núm. 15, Serie 2021-2022, mediante la cual expresó su solidaridad con la comunidad de Ranchos Guayama y manifestó formalmente su oposición a cualquier proyecto desarrollado en contravención de las leyes y reglamentos aplicables.
Existe, además, en la página electrónica de la Legislatura Municipal salinense la Resolución Interna Núm. 18, Serie 2021-2022, aprobada el 14 de octubre de ese año, con un propósito similar. Esta última fue citada de igual forma por el propio González Moreno en una comunicación enviada el 28 de febrero de 2022 al entonces secretario del DRNA, Rafael A. Machargo Maldonado.
No obstante, hay un acontecimiento anterior que el presidente legislativo omitió en su exposición.
En septiembre de 2021, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) había presentado una resolución para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales, Reciclaje y Ornato de la Legislatura Municipal realizar una investigación sobre la pretensión de CODEPOLA de construir un campo de tiro en Ranchos Guayama.
La iniciativa buscaba activar la facultad fiscalizadora de la Legislatura Municipal, que le confiere el inciso (p) del Artículo 1.039 del “Código Municipal de Puerto Rico”, ante una controversia que ya había provocado denuncias comunitarias y señalamientos sobre posibles violaciones ambientales.
Pero González Moreno no dio paso a aquella investigación.
En su lugar, se aprobó una expresión institucional de solidaridad con la comunidad y de oposición a los proyectos que incumplieran las leyes y reglamentos.
La diferencia no es menor.
Una resolución de solidaridad expresa una posición política. Una resolución investigativa permite examinar documentos, requerir información, convocar funcionarios y establecer responsabilidades.
¿Por qué se optó por una declaración de apoyo en lugar de investigar lo que estaba ocurriendo en Ranchos Guayama? ¿Qué información pudo haberse obtenido mediante una investigación legislativa municipal iniciada cinco años atrás?
Son preguntas que cobran particular importancia a la luz de las determinaciones que posteriormente realizó el DRNA.
La posición de la alcaldesa
Otro elemento ausente en el relato de González Moreno es la evolución de la postura de la alcaldesa Karilyn Bonilla Colón.
Durante las primeras etapas del proyecto, Ariel Torres Meléndez afirmaba públicamente que contaba con el respaldo de los alcaldes de Salinas y Guayama, Karilyn Bonilla Colón y Eduardo Cintrón Suárez, respectivamente.
En abril de 2021, durante la inauguración de las oficinas de CODEPOLA en Guayama, Torres aseguró que los policías municipales de ambos municipios podrían utilizar gratuitamente las instalaciones del polígono que pretendía construir.
Meses después, en un artículo publicado el 15 de septiembre de 2021 por un periódico regional, Bonilla Colón insistía en que correspondía al DRNA expresarse sobre los permisos y la viabilidad del campo de tiro.
En aquel momento, la alcaldesa no asumió una oposición categórica al proyecto. Su postura estaba condicionada a lo que decidiera “la mayoría de la comunidad” mediante unas vistas públicas.
Aquellas vistas públicas nunca se celebraron.
Entonces, ¿qué ocurrió entre esa posición inicial y la oposición formal que la alcaldesa expresó apenas una semana después?
Para comprender ese cambio es necesario regresar a los acontecimientos que protagonizaron los propios residentes de Ranchos Guayama.
La presión comunitaria que cambió el curso de la controversia
El 6 de junio de 2021, residentes de Ranchos Guayama presentaron una querella en el DRNA contra la construcción del campo de tiro.
Aunque inicialmente sus reclamos no recibieron la atención esperada, la comunidad mantuvo sus denuncias y continuó documentando las intervenciones realizadas en los terrenos.
El 24 de agosto de ese mismo año, vecinos de Ranchos Guayama protestaron frente a la Casa Alcaldía de Salinas para exigir atención urgente a diversos problemas comunitarios y ambientales que arrastraban desde hacía años.
Entre sus reclamos figuraba la construcción del campo de tiro sin los permisos requeridos.
Ese mismo día, personal del Cuerpo de Vigilantes de la Región de Guayama intervino con Ariel Torres Meléndez y Roberto Ramos Colón por las actividades realizadas en los terrenos, y se les entregó un cese y desista ante la falta de permisos.
Según estableció posteriormente el DRNA en un documento relacionado con la Querella 22-195-B, presentado el 25 de agosto de 2022, ambos realizaron trabajos de:
«Extracción, excavación, remoción, relleno y depósito de material de corteza terrestre en cercanía de la Sub-Cuenca Hidrográfica del Río Nigua, en el Acuífero del Sur; corte y tala de árboles, hábitat de especies de fauna y vida acuática, hincado de pozo y aprovechamiento de agua».
Todo ello, según la agencia, sin contar con los permisos correspondientes del DRNA y otros organismos públicos competentes.
La controversia continuó escalando.
El 31 de agosto de 2021, residentes de Ranchos Guayama y la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Negrón, denunciaron el depósito de grandes cantidades de neumáticos por parte de la Guardia Nacional de Puerto Rico en los terrenos donde CODEPOLA pretendía establecer su campo de tiro.
Al día siguiente, los neumáticos fueron retirados debido a que no se contaba con los permisos requeridos.
La comunidad tampoco abandonó su reclamo ante el gobierno municipal.
El 21 de septiembre de 2021, integrantes de Acción Social y Protección Ambiental (ASPA), organización compuesta por residentes de Ranchos Guayama, se manifestaron durante la sesión ordinaria de la Legislatura Municipal para exigir una posición clara contra el proyecto.
La respuesta llegó al día siguiente.
El 22 de septiembre, la alcaldesa Karilyn Bonilla Colón remitió una carta a Roberto Ramos, propietario de los terrenos donde se proponía construir el campo de tiro, comunicándole su determinación de “no endosar ninguna construcción o proyecto que envuelva un campo de tiro en el sector”.
La secuencia cronológica es reveladora.
Primero, la alcaldesa condicionó su posición a unas vistas públicas que nunca se realizaron. Luego, tras las protestas comunitarias, las intervenciones del DRNA y las denuncias sobre los neumáticos, anunció formalmente su oposición.
El cambio de postura ocurrió después de meses de presión ciudadana, no antes.
Por eso resulta incompleto reconstruir la historia de Ranchos Guayama exclusivamente a partir de las comunicaciones y resoluciones de la administración municipal, sin reconocer el papel determinante de quienes impulsaron las denuncias desde la comunidad.
La maquinaria municipal: una pregunta que sigue sin respuesta
Sin embargo, existe otro episodio de esta controversia que reviste particular importancia y que tampoco fue abordado por el presidente de la legislatura municipal durante su intervención del 23 de septiembre.
Se trata de la presunta utilización de vehículos, maquinaria pesada, recursos y empleados del Municipio de Salinas en los trabajos realizados ilegalmente en el terreno del campo de tiro.
El 24 de junio de 2021, residentes de Ranchos Guayama documentaron la presencia de una guagua negra, identificada con la tablilla MU17800 y rotulada con el logotipo del Municipio de Salinas y la inscripción «Uso Oficial», en los terrenos donde se desarrollaba el proyecto de CODEPOLA.
Según el relato de los vecinos, una persona descendió del vehículo y procedió a operar una excavadora, presuntamente también perteneciente al municipio, que movilizaba grandes cantidades de terreno en el área donde se construyeron las canchas de tiro.
Para aquella fecha, CODEPOLA sólo contaba con un Permiso Simple para Extracción de Materiales de la Corteza Terrestre (2021-382049-PCT-006351), expedido por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).
Sin embargo, dicho permiso establecía una profundidad máxima de extracción de 0.10 metros, equivalente a aproximadamente cuatro (4) pulgadas, para realizar trabajos de limpieza de la capa vegetal.
Los trabajos documentados por los vecinos, excedía considerablemente ese límite, con excavaciones de varios pies de profundidad.
Posteriormente, el DRNA determinó que en el lugar se habían realizado trabajos de extracción, excavación, remoción, relleno y depósito de materiales de la corteza terrestre sin las autorizaciones correspondientes.
La presencia documentada de un vehículo oficial municipal, junto con las denuncias sobre la excavadora, plantea preguntas que ameritan una investigación.
¿Era propiedad del Municipio de Salinas la excavadora utilizada en los trabajos ilegales? ¿La persona que la operaba era empleado municipal? ¿Existió alguna orden de trabajo, autorización administrativa, acuerdo o contrato para prestar servicios en esos terrenos privados?
De confirmarse la utilización de recursos públicos, también sería necesario determinar quién autorizó su movilización, cuál fue el propósito de los trabajos, cómo se sufragaron los costos operacionales y si existió alguna compensación al municipio.
Precisamente para examinar asuntos de esta naturaleza resultaba pertinente una investigación legislativa municipal como la propuesta en septiembre de 2021, la cual fue descartada por el presidente de la Legislatura Municipal.
Cinco años después, esa investigación continúa siendo necesaria.
El récord todavía no está claro
La historia del campo de tiro de Ranchos Guayama no comenzó con una resolución municipal ni terminó con una intervención del presidente de la Legislatura Municipal.
Comenzó con vecinos que observaron movimientos de terreno, documentaron irregularidades, presentaron querellas, denunciaron públicamente lo que ocurría y persistieron aun cuando sus reclamos no recibían respuestas oportunas, y eran atacados verbal y legalmente por Ariel Torres.
Fueron esos residentes quienes mantuvieron viva la controversia durante cinco años, hasta conseguir que el DRNA impusiera sanciones y medidas correctivas contra los responsables del proyecto.
La determinación de la agencia constituye un paso importante hacia la justicia ambiental. Pero todavía queda una parte de la historia por esclarecer.
Porque el récord no se aclara seleccionando únicamente los acontecimientos que favorecen una versión institucional. Se aclara examinando todos los hechos, incluso aquellos que pueden resultar incómodos para quienes ejercen el poder.
Y si algo ha demostrado esta controversia es que la justicia ambiental alcanzada en Ranchos Guayama no fue una concesión de la administración municipal.
Fue una conquista de una comunidad que se negó a guardar silencio.
