Administración Pública
Jonathan Morales Adorno reclama revisar las diferencias en las tarifas y determinar si los fondos asignados cubren el costo real de los servicios de cuido y advierte que esa disparidad podría poner en riesgo la estabilidad de las instituciones y la calidad de los servicios
(San Juan, Puerto Rico, 12 de octubre de 2026) – La Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO) denunció las enormes diferencias en las tarifas que pagan distintas agencias gubernamentales por servicios de cuidado a personas con discapacidad intelectual y exigió al Gobierno explicar qué servicios cubre cada tarifa y si los recursos asignados corresponden al costo real de ofrecer atención continua y de calidad.
Durante una vista pública celebrada por la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, trascendieron cifras que evidencian una marcada disparidad: el Departamento de Salud paga un promedio de $6,413 mensuales por participante, mientras el Departamento de la Familia paga entre $1,900 y $2,350, y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) paga unos $900 mensuales.
Para el presidente de FICPRO, Jonathan Morales Adorno, estas cifras requieren una explicación y un análisis que vaya más allá de comparar partidas presupuestarias.
“Aquí hay una pregunta que el Gobierno tiene que contestar: ¿cuánto cuesta realmente cuidar a una persona? Si existen diferencias de miles de dólares entre lo que pagan las agencias, tenemos que saber qué está comprando cada una, qué servicios están cubiertos y, sobre todo, si los recursos asignados son suficientes para garantizar un cuidado digno y continuo”, afirmó.
Morales Adorno aclaró que FICPRO no plantea que todas las agencias atiendan exactamente a la misma población ni que necesariamente paguen por servicios idénticos. Precisamente por eso, sostuvo, es indispensable determinar qué cubre cada tarifa y si responde al costo real de los servicios.
“Si los servicios son diferentes, expliquen las diferencias. Si las necesidades de las poblaciones son distintas, cuantifíquenlas. Pero lo que no podemos hacer es aceptar tarifas sin saber si corresponden al costo real de mantener una persona bajo cuidado”, reclamó.
El presidente de FICPRO advirtió que las instituciones de cuido prolongado enfrentan costos permanentes de nómina, alimentación, medicamentos, energía eléctrica, agua, enfermería, profesionales de la salud, mantenimiento, productos de higiene y otros servicios esenciales.
“La persona sigue necesitando atención las 24 horas, aunque la tarifa gubernamental no alcance para cubrir el costo real de esa atención. No se puede exigir un servicio de excelencia con una mano y quitarle los recursos para sostenerlo con la otra. Esa contradicción tiene que terminar”, expresó.
Morales Adorno recordó que FICPRO lleva años reclamando una revisión de las tarifas conforme a los costos reales de operación y cuestionó que se continúen imponiendo requisitos, reglamentos y responsabilidades adicionales a las instituciones sin garantizar los recursos necesarios para cumplirlos.
“Cuando una institución no puede cubrir su nómina, comprar alimentos y medicamentos, pagar la electricidad o mantener los profesionales necesarios, el problema deja de ser financiero. Se convierte en un problema de servicio y, eventualmente, en un problema para las personas que dependen de ese cuidado”, advirtió.
FICPRO reclamó que la investigación legislativa determine con precisión qué servicios cubre cada tarifa, cuánto cuesta realmente ofrecer cuidado 24/7, qué diferencias existen entre las poblaciones atendidas, cuánto cuesta cumplir con los requisitos regulatorios y si los fondos asignados son suficientes para mantener los servicios de manera estable y continua.
“Este análisis no puede hacerse solamente desde las agencias. Hay que sentar en la mesa a quienes administramos las instituciones y conocemos cuánto cuesta mantenerlas funcionando todos los días del año. Nosotros vemos las facturas, pagamos la nómina, compramos los alimentos y medicamentos y respondemos por personas que necesitan atención permanente”, manifestó Morales Adorno.
El líder de FICPRO insistió en que el adulto mayor o la persona con discapacidad no puede terminar pagando las consecuencias de un sistema de financiamiento que no ha sido ajustado al costo real del cuidado.
“No estamos hablando de un lujo ni de un servicio opcional. Estamos hablando de personas que necesitan supervisión, alimentación, medicamentos, atención profesional y seguridad las 24 horas. El Gobierno tiene que garantizar el cuidado y asignar los recursos que hacen falta para sostenerlo”, afirmó.
Morales Adorno sostuvo que la información presentada en la Cámara debe abrir una discusión más amplia sobre cómo Puerto Rico financia el cuido prolongado.
“El cuido prolongado no puede ser prioridad solamente cuando se habla de poblaciones vulnerables. Tiene que ser prioridad cuando se prepara el presupuesto. Porque cuando el dinero no alcanza, las consecuencias no las paga una hoja de cálculo: las paga una persona que necesita cuidado.”
FICPRO reiteró su disposición a participar en la investigación legislativa y aportar la información operacional y económica necesaria para establecer cuál es el costo real de ofrecer servicios de cuido prolongado de manera segura, digna y sostenible.
