JAIME TORRES TORRES
Con la llegada de 2023, los vecinos de la carretera estatal PR-742 esperan que finalmente se remuevan los portones y escombros que impiden su acceso a la zona recreativa del Lago Carite entre Guayama y Cayey.
Así de evidente fue durante la sesión extraordinaria celebrada la mañana del jueves 15 de diciembre en el salón de audiencias de la Legislatura Municipal de Guayama, a petición del alcalde O’ brain Vázquez Molina.
El tramo de la PR-742 en controversia está en jurisdicción de Guayama. Mientras a turistas se les permite acceso a inmuebles dedicados al alquiler a corto plazo, los llamados “AirB&B”, a los residentes, ganaderos, agricultores, pescadores, visitantes de otros pueblos y aficionados al entretenimiento en vehículos todo terreno y motoras se les impide el paso.
“Si a nosotros no se nos permite pasar, ¿cómo es posible que venga gente de otros países y puedan quedarse allí y hacer uso de las facilidades del lago con todo el peligro que han dicho aquí que hay allí? ¿Para ellos no hay peligro?”, preguntó la ciudadana Olga Colón.
Prensa sin censura cubrió parte de la vista pública encabezada por el presidente de la Legislatura Municipal Carlos M. Enchautegui Rivera a petición del ciudadano Wilbert González, apodado Cano Carite, en representación de los vecinos de la comunidad.
Enchautegui abordó al ingeniero José Miguel Bermúdez Díaz, que representa a la Autoridad de Energía Eléctrica y a su director Josué Colón, bajo cuya administración está el embalse y represa del Lago Carite, sobre los drones con perforaciones de disparos, lo cual se atribuye a agentes de la policía que acceden al remoto lugar a supuestamente practicar tiro al blanco.
El ingeniero José Miguel Bermúdez Díaz respondió que se hace con responsabilidad, además de que habló de la poca seguridad en el lugar y la peligrosidad de las profundas aguas del lago, aparte de que dejó entrever que el vandalismo en el lugar lo hacen parte de los residentes.
El ingeniero regional del Departamento de Transportación y Obras Públicas y Autoridad de Carreteras y Transportación (DTOP/ACT), José Cruz, en representación de la secretaria de la agencia Eileen M. Vélez Vega, dijo que el tramo de 3.6 kilómetros bajo la jurisdicción de su agencia pertenece a Cayey.
Al residente Manuel Rivera Rivera, apodado Vázquez, se le preguntó si el titular de una finca identificado como Gerardo Colón había colocado el portón que impide acceso y, bajo juramento, dijo que sí.
El ingeniero de la AEE, José Miguel Bermúdez Díaz confirmó la información incluso al afirmar que se acordó la colocación de candados, a la vez que reiteró que alegadamente se trata de una propiedad privada.
Respecto a los muelles que se han colocado en el Lago Carite el ingeniero José Miguel Bermúdez Díaz aclaró que son ilegales y ninguno pertenece a la AEE y que se hicieron gestiones con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para que se pronunciara sobre el particular, pero la agencia declinó, así como tampoco asistió a la vista pública.
Pablo Rivera, dueño de cinco cuerdas en Carite, es otro de los vecinos que aseguró que los portones lo han incomunicado porque no tiene llaves de los candados. Se acordó que suministrará copias de sus escrituras para que se le conceda acceso a su propiedad.
A la vista asistió el licenciado Víctor González en representación de la comunidad a petición del senador Thomas Rivera Schatz.
González dirigió sus preguntas a los ingenieros de la AEE y DTOP/ACT en términos de si gestionaron permisos para el cierre de la carretera estatal PR-742 por alguna emergencia y si recibieron alguna solicitud de la AEE para interrumpir el tránsito en la vía pública, respectivamente.
La respuesta a ambas interrogantes fue NO.
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