El derecho ambiental, las costas de abogados y los ‘crímenes’ que enferman a las comunidades pobres de Puerto Rico

Editorial de Prensa sin censura

JAIME TORRES TORRES

La importancia del Proyecto 474, vetado por el gobernador Pedro Pierluisi, es que facultaba en derecho a cualquier individuo, grupo o comunidad a denunciar los crímenes ambientales que regularmente ocurren en el Puerto Rico gentrificado de 2022.

Pretendía, de cara al 2023, proteger al ciudadano, el que desde hace un tiempo está a merced de los letrados de los grandes intereses capitalistas y que, como no pocas veces como ‘abogados del diablo’, todo o casi todo lo resuelven o intentan resolver con disuasivos de lucha como emplazamientos a tribunales, amenazas de demandas y radicaciones en ocasiones disque por difamaciones o usurpación de propiedades privadas.

Por solo reportar lo que hace exactamente un año acontecía en el humedal de Luquillo, Prensa sin censura fue incluido en una demanda para la cual no se emplazó. Este medio consultó siete abogados. Con la excepción de una, seis me dijeron que mientras no se le emplazara el tribunal no tendría jurisdicción sobre Prensa sin censura.

Esa es mi experiencia como periodista por solo informar la gentrificación, la destrucción y privatización de los recursos naturales y bienes de dominio público en zonas marítimo terrestre.

¿Cómo será con los voluntarios de las comunidades sitiadas por el supuesto desarrollo en nombre del capital? Desvelos y más desvelos porque una vez son emplazados, so pena de desacato, tienen que comparecer al tribunal con representación legal.

Y no se malinterprete que los letrados expertos en derecho ambiental no cobren por sus servicios. Conozco decenas que lo hacen probono o con descuentos sustanciales.

Es que a nuestro entender no hay necesidad, en derecho y si en verdad se trata de honrar leyes ambientales que en el Puerto Rico del truco resultan letra muerta, de que nuestra gente tenga que desvelarse pensando en su defensa en citaciones frívolas que al saque muchas veces quedan en nada.

Escuchar que los residentes de Cialitos y Frontón en Ciales tienen que contratar abogados que los defiendan en su lucha contra las instalaciones ilegales de torres para antenas 5g es absurdo. Lo mismo que el reciente caso de Ramón Rodríguez de Jesús, conocido como El Lórax de Corozal, emplazado solo por defender el Bosque Oubao Moin y el Río Mavilla.

La misma situación inconcebible de los vecinos de Rancho Guayama en Salinas y de la organización Acción Social y Protección Ambiental que resiste contra la destrucción de cientos de cuerdas para el establecimiento de un campo de tiro que contaminaría mucho más el Acuífero del Sur y que también lucha para que se remuevan las cenizas letales de la carbonera AES que los enferman y matan. CODEPOLA, que construye el campo de tiro, los demandó por difamación y la defensa les ha costado presente $30 mil.

En Juan Asencio en Aguada los vecinos se organizaron en oposición a la instalación de una torre para antenas 5g, tras documentarse sobre los peligros a la salud de las personas y los daños a la fauna y la agricultura que entraña la exposición a la radiación electromagnética. Contrataron un abogado que les cobró varios miles de dólares y el tribunal falló a su favor. Pero no se escapan a la radiación porque en otros lugares relativamente cerca se observan torres.

No todas las comunidades pueden conseguir $5 mil y disponer de cantidad similar cada vez que se tenga que regresar a los tribunales. No son los constituyentes, las familias, los grupos y las comunidades los que deben pagar. ¡NO!

Los responsables son las entidades que se supone salvaguarden los recursos naturales, la salud y los derechos de la gente. La Agencia de Protección Ambiental (EPA), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Departamento de Salud y el Departamento de Justicia. ¡Qué gestionen los abogados, Coño!

Sin embargo, ante la inacción del Estado, entonces le correspondería a los alcaldes sacar la cara por los mejores intereses de sus constituyentes. Y, con la excepción de unos pocos, los de Aguada, Luquillo, Manatí, Ciales, Aguas Buenas y Salinas, entre otros pueblos, solo se pronuncian para las gradas.

Son ellos, junto a los legisladores por distrito, los responsables de la representación legal de las comunidades afectadas por la construcción desmedida de torres para antenas, las siniestras luces ultravioletas que ya afectan la salud de vecinos en comunidades, los rellenos de cenizas de carbón, la deforestación. la contaminación de los recursos, las ruinas de hoteles y condominios en costas como la de Rincón y la gentrificación en bienes de dominio público, como ocurre en el Lago Carite, entre Cayey y Guayama.

No les corresponde a las comunidades, en su mayor parte pobres, endeudarse por defender sus derechos. Por eso era necesario que Pierluisi convirtiera en ley el Proyecto 474, medida aprobada en Cámara y Senado que reconoce el derecho de cualquier ciudadano u organización que interese hacer cumplir la política pública ambiental a presentar recursos legales y administrativos para detener los crímenes ambientales.

Ante la ausencia de una ley que los proteja, entonces solo queda la militancia en la calle y la creatividad a la hora de desenmascarar a las y los ‘asesinos ambientales’ y, por consiguiente, de la Vida.

Tal y como lo hacen los portavoces de Acción Social y Protección Ambiental en Salinas con los funcionarios Carmen Guerrero, Karilyn Bonilla, Gretchen M. Hau, Luis ‘Narmito’ Ortiz, Albert Torres Berríos, Estrella Martínez, Edgar González, Ingeniero César Rodríguez y Dr. Carlos Rodríguez Mateo, ex alcalde de Salinas, ex senador y hoy director de AMSSCA.

Sepa usted, estimada lectora y lector que sigue a Prensa sin censura, que la lista de ‘asesinas y asesinos ambientales’ pica y se extiende. En cada pueblo los hay. Y en cada alcaldía también. Es bueno recordar eso porque en 2023, año preelectoral, no pocos se le acercarán con promesas y más promesas que se llevará el viento, como las cenizas tóxicas que a esta hora respiran y enferman a los vecinos de Rancho Guayama en Salinas.