Proyecto Dignidad objeta privilegio de voto adelantado y ausente para los confinados

Política

Comunicado de Proyecto Dignidad

Proyecto Dignidad anunció la radicación del Proyecto de la Cámara 1278, presentado por la representante por acumulación Hon. Lisie J. Burgos Muñiz, con el propósito de enmendar el Código Electoral de Puerto Rico y excluir del privilegio del voto adelantado y voto ausente a confinados sentenciados por delitos graves con penas de diez años o más.

La medida aplicaría a personas convictas por delitos graves contra la persona, la propiedad, delitos sexuales y delitos de orden público o económicos, tanto en instituciones penales de Puerto Rico como en cárceles estatales y federales de los Estados Unidos.

Proyecto Dignidad destacó que históricamente el derecho al voto de los confinados en Puerto Rico ha sido objeto de amplio debate público y legislativo. La Constitución de Puerto Rico reconoce que los derechos civiles, incluyendo el sufragio, pueden ser suspendidos mientras una persona cumple condena.

No obstante, mediante legislación aprobada en 1980, se extendió estatutariamente el voto a confinados, privilegio que se mantiene vigente hasta el presente.

Desde entonces, por más de tres décadas, distintos sectores han impulsado propuestas para revisar o limitar dicho privilegio, particularmente en casos de delitos graves y violentos.

El Proyecto de la Cámara 1278 busca atender ese reclamo ciudadano y fortalecer la confianza pública en el sistema electoral.

“La democracia debe protegerse con responsabilidad y sentido de justicia. Esta medida no pretende atacar la dignidad humana de los confinados ni limitar los esfuerzos de rehabilitación. Lo que buscamos es evitar que personas sentenciadas por delitos graves utilicen un privilegio electoral mientras cumplen condenas extensas por actos que causaron daños irreparables a otras personas y a nuestra sociedad”, expresó la representante Lisie Burgos Muñiz.

La medida también busca evitar que sectores políticos utilicen el voto de confinados como instrumento electoral mediante promesas o beneficios dirigidos específicamente a esta población durante los ciclos eleccionarios.

El proyecto modifica los artículos relacionados al voto adelantado y al voto ausente del Código Electoral de Puerto Rico de 2020, estableciendo claramente que la restricción aplicaría únicamente a confinados sentenciados por delitos graves con penas de diez años o más. Las modalidades de voto adelantado y ausente continuarían disponibles para otros electores elegibles, incluyendo pacientes encamados y envejecientes en hogares de cuidado.

La exposición de motivos del proyecto cita además el precedente federal Richardson v. Ramirez (1974), donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció la facultad constitucional de los estados y territorios para establecer limitaciones al sufragio de personas convictas.

“La confianza en nuestros procesos democráticos es fundamental para la estabilidad y el futuro de Puerto Rico. Este proyecto busca establecer límites razonables y responsables dentro de nuestro sistema electoral, reconociendo que quienes cumplen condenas por delitos graves deben primero completar su proceso de rehabilitación antes de ejercer ciertos privilegios electorales. En Proyecto Dignidad creemos en la justicia, en la dignidad humana y también en la responsabilidad con las víctimas y con el pueblo puertorriqueño”, expresó la presidenta de Proyecto Dignidad, Nilda Pérez Martínez.

Por su parte, el Comisionado Electoral de Proyecto Dignidad, Juan Gabriel Zayas Monge, sostuvo que “todo sistema democrático requiere reglas claras, transparencia y confianza pública. Esta medida busca fortalecer la integridad del proceso electoral y garantizar que los mecanismos de voto adelantado y ausente se utilicen de manera responsable y conforme al interés público. En Proyecto Dignidad continuaremos promoviendo reformas electorales dirigidas a proteger la pureza del voto y la credibilidad de nuestras instituciones democráticas”.

Proyecto Dignidad reiteró su compromiso con la integridad electoral, la seguridad pública y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de Puerto Rico.

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