El ex alcalde de Río Grande, César Méndez, opinó que el Departamento de Justicia tiene el deber de profundizar sobre los hallazgos de la investigación del representante Denis Márquez y la senadora María de Lourdes Santiago, relacionado a contratos de estorbos públicos otorgados en municipios, para determinar la posible comisión de delitos, específicamente, en la administración del alcalde Ángel Bori González Damudt.
“En Río Grande todos se cuestionan el secretismo y falta de transparencia en cuanto a la otorgación de estas propiedades que han ido a parar a manos de allegados y familiares del alcalde, al Igual que a empresarios que las revendieron, para generar ganancias, tras la utilización de fondos publicos”, indicó Méndez.
Señaló, que González Damudt “ha privado a los ciudadanos de su municipio de un proceso equitativo de participación que les permitiera adquirir un techo seguro para sus familias, según les prometió”.
Añadió, que “el propósito original de las ordenanzas para declarar estorbos publicos era librar a la comunidad del deterioro social, pero en el caso de Río Grande, se convirtió en una fuente adicional de corrupción de la presente administración”
El hoy alcalde Bori González fungió 10 años como Director de Obras Públicas de Municipio de Río Grande, hasta que en 2014 sustituyó al entonces alcalde Eduard Rivera, convicto por corrupción.
Significó el hecho de que ya en 2017, el Panel del Fiscal Especial Independente lo procesó por el uso fondos públicos para favorecer intereses privados.
Méndez concuerda con los hallazgos de los legisladores del PIP y afirmó que, “en Río Grande se han dado casos donde las personas “agraciadas” terminaron convirtiéndose en invasores, porque la propiedad contaba con un dueño legítimo, a quien nunca le notificaron, provocando disputas y reclamaciones.
“Está bien claro es que desde el día uno, este contrato solo sirvió para adelantar los intereses privados de varios alcaldes y sus testaferros, en abierta violación de ley”.
Recordó, que el Primer Ejecutivo riograndeño, forma parte del infame listado de alcaldes calificados como “persona de interés“ del FBI y Fiscalia Federal, sobre sobornos a alcaldes de parte del contratista Oscar Santamaría.
En el caso del Municipio de Río Grande, la compañía JR Asphalt recibió más de un millón de dólares en contratos, igual que en otros municipios, donde luego los alcaldes se han declarado culpables por este esquema corrupto, que continúa bajo investigación.
“Apoyamos la solicitud de los legisladores del PIP al Secretario de Justicia para que salga a la luz lo que está oculto y nuestra pueblo no siga padeciendo los servicios deshonestos del alcalde de Río Grande”, acotó.
Prensa sin censura conversó con el alcalde Ángel ‘Bori’ González Damudt, quien reaccionará a las declaraciones de Méndez.
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