De la Redacción de Prensa sin censura
El pasado 27 de marzo Prensa sin Censura dio a conocer el escandaloso caso en el que varios estudiantes de la UPR Utuado declararon bajo juramento en unas vistas públicas que estaban fracasados en el curso Mate 3012, Sec. M25, y cómo varios funcionarios de la UPRU les ofrecieron cambiarles la nota que llevaban en este curso de F a C, bajo la mentira de que el Reglamento General de la UPR les permitía a estas empleadas cambiar las notas que el profesor les había otorgado oficialmente en conformidad con su fracaso académico.
Los tres estudiantes declararon que, en efecto, tres funcionarias de la administración del recinto les cambiaron las notas de F a C a todos los alumnos(ocho en total) del curso Mate 3012, Sec M25. El profesor a cargo fue el Dr. Luis S. Arana Santiago, quien mostró como evidencia a Prensa sin Censura una declaración jurada en la que da fe de que ese cambio de notas de F a C que estos administradores le hicieron a todos los estudiantes del curso MATE 3012, Sec. M25, se hizo a sus espaldas y sin su consentimiento y su participación.
Resulta evidente que tal cambio de notas es ilícito, según surge de la Certificación 40 de la Junta Administrativa de la UPRU, y se trata de una actuación que está sujeta a una acción disciplinaria de conformidad con la Sección 35.2.12. del Reglamento General de la UPR en la que se prohíbe “La alteración maliciosa o falsificación de calificaciones, expedientes, tarjetas u otros documentos oficiales de la Universidad de Puerto Rico”.
De hecho, este acto ilícito de alteración de documentos también podría implicar violaciones a leyes estatales y leyes federales.
La evidencia evaluada en este caso establece claramente lo siguiente: que los estudiantes estaban fracasados en el curso Mate 3012 del cual el profesor Arana Santiago era el profesor asignado; que el último día para darse de baja los estudiantes acudieron ante una funcionaria de la administración «buscando alternativas para no fracasar en el mencionado curso»; y que ésta y otras dos funcionarias de confianza ofrecieron a los estudiantes cambiarle su nota final en el curso de F a C como alternativa para que no fracasaran; que dos de las funcionarias invitaron a una de las estudiantes del curso a una reunión privada de la que surgió una queja ordinaria por parte de la estudiante contra el profesor Arana Santiago, que luego fue convertida en una querella de hostigamiento sexual; que se celebraron unas vistas administrativas para atender la queja de la estudiante; que el Oficial Examinador asignado no halló prueba que sustentara una acusación de hostigamiento sexual contra el profesor Arana Santiago, por lo que recomendó al rector Dr. Luis Tapia Maldonado que desestimara los cargos contra el Dr. Arana Santiago y que el rector no siguió las recomendaciones del Oficial Examinador, destituyendo al profesor Arana Santiago a pesar de haber sido hallado inocente, añadiendo en su Resolución hechos que no fueron probados en las vistas administrativas, y que ni siquiera fueron alegados por la estudiante querellante ni estaban contenidos en la querella administrativa contra el profesor Arana Santiago, ello en una clara violación al derecho constitucional del profesor Arana Santiago a un debido proceso de ley.
Ante esta grave y bochornosa situación el Senador Académico, Dr. Ferdinand Padrón Jiménez, le expresa al rector, Dr. Luis Tapia Maldonado, que era absolutamente necesario que se investigara de inmediato el asunto. A raíz de esta petición, el rector Tapia Maldonado le otorgó al Lcdo. John M. Cruz Espinosa dos contratos que sumaron la cantidad de $42,000 dólares para que investigara el asunto y le rindiera el informe correspondiente.
Luego de que transcurrieran quince meses sin que se supiera el resultado de la investigación del Lcdo. John M. Cruz Espinosa, el Dr. Padrón Jiménez le preguntó al rector sobre los hallazgos y este le respondió que el letrado no había encontrado irregularidades. Ante semejante contestación ofrecida por el rector Tapia Maldonado al Dr. Padrón, este último le indicó que quería leer ese informe y que lo iba a solicitar formalmente.
En efecto, tanto el Dr. Padrón como el Dr. Arana solicitaron el informe al Dr. Tapia Maldonado y este alegadamente se los negó, arguyendo que el mismo era confidencial.
Ante la negativa del Dr. Tapia de entregar copia del informe del Lcdo. Cruz Espinosa, los profesores acudieron a los tribunales para que se emitiera una orden contra el rector a los fines de este que les entregara dicho informe. Dicho proceso aún no ha culminado.
Prensa sin censura 