LUMA Energy: la corrupción gubernamental al desnudo

Autor: Antonio Camacho

Para poder entender la naturaleza monopolística, criminal, irresponsable y corrupta de LUMA, debemos escarbar un poco en la historia reciente de las gobernaciones en Puerto Rico.

Sin lugar a duda, siempre ha habido corrupción en la administración pública. Las oligarquías económicas dominantes, invariablemente, se valen del control del poder gubernamental y del endeudamiento del país para incrementar su riqueza en detrimento de las necesidades de la población en general.

La crisis de la deuda, la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal y LUMA son el resultado de esos desmanes.

Sin embargo, LUMA es el caso más dramático de un esquema de corrupción gubernamental de mayores proporciones; esquema que se inició bajo la administración del gobernador por el PNP, Pedro Rosselló (1992 al 2000). Recordemos los chanchullos que hubo con el tren urbano, cómo una y otra vez se inflaron los costos de construcción, se manipuló la ley para incurrir en deudas no autorizadas y en compromisos posteriores.

Recordemos, también, los chanchullos con la privatización de la Telefónica y los 40 funcionarios y contratistas acusados de corrupción durante su gobierno.

Rosselló aumentó la deuda pública en $12,824 millones. Impulsó la privatización de todo lo que tenía a su alcance: la telefónica, los servicios de salud y hasta las cárceles.

Todavía recordamos con indignación y coraje cómo dejaron desprovisto de tratamiento a los pacientes al desviar los fondos asignados al Instituto del SIDA para financiar la campaña electoral. Todavía resuenan en nuestros oídos las expresiones del ex asesor del gobernador, Dr. Yamil Kourí Pérez, refiriéndose al desvío de fondos y los enfermos de SIDA, “Se van a morir como quiera.”

Pedro Rosselló se hacía llamar el Mesías. En verdad fue un auténtico mesías, nos vaticinó los obscuros días por venir; la quiebra de la Isla gracias al endeudamiento que él y otros gobernadores depravados contrajeron hipotecando las generaciones futuras de puertorriqueños.

Del 2000 al 2008 gobiernan dos administraciones del PPD, la de Sila María Calderón y la de Aníbal Acevedo Vilá, gobiernos menos atrevidamente corruptos que Pedro Rosselló, pero igual de responsables de la quiebra del país. Durante la administración de Aníbal se tomaron prestados nada menos que 15,959 millones de dólares.

En el 2009 ganó Luis Fortuño por el PNP. Sin pérdida de tiempo continuó con el esquema de corrupción gubernamental de mayores proporciones iniciado por Pedro Rosselló, pero esta vez, bajo el manto de la legalidad.

Uno de sus primeros proyectos, como sabemos, fue la legalización de las mal llamadas Alianzas Público-Privadas con la aprobación de la Ley Núm. 29 del 8 de junio de 2009. De alianzas, nada. El erario público se transfería descaradamente a la empresa privada.

El objetivo de esta ley, por más que quieran encubrirlo con supuestas buenas intenciones, es crearle un paraíso a la empresa privada haciendo que el gobierno de Puerto Rico, por un lado, transfiera el erario público, como anteriormente mencionamos, a la empresa privada y, por otro, que absorba todos los riesgos que ésta incurre en las contrataciones con el Estado.

Sabemos lo que pasó bajo la administración de Fortuño, su empeño de privatizar toda propiedad pública para entregarla a amigos y familiares de la empresa privada. Recordemos la corrupción en la Autoridad de Energía Eléctrica y los contratos millonarios que se otorgaron en que el mismo Fortuño estaba involucrado. Recordemos su compromiso de no despedir ni a un solo empleado público y despidió a más de 30,000 trabajadores.

Fortuño endeudó a nuestro pueblo por la friolera de más de 17,828 millones de dólares. Sin embargo, aunque el esquema de corrupción fue de mayor magnitud en comparación con el de la administración de Pedro Rosselló, el número de acusados bajo su administración, gracias a esa ley, disminuyó drásticamente.

Desde entonces, la corrupción gubernamental vinculada a los depredadores corporativos privados, ha estado amparada, de una manera u otra, por esta ley de las Alianzas Público-Privadas.

Pero con LUMA ese esquema mafioso de corrupción ha sido más dramático. LUMA ha roto con todos los estándares de lo que podría llamarse una buena administración pública: ineptitud, incumplimiento, corrupción, desconocimiento, despilfarro de miles de millones de dólares malgastados, robados, esquilmados, tirados por el desagüe y el pueblo padeciendo penurias.

A pesar de que LUMA Energy no sólo drena impunemente los fondos del Estado sino también nuestros bolsillos, es la empresa idónea para el capitalismo depredador privado.

