Ambiente
Se asegura que favorece proyectos como Esencia y es parte de un patrón que atenta contra la vida y el futuro de Puerto Rico
(CABO ROJO, PUERTO RICO, 4 de junio de 2026) – La Coalición Defiende a Cabo Rojo (DaCR) expresó hoy su profunda preocupación ante las enmiendas propuestas a la Ley Núm. 292 del 21 de agosto de 1999, conocida como la Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica de Puerto Rico, contenidas en el Proyecto de la Cámara 1079 (PC 1079).
Según los integrantes de DaCR, el PC 1079 debilitaría las protecciones vigentes a uno de los sistemas naturales que más agua produce y abriría la puerta a la degradación de ecosistemas de alto valor ecológico, hidrológico, cultural y paisajístico con efectos catastróficos para el país.
“Contrario a la percepción generalizada de que el karso existe únicamente en la región norte de Puerto Rico, municipios como Cabo Rojo, Lajas, Guánica y Guayanilla albergan importantes sistemas kársticos. Estos paisajes incluyen cuevas, acuíferos, sumideros, acantilados costeros y ecosistemas esenciales para la conservación del agua, la biodiversidad y la protección de las costas”, indicaron los portavoces de DaCR.
Señalaron que, en Cabo Rojo y el suroeste de Puerto Rico, su preocupación es particularmente urgente porque “se está impulsando el megaproyecto turístico-residencial de lujo Esencia y, según información disponible, aproximadamente 37% de los terrenos donde dicho proyecto se pretende construir se encuentra dentro de la Zona del Carso. Esto significa que las enmiendas propuestas mediante el PC 1079 podrían beneficiar directamente iniciativas de gran escala que pretenden alterar áreas ecológicamente sensibles que hoy cuentan con protecciones legales”.
De acuerdo al memorial técnico elaborado por las geógrafas María Alejandra Pérez y Camila Vélez Agosto, junto al espeleólogo Michael J. Lace, quienes conjuntamente cuentan con más de 20 años de experiencia estudiando, documentando y conservando el karso de Puerto Rico y el Caribe, el karso del suroeste es fundamental. Como el karso es “recolector, filtro y distribuidor del agua dulce”, debilitar su protección en la zona suroeste significaría aún más escasez de agua y “podría resultar en más calor y sequías en un área que ya de por sí es vulnerable a incendios forestales”. Entre otros señalamientos, los científicos añadieron que “cualquier movimiento de construir o excavar sin cuidado en las zonas kársticas del suroeste puede agudizar problemas de inestabilidad del suelo”.
“El karso es mucho más que una formación geológica. Además de su fundamental rol hídrico, el karso funciona como una infraestructura natural que protege acuíferos, costas y arrecifes; reduce riesgos de inundaciones y erosión; y sirve de refugio a numerosas especies nativas y polinizadores esenciales para nuestros ecosistemas y nuestra agricultura”, expresaron los portavoces de DaCR.
La Coalición también cuestionó la propuesta del PC 1079 de transferir funciones y responsabilidades del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a la Junta de Planificación. Según indicó, apoyada por el memorial técnico antes citado, el karso no es únicamente un asunto de zonificación o uso de terrenos, sino un sistema geológico, hidrológico y ecológico complejo que requiere protección basada en criterios científicos especializados.
“La falsa dicotomía entre conservación y desarrollo ignora que destruir el karso implica transferir enormes costos ambientales, sociales y económicos a las comunidades. No existe desarrollo sostenible cuando se comprometen los recursos naturales que sostienen la vida y el bienestar de las generaciones presentes y futuras”, sostuvieron los portavoces.
Finalmente, DaCR denunció que el PC 1079 forma parte de un patrón legislativo que atenta contra la vida y el futuro de Puerto Rico. “Esta y otras medidas legislativas actualmente en discusión (PC 0025, PC 1213/PS 1183, PS 1173 y PS 0777), así como la ya firmada Ley 82 que intentamos detener por todos los medios, y para la que la gobernadora nunca nos concedió la audiencia solicitada y endosada por cientos de ciudadanos y organizaciones, constituyen una declaración de guerra a nuestro pueblo, a nuestro futuro y a la vida misma en Puerto Rico. Hacemos un llamado urgente a la ciudadanía, a las organizaciones comunitarias y ambientales, y a la Legislatura de Puerto Rico a rechazar estas medidas de muerte y a defender la Ley 292 de 1999 que el PC 1079 pretende desarticular”, puntualizaron.
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