(Nota del Editor: tercero de una serie de artículos sobre los daños al medioambiente de las empresas farmacéuticas que operan en Puerto Rico.)
Publicado por Hedge Clippers
Por décadas, ha habido grupos comunitarios dando la voz de alerta mientras el gobierno puertorriqueño les da prioridad a los intereses empresariales de las multinacionales estadounidenses (lo que incluye exenciones contributivas lucrativas y regulaciones laxas), en vez de al bienestar ambiental de la isla.
Desde su concepción, el gobierno de Puerto Rico le ha dado la tarea a su Junta de Calidad Ambiental (JCA) de promover el desarrollo económico de Puerto Rico de acuerdo con la óptima calidad ambiental.
En la práctica, muchos de los supuestos reguladores ambientales han sido espectadores de los intereses de la industria o el gobierno les ha pasado por encima en las escasas instancias en las que no han estado de acuerdo con las farmacéuticas.
El gobierno federal de los Estados Unidos también tiene un historial controvertible en cuanto al asunto de enfrentar la contaminación enorme del sector farmacéutico en Puerto Rico. Aunque las regulaciones de la EPA a la fabricación farmacéutica sí han mejorado desde las décadas de los setenta y ochenta, todavía existen lagunas preocupantes que permiten que las corporaciones farmacéuticas evadan las regulaciones esenciales.
Por ejemplo, aunque la FDA técnicamente les requiere a las corporaciones farmacéuticas que hagan una “evaluación ambiental”, a menudo esto se trata meramente de unas declaraciones en las que la compañía dice que no anticipa ningún efecto ambiental.
Los recortes considerables a los fondos y al personal de la EPA, así como las inversiones inconstantes en Puerto Rico, han ocasionado que la agencia fracase a la hora de enfrentar plenamente las emergencias ambientales.
Aunque el cabildeo del sector farmacéutico hacia los funcionarios del gobierno frecuentemente se enfoca en la salud, los impuestos y otras prioridades, algunos gigantes farmacéuticos usan sus influencias sobre los politicos para reducir las regulaciones ambientales.
Por ejemplo, Johnson & Johnson recientemente cabildeó en contra de un proyecto de ley que buscaba limitar el uso de los químicos perduraderos conocidos como PFAS (que eventualmente no se aprobó, gracias a los cabilderos de las químicas estadounidenses).
La Marina de Guerra de los Estados Unidos ha confirmado que las fuerzas armadas de EE. UU. liberaron estos agentes químicos en Vieques, Puerto Rico, donde se reporta que algunos residentes beben del agua de pozo contaminada.
La contaminación de aguas subterráneas es uno de los peligros ambientales más desastrosos que enfrenta Puerto Rico en la actualidad.
Los desperdicios tóxicos provenientes de las plantas farmacéuticas son un factor significativo de esta contaminación y afectan grandemente los abastos de agua subterránea de algunas comunidades.
Ha habido momentos en los que Barceloneta, un pueblo en la costa norte, ha tenido más del 60% del abasto de agua subterránea de la isla.
Tristemente, Barceloneta también es el lugar donde hay más de media docena de corporaciones farmacéuticas como Abbott y Bristol-Myers Squibb.
La EPA ha citado a las plantas manufactureras de Pfizer, Merck y Abbvie en Barceloneta por violaciones a las regulaciones, lo que incluye la Ley de Agua Potable Segura y la Ley de Conservación y Recuperación de los Recursos (que regula el desecho de los desperdicios peligrosos).
Las corporaciones como Abbott han usado pozos de inyección profunda en Barceloneta, donde los desperdicios líquidos sin tratar se insertan directamente en sumideros o se riegan con
rociadores. Estos son increíblemente peligrosos porque los acuíferos porosos de piedra caliza no pueden filtrar las toxinas y con frecuencia están cerca de pozos cuya agua las personas consumen.
