Geopolítica
Por Manuel Ludueña
Para Prensa Sin Censura
(…) nada debe parecer natural, nada de parecer imposible de cambiar.
Bertolt Brecht
Ante una democracia débil, de manipulación comunicacional y extorsión a decisores nacionales y provinciales complacientes, la población, la soberanía y la naturaleza de Argentina están absorbidas por intereses particulares. Si bien distintos gobiernos han dejado mejoras y desaciertos, nunca exterminio de la historicidad, ni han desvirtuado principios elementales como la paz, la abolición de la esperanza, ni han dado crédito al esclavismo de los hegemonismos anteriores a los Estados Liberales, menos aún, aceptar abierta y crecientemente una orientación política y económica dependiente.
Hay un abismo -no una fractura personalista- entre el señorío militarizado para prodigar el saqueo de los bienes comunes, el desempleo y el creciente endeudamiento, en aras de complacer al hegemonismo, prodigando un trato subalterno a la comunidad. Es una sustracción institucionalizada de la soberanía, la libertad, la integridad sociocultural y ambiental.
Acuerdos economicistas
Se legitima la profundización de la primarización de la economía. Así, en noviembre de 2025 se realizó un Acuerdo de Comercio Recíproco e Inversiones diseñado por EE. UU. que, entre otras cuestiones, trata sobre prioridad para inversores de extracción de minerales críticos y cooperación para la estabilización del mercado mundial de soja. En tanto, cabe señalar, que la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) comunicó que el acuerdo bilateral dinamizará el comercio exterior, facilitará el intercambio y fortalecerá el acceso al mercado estadounidense, y destacó que la eliminación de las barreras arancelarias mejorará la competitividad del sector exportador argentino (14 de noviembre de 2025). Asimismo, el titular de AmCham, calificó como una etapa de «transición hacia la normalización del clima de negocios» en Argentina “tras años de alta regulación”, reclamando a su vez “temas pendientes” como la necesidad de resolver barreras en sectores como la minería (mencionando la Ley de Glaciares). El 6 de febrero de 2026 AmCham declara que “resulta clave que el Congreso de la Nación acompañe su tratamiento, permitiendo avanzar en la implementación de las medidas necesarias para que estos beneficios se materialicen de manera efectiva y sostenible”. Este Acuerdo es parte de la implementación de la Estrategia de Seguridad Nacional (2025) y la Estrategia de Defensa Nacional (2026) de EE. UU.
En idéntico sentido, el Acuerdo de Asociación Estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) (17 de enero de 2026) crea una zona de libre comercio, para facilitar exportaciones agrícolas del Mercosur y productos industriales/tecnológicos de la UE; con acceso preferencial para productos agrícolas (carne, soja, biocombustibles) y materias primas del Mercosur, reduciendo aranceles y barreras no arancelarias, y la UE tendría acceso a mercados con baja de aranceles en los sectores automotriz, maquinaria, productos químicos, farmacéuticos y servicios financieros. Este Acuerdo fue ratificado por el Senado argentino el 26 de febrero de 2026.
Inviolabilidad privada o violación de lo común
En marzo de 2026 el Poder Ejecutivo Nacional presentó un proyecto de ley sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada en aspectos que considera «ilegítimos» para garantizar el derecho de propiedad como eje de progreso; para ello, dice, se basa en los principios de libertad y no agresión, limitando la intervención del Estado en el uso y la disposición de los bienes privados. Los ejes principales implican: procedimiento de desalojo exprés mediante mecanismos para una recuperación rápida de inmuebles en casos de ocupación ilegítima o usurpación; modifica la ley de Tierras al proponer la eliminación de restricciones para que ciudadanos y empresas extranjeras puedan adquirir tierras rurales en el territorio nacional; reforma la ley de Integración Socio Urbana para eliminar la expropiación generalizada de inmuebles en estos barrios populares y habilitar la regularización por usucapión; introduce cambios ambientales y territoriales al plantear modificaciones a la ley de Manejo del Fuego reduciendo las prohibiciones de uso del suelo tras incendios; finalmente, promueve la digitalización completa del Registro de la Propiedad Inmueble para agilizar trámites y mejorar la seguridad jurídica.
Precarización de la soberanía territorial
La modificación de la ley de Tierras (26.737) potenciaría el cambio de uso en áreas sensibles, degrada principios constitucionales en aras de promover un uso de la propiedad privada del suelo a manos de aquellos con mayor capacidad financiera y con proyectos que pueden ser lesivos a la soberanía nacional y federal. Se desatiende “la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica” (CN artículo 41), no se salvaguarda explícitamente “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”…”y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan” (CN artículo 75, inc. 17). Asimismo, el aumento de la superficie para la adquisición de tierras debe explicitar la inhabilitación de todo destino para colonización, puesto que se requiere el establecimiento previo de una política federal que efectivice “promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”(CN artículo 75, inc. 18).
