La traición de JGo: la rúbrica que terminó de hipotecar los recursos naturales de Puerto Rico

Ambiente

Por Sierra Club

Hoy [ayer] la gobernadora Jenniffer González Colón nos falló una vez más.

Firmó una ley que abre nuestros terrenos más frágiles al desarrollo, que le pone precio a la justicia ambiental, y que ignora la ciencia, la evidencia y el sentido común.

Todo para beneficiar a los grandes intereses económicos que llevan años queriendo construir sin freno en Puerto Rico.

Durante décadas, el Código Municipal protegió el Suelo Rústico Especialmente Protegido nuestros bosques, humedales y zonas de recarga de acuíferos declarándolos terrenos que nunca debían convertirse en suelo urbano. Esa protección no era un capricho. Era el reconocimiento de que Puerto Rico es un archipiélago pequeño, vulnerable al cambio climático, y que esos terrenos son los que nos mantienen con agua, con biodiversidad y con capacidad de recuperarnos ante los eventos naturales.

Con la Ley 82-2026, eso se acabó. Ahora esos terrenos pueden desarrollarse si el gobierno simplemente los llama «estratégicos» o «prioritarios». Sin criterios objetivos. Sin base científica. A discreción del Ejecutivo.

Y si como ciudadano o comunidad quieres cuestionar ese desarrollo ante un tribunal, primero tienes que pagar. La ley exige una fianza mínima del 10% del valor del proyecto que sería obligatoria, sin excepciones, con carácter de especialidad sobre cualquier otra regla procesal. Si el proyecto vale $5 millones, pagas $500,000 antes de que el tribunal siquiera escuche tu caso. Las comunidades no tienen ese dinero. Los grandes desarrolladores, sí. Eso no es justicia.

Desde Sierra Club Puerto Rico, lo decimos con claridad: esta ley es una falta de respeto a las comunidades, al ambiente y a la verdad.

Y hay bases jurídicas serias para cuestionarla. Una fianza fija y obligatoria puede violar el derecho de acceso a los tribunales que garantiza nuestra Constitución en el Artículo II, Sección 7. La categoría de proyecto «estratégico» sin definición objetiva puede constituir delegación excesiva de poder legislativo al Ejecutivo. Y una ley que se impone con carácter de especialidad sobre las Reglas de Procedimiento Civil puede representar una invasión al poder judicial.

La gobernadora tuvo la evidencia. Tuvo la oposición. Tuvo las advertencias. Y firmó de todas formas.