Cuando describe el área industrial de Barceloneta, la Junta de Calidad Ambiental advirtió que la distancia entre el punto de contaminación a la población es muy corta.
En algunos casos, la industria farmacéutica también ha descargado desechos farmacéuticos líquidos directamente al río Manatí, lo que devolvía agua al acuífero y que eventualmente desembocaba en el mar. Tan lejano como en la década de 1970, los pescadores en Puerto Rico identificaron un “líquido oloroso, espeso y marrón” proveniente de fábricas como Merck, lo que causaba que los ríos desarrollaran vegetación y olores desagradables, así como inmensas reducciones en sus pescas.
Los desechos tóxicos afectaron a los agricultores también, ya que mataron vacas y pollos que merodeaban en las riberas de los ríos cercanos. Los pescadores desarrollaron llagas. Un pescador les adjudicó la responsabilidad a las compañías farmacéuticas: “Desde que llegaron las fábricas, empezaron a aparecer montones de peces muertos”.
Como resultado de esta contaminación farmacéutica, las comunidades puertorriqueñas se enfrentan a enormes riesgos a la salud a causa del agua potable insegura. El archipiélago tiene la peor tasa de violaciones al agua potable de todos los estados o territorios estadounidenses.
Cerca del 70% de los consumidores de agua de Puerto Rico recibió agua de pluma que había violado parámetros de salud federales, incluyendo niveles altos e ilegales de bacterias, subproductos peligrosos y otros contaminantes en años recientes.
Un abasto de agua contaminada no solo afecta a los hogares de forma individual, sino que también pudiera representar riesgos graves a los suministros de alimentos, ya que muchos agricultores puertorriqueños dependen de las aguas subterráneas para irrigar sus cosechas.
Debido a que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) lleva a cabo monitoreos que no son apropiados y que no son constantes, existe una falta de seguimiento a la información sobre los niveles de contaminación de plomo en el abasto de agua.
En el pasado, la EPA le ha impuesto multas considerables a la AAA por no cumplir con la Ley de Agua Limpia y con otros requerimientos de seguridad.
“Un alarmante 99.5% de los puertorriqueños se ve obligado a depender de sistemas de acueductos que violan la Ley de Agua Potable Limpia (para el 2015).”
Las comunidades consumieron aguas subterráneas tóxicas luego del paso del huracán María. Los vecinos de Dorado, un pueblo justo a las afueras de San Juan, no tenían acceso a agua potable segura luego del paso del huracán María.
Las personas bebían agua peligrosa de un pozo proveniente de un sitio del Superfondo con agua subterránea contaminada.
Según la EPA, el sitio estaba contaminado con químicos industriales, entre los cuales había tetracloroetileno y tricloroetileno, que pueden tener “efectos graves a la salud”, como daño al hígado y el aumento de riesgo de cáncer.
A pesar de que los efectos a los residentes de Dorado todavía están por verse, existen estudios que demuestran que beber aguas contaminadas de los sitios del Superfondo pueden contribuir a un riesgo elevado de cáncer.
Aunque la EPA no ha podido atribuirle al sitio del Superfondo a una fuente específica, ha emitido algunas acciones de cumplimiento contra las plantas farmacéuticas que se encuentran en Dorado.
Hubo activistas que expresaron su consternación en cuanto a que los sitios del Superfondo y los vertederos se inundaron después del huracán María, lo que posiblemente contribuyó a la exposición a químicos y a las enfermedades que desarrollen las generaciones futuras.
La EPA aseguró que no se habían regado los contaminantes, pero hubo expertos independientes que cuestionaron estas conclusiones. Lidiar con estos sitios del Superfondo es incluso más urgente si se considera que cualquier desastre natural “agrava y acelera” la dispersión de contaminantes provenientes de ellos.
Se ha hallado desde entonces que la cercanía a los sitios del Superfondo, particularmente aquellos que son propensos a inundarse debido a los desastres naturales, reduce la expectativa de vida de los habitantes locales por tanto como 1,22 años.
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