Contrario a lo que muchos piensan o esperan, no fue creada para servirle al pueblo. Todo lo contrario, fue creada para generar ganancias y maximizarlas con la reducción de empleados a costa de la UTIER, con la adulteración de gastos, con los aumentos arbitrarios en las facturas de luz, con la manipulación de la distribución eléctrica por medio de apagones planificados y, sobre todo, con sus riesgos y pérdidas corriendo por cuenta del estado. ¡Qué mamey! Así cualquiera hace negocios.

LUMA Energy es una empresa meramente capitalista, razón por la cual el principal oficial regulatorio, Mario Hurtado, rechazó traducir al español las expresiones del presidente de la compañía, Wayne Stensby.

Ellos no están allí para agradarle al pueblo de Puerto Rico, y menos aún, para rendirle cuentas. Están allí para generarle dividendos a los inversionistas privados, muchos de los cuales con familiares y allegados son parte de la cúpula gubernamental y, por tanto, del esquema de corrupción.

Es a ellos a quienes los funcionarios de LUMA tienen que rendirles cuentas, no al pueblo de Puerto Rico. Suena duro, verdad, pero eso es lo que nunca sale a la superficie porque el problema no es LUMA; el problema real es la corrupción gubernamental bajo el capitalismo depredador legalizado por la ley de las Alianzas Público-Privadas.

El gobernador Pedro Pierluisi con sus recientes declaraciones teatrales sobre LUMA, pretende desviar la atención de su complicidad en el esquema mafioso de corrupción.

No puede tratar de curarse en salud como si todos nosotros fuéramos tontos. Fue abogado de la Junta de Control Fiscal, y los miembros de la Junta fueron a la vez los arquitectos interesados, quienes por tras manos, engañaron al pueblo y diseñaron a LUMA.

Nos mintieron descaradamente para descalificar a la Autoridad de Energía Eléctrica y arrinconar a la UTIER. Nos mintieron para señalar y nombrar con la mayor desfachatez al director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Públicos-Privadas, Fermín Fontánez, abogado corporativo, compinche de la pandilla de Pierluisi.

Acciones intencionadas para tener completa libertad de canalizar y apropiarse de los fondos federales y de las facturaciones a los abonados de la AEE a través de la creación, por arte de magia, de una compañía fatula bajo un contrato leonino amañado.

Fermín Fontánez es un tramposo que funge como árbitro. Todas sus ejecutorias señalan que su verdadera función no es de arbitraje sino de facilitador y encubridor del esquema de corrupción de los funcionarios públicos con LUMA. (Los James Bonds del FBI se entretienen pescando sardinitas, pero ante estos tiburones, se hacen de la vista gorda.).

El gobernador Pedro Pierluisi, “ex abogado” de la Junta y amigo personal de Fermín Fontánez, es tan corrupto e irresponsable y enemigo de los verdaderos intereses de nuestro pueblo, como fue Pedro Rosselló, Luis Fortuño, Ricky Rosselló y Wanda Vázquez.

Todos ellos son parásitos que se alimentan de la miseria de nuestro pueblo. Los James Bonds del FBI se entretienen pescando sardinitas, pero ante estos tiburones, se hacen de la vista gorda, cabe reiterar.

Es importante señalar que las protestas contra LUMA son un pequeño ejemplo de los tiempos que se avecinan. Tiempos que arrastrarán a un gran sector de nuestro pueblo a la pobreza y desesperación y por consiguiente a su radicalización como clase oprimida.

Ante ese escenario, los individuos más conscientes y politizados de nuestro pueblo no pueden caer en la trampa de servir de pacificadores y por tanto aliados de la legalidad colonial. Al hacerlo se convertirían en obstáculos al cambio y, por consiguiente, en afianzadores del régimen. Si queremos una verdadera transformación política, debemos avivar y dirigir el descontento, no sofocarlo.

Como conclusión hago una exhortación al liderato de las uniones en protesta, líderes comunitarios y de organizaciones políticas. Me parece que el enfoque que le dan a las manifestaciones, no es del todo correcto. Podría dar margen a la confusión del pueblo. No es contra LUMA que se debería enfocar todo el desafío. El desafío mayor debería centrarse en contra del capitalismo depredador y del sistema colonial que impide que nuestro pueblo sea dueño de su propio destino, la derogación de la ley Núm. 29 de las Alianzas Público-Privadas, la corrupción gubernamental, la Junta de Supervisión Fiscal y, por último, contra, este, su más reciente y malvado engendro, LUMA. Las consignas, entre otras, deberían ser:

1–No más ley del pillaje. Demandamos la derogación de la ley Núm. 29 de las Alianzas Público-Privadas.

2–Queremos una nueva forma de gobernanza. El sistema no sirve. No más corrupción gubernamