(Nota del Editor: Octavo y último artículo de una serie sobre el impacto de las farmacéuticas al medioambiente y a la salud de los habitantes de Puerto Rico)
Publicado por Hedge Clippers
Las compañías farmacéuticas intentan representarse a sí mismas como socialmente responsables y con conciencia ecológica. El término “responsabilidad social corporativa” (RSC) ha emergido como la responsabilidad de “hacer lo que sea mejor no solo para sus compañías, sino para la gente, el planeta y la sociedad en general”.
Las corporaciones farmacéuticas declaran con orgullo su compromiso con la lucha contra el cambio climático. Aunque hay compañías como Merck y Pfizer que se han comprometido con una “neutralidad de carbono” en los próximos cinco a ocho años, no queda claro si una reducción de estas emisiones de carbono aplicará o beneficiará a Puerto Rico.
Por ejemplo, en el 2021 Johnson & Johnson alardeó que la compañía “espera que el equivalente a 100% de la electricidad de los EE. UU. y Canadá provenga de energía eólica y solar para el 2023”, pero añadía la aclaración de que esa cifra se fundamenta “en las propiedades/alquileres actuales de Johnson & Johnson dentro de nuestro control operativo; no incluye a Puerto Rico”.
Pfizer reclama que están “comprometidos con limitar el impacto ambiental de descargas de los procesos de manufactura”, recientemente aseguró fondos para invertir en operaciones “verdes” de manufactura en Singapur, pero no se hicieron inversiones en Puerto Rico.
Similarmente, Amgen publicó sus metas de manufactura “con neutralidad de carbono” y destacó una instalación sustentable en Singapur y otras nuevas en Rhode Island, Ohio y Carolina del Norte, pero no mencionó los 2.400 empleados y los 23 edificios que tiene en Puerto Rico.
Las corporaciones farmacéuticas que cotizan públicamente en la bolsa de valores deben reportar sus actividades empresariales a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés). Algunos informes de las corporaciones, como es el caso de Abbott, estipulan que son “potencialmente responsables” por los sitios del Superfondo en Puerto Rico, cuyo costo de limpieza “no se espera que sobrepase los $10 millones”.
Parece ser que otras corporaciones farmacéuticas no cumplen con divulgar totalmente la envergadura de su contaminación en Puerto Rico ni los riesgos climáticos que representa su huella de manufactura. Por ejemplo, la información divulgada por Pfizer a la SEC sólo incluye referencias superficiales a los asuntos ambientales:
“También estamos limpiando la contaminación ambiental de actividades industriales anteriores en ciertos sitios” y la compañía tiene ciertos riesgos relacionados con costos legales y de acuerdos judiciales “vinculados con contaminación ambiental presente o supuesta”.
Sin embargo, Pfizer no documenta los sitios del Superfondo que creó en Barceloneta ni en Arecibo, ni las descargas tóxicas en el vertedero de Vega Baja.
En el trabajo de campo que hizo la académica Alexa Dietrich, titulado La compañía farmacéutica de al lado (título traducido por nosotros del inglés original, “The Drug Company Next Door”) y que se publicó en el 2013, comenta que halló que a pesar de que las corporaciones farmacéuticas alardeaban de su compromiso con la responsabilidad social corporativa en Barceloneta, los “deseos de limitar la responsabilidad legal […] hicieron que fuera prácticamente imposible vincularse o comprender de forma sustantiva con las preocupaciones de la comunidad”.
La respuesta a los señalamientos sobre la devastación ecológica y el agua insalubre era, a menudo: “Ese no es problema nuestro”.
Las investigaciones sobre impostura ecológica (conocida en inglés como “greenwashing”) evidencian que las organizaciones hacen aseveraciones ecológicas para esconder el alcance del daño ecológico que ocasionan.
Un estudio halló que sobre la mitad de los clientes encuestados creían que “los reclamos hechos a partir de la impostura ecológica eran una fuente confiable de información sobre las prácticas ecológicas de una compañía”.
Debido a que esta impostura puede ser muy efectiva, es incluso más urgente y necesaria la evaluación indpendiente de las prácticas corporativas ambientales.
Recomendaciones de política pública
La devastación ambiental descrita a lo largo de este informe requiere de acciones urgentes.
• El Congreso debe llevar a cabo vistas para investigar el historial del sector farmacéutico en Puerto Rico.
• La Agencia de Protección Ambiental debe incluir a otros sitios de contaminación farmacéutica en Puerto Rico —como las instalaciones de Pfizer en Barceloneta y la quebrada Frontera de Humacao— a la “Lista de Prioridades Nacionales” de la agencia; y, a su vez, supervisar una limpieza integral y los esfuerzos de remediación en todos los sitios del Superfondo del archipiélago.
• El Grupo de Trabajo del Medioambiente, Social y de Gobernabilidad (ESG, por sus siglas en inglés) y del Clima de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) dentro de su División de Cumplimiento deberá investigar e identificar las faltas ambientales, sociales y corporativas vinculadas con la gobernabilidad correspondientes con posibles violaciones. Esto incluye lagunas o inexactitudes en las divulgaciones de las corporaciones sobre los riesgos climáticos bajo las regulaciones existentes.
• El gobierno de Puerto Rico debe revocar el estatus contributivo preferencial que usan las corporaciones farmacéuticas que operan en Puerto Rico si estas siguen ocasionando (y no asumen responsabilidad) por la devastación ambiental generalizada en el archipiélago.
• La SEC también deberá desarrollar y hacer cumplir requisitos ambientales, sociales y de gobernabilidad más fuertes para asegurarse de que las compañías no se valgan de la impostura ecológica.
• Los inversores deberán exigir la rendición de cuentas de las corporaciones farmacéuticas, lo que incluye usar su poder de veto por proxy para despedir a directores que no ejercen un control adecuado como corresponde a los compromisos medioambientales, sociales y de gobernabilidad declarados por las compañías, e incluso excluir a aquellas compañías que no están cumpliendo de los fondos medioambiental- es, sociales y de gobernabilidad.
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