En cuanto a la modificación de la ley de Manejo del Fuego (Ley 27.604), permitiría que las formaciones de bosques se desafecten para facilitar actividades economicistas, en detrimento de la desaparición de la biodiversidad. Es una habilitación para anular la preservación de bosques en lugar de favorecer la ampliación de dichas áreas. Se comete un doble perjuicio: del hábitat, al habilitar un mercado inmobiliario donde no existía y, de justicia socioambiental, al premiar acciones perjudiciales. Es inadmisible alentar acciones negligentes o intencionales contra formaciones naturales de biodiversidad. Más aún, cuando en el presupuesto nacional de 2026 se disminuyó el 71,6% del presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego respecto al año anterior.
Precarización socio-institucional
La modificación de la ley de Integración Socio Urbana (Ley 27.453) pone en riesgo el acceso progresivo a la propiedad, la vivienda y los servicios básicos de miles de familias que viven en barrios populares e introduce inseguridad en la tenencia.
Eliminar la suspensión de los desalojos por 10 años inhabilita la estabilidad en el asentamiento y pone en tensión la prohibición de que “Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie” (CN, artículo 17). La regularización dominial requiere un marco legal que avale tiempo y garantías que el proyecto de ley suprime: la prohibición de desalojos y la expropiación. La derogación de declarar de utilidad pública los terrenos donde se asientan los barrios populares, limita la certidumbre de transferir los títulos de propiedad. Eliminar la obligatoriedad de realizar obras de urbanización con cooperativasde trabajo obtura la posibilidad de empleo y capacitación. Cabe recordar que el Gobierno disolvió el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), principal fuente de financiamiento para incorporarservicios básicos (agua, luz, cloacas).
Acerca de la compensación por expropiación a sus propietarios, se busca endurecer las reglas de expropiación, en tanto exige compensaciones ficticias sobre valores potenciales que exceden la manda constitucional.
Leges accumulationis destructionis
La breve síntesis de dos acuerdos internacionales y el proyecto de ley sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada ponen en evidencia la visión economicista que atenta contra la sociedad, la naturaleza y las instituciones. Se revocan los sentidos de vida y biodiversidad, se desguarnece el resguardo de la comunidad de vida, así como se pretende inhabilitar y enajenar bienes comunes y funciones constitucionales en pos de prodigar mercados concupiscentes.
La desatención de las personas es un ataque a la dignidad con una clara direccionalidad de desequilibrio entre el accionar público y el privado -se retira al primero, se prioriza al segundo-sin transferencia de poder decisional a la ciudadanía. Incluso, se profundiza la desigualdad de oportunidades ya que, las empresas y quienes poseen fortunas financieras o son allegados a facilitaciones financieras gubernamentales, se les dota de fueros prioritarios parainversiones inmobiliarias o extractivistas, de manera regresiva, sin resguardo de los efectos negativos ni compensaciones.
No hay políticas públicas
En el 2001 la sociedad gritaba ¡Que se vallan todos! por el endeudamiento, la crisis económica y de gobernabilidad. Hoy, hay un grito silencioso profundo de pesar ante un ejercicio de gobernabilidad que desinstitucionaliza con ajuste, endeudamiento y agobio. ¿Cuál es la ética de los funcionarios electos? ¿Son servidores públicos? No atienden, ni velan por las necesidades, problemáticas y vulnerabilidades. No se desarrolla una política pública. No puede ser el capital empresario el centro del accionar gubernamental. Los funcionarios electos se han transformado, casi en su totalidad, en un medio para tributar a la hegemonía de los capitales trasnacionales, desatendiendo, finalmente, las condiciones de vida de la población y de los bienes de la naturaleza, la justicia y la soberanía.
El economicismo, la crematística, la enajenación de las soberanías son la desdicha de una pesadilla distópica de integración subordinada a las cadenas globales de valor. El Acuerdo de Comercio Recíproco e Inversiones con EE. UU., afecta nuestros derechos al desarrollo soberano.
El Acuerdo de Asociación Estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea, afecta nuestros derechos al desarrollo soberano.
El proyecto de ley sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada afecta nuestros derechos y el desarrollo soberano. Esto no es política, es cesión de soberanía, traición a la patria.
El autor es integrante de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, de Encuentro Verde por Argentina, del Movimiento Ecopolítico por el Buen Vivir y de Abya Yala en Clave de Geopolítica.
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