Gentrificación
Por Lcda. Pamela D. González Robinson
Para Prensa Sin Censura
El aumento tarifario del transporte marítimo hacia Vieques y Culebra no es un simple ajuste económico: es una decisión que incide directamente sobre nuestras vidas y derechos esenciales.
Para las islas municipio, el ferry funciona como una carretera; cualquier alza afecta acceso a alimentos, salud, educación, empleo, suministros, cultura, recreación y todo tipo de intercambio social.
Aunque el contrato con el operador HMS Ferries regula la operación del servicio, no sustituye los requisitos legales para revisar tarifas. Bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico (LPAU) y los principios del derecho de servicios públicos, toda alza debe estar respaldada por evidencia sustancial, un análisis de costos actualizado y procesos participativos como avisos y vistas públicas.
Evitar aumentos injustificados no es solo una cuestión económica, es una defensa del debido proceso, la transparencia y de nuestros vínculos con todo el archipiélago.
Lcda. Pamela D. González
Las tarifas deben ser “justas, razonables y no discriminatorias”. El nuevo esquema de tarifas que pretende implantar la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) se fundamenta en datos obsoletos y estudios cuestionables del 2015-2018 que fueron hechos para justificar la privatización y no reflejan la realidad operacional del sistema actualmente.
Por otro lado, no viene atado a propuestas de mejoras al servicio (terminales, flota, estacionamientos, más viajes, mejor trato, mejor accesibilidad, etc).
Más preocupante es el uso del registro municipal de residentes y comerciantes como criterio para diferenciar tarifas. Según la Ordenanza Núm. 2025-03, en Vieques este registro fue creado para fines de política pública ambiental, incluyendo la creación de un fondo permanente de preservación. Utilizarlo para encarecer el acceso al ferry a quienes no figuren en él desvirtúa su propósito y crea clasificaciones arbitrarias.
Es decir, crea ciudadanos de primera y segunda clase, dividiéndolos según su procedencia para facilitarle a HMS Ferries poder cobrar tarifas distintas por el mismo servicio (público).
¿Cómo nos afecta?
Para residentes, implica mayores costos de vida y la sostenibilidad de nuestras comunidades, aunque el Gobierno afirme lo contrario. Para el turismo interno, encarece visitar las islas, afectando pequeños negocios. “En mi vida fuiste turista”, le tendremos que decir a nuestros familiares y amistades que viven fuera de Vieques, a grupos misioneros, deportivos, brigadas solidarias y de alcance comunitario.
Y hay un riesgo real: si las categorías tarifarias se invalidan por ser discriminatorias, la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) podría intentar imponer una tarifa uniforme significativamente más alta para todos, trasladando el costo a residentes y visitantes por igual.
La tarifa uniforme debe ser la tarifa reducida por tratarse de un servicio público subsidiado. Y ya existen mecanismos para probar que somos residentes y tener prioridad en la venta de boletos y el abordaje. El registro en el portal “Soy Isla” es innecesario y terminará situándonos en desventaja frente al “no residente” que pagaría 400% más por el mismo asiento y el doble por transportar un vehículo.
¿Qué puede hacer la ciudadanía?
Evitar aumentos injustificados no es solo una cuestión económica, es una defensa del debido proceso, la transparencia y de nuestros vínculos con todo el archipiélago.
Permitir clasificaciones arbitrarias en servicios esenciales sienta un precedente peligroso: que el acceso a derechos básicos dependa de registros administrativos, y que continúen haciendo más caro el servicio para todas las personas que utilizan el sistema sin informar y sin participación.
Todos los ciudadanos afectados podemos exigir acceso al expediente administrativo, apoyar a organizaciones comunitarias y considerar acciones legales colectivas. Es urgente levantar nuestra voz llamando o escribiendo a los oficiales electos para recordarles que el transporte marítimo no es un negocio.
La presión organizada —cívica, mediática y jurídica— es clave para detener medidas arbitrarias.
Y tú, ahora, ¿qué vas a hacer?
Prensa sin censura 