Comunidad
Para Prensa Sin Censura
El Comité Despertar Cidreño advirtió que la falta de implementación de los permisos federales de escorrentía municipal (MS4) es un factor alarmante y poco discutido de la crisis del agua en Puerto Rico.
En agosto, más de 500,000 personas en siete municipios quedaron bajo racionamiento por el bajo nivel de Carraízo, un embalse que, según la AAA, había perdido el 53.7 % de su capacidad por sedimentación.
Los 88 permisos MS4 del país siguen bajo un permiso federal vencido desde 2021 y extendido administrativamente; el nuevo permiso propuesto en 2022 permanece en borrador. En 2022, la EPA completó solo 2 de las 16 inspecciones MS4 que se había comprometido a realizar. Las inspecciones de 2024 en Cidra, Peñuelas y Cabo Rojo documentaron un patrón común: programas débiles o inexistentes para controlar la erosión en las obras.
“Prevenir cuesta menos que dragar”, señaló el portavoz del Comité, Eliezer Colón Rivera. El dragado de Carraízo costó $106.9 millones y recuperó unos dos millones de metros cúbicos, a un costo de cerca de $53 por metro cúbico, y ya se proyecta otra fase por $86.7 millones.
Según la EPA, una obra sin controles produce de 1,000 a 2.000 veces más sedimento que un bosque.
Cidra es un ejemplo. En 2018, el Municipio certificó ante la EPA que aplicaría la Ordenanza Núm. 10 para controlar la erosión; la ordenanza prohíbe obras a menos de 5 metros de una quebrada o 10 de un río sin autorización del DRNA. Pero la EPA encontró en 2024 que Cidra no tenía un programa de control de la erosión ni había presentado informes anuales desde 2019.
En septiembre, en la PR-782 del barrio Ceiba, quedaron desnudos ambos taludes de un cauce que drena hacia el Lago La Plata, en trabajos que el alcalde dijo realizar con fondos municipales.
El 5 de octubre, el Comité radicó una querella ante la EPA por posibles violaciones de la ordenanza y del permiso PRR040020.
El pasado 10 de octubre el ingeniero agrónomo Rudy Santos de Cidra hace una videodenuncia de la violación rampante de toda la reglamentación ambiental.
El Comité exige que la EPA publique cuántos municipios ha inspeccionado y finalice el nuevo permiso; que el DRNA informe cuántos Planes CES inspecciona en las cuencas de los embalses; y que los municipios publiquen sus programas e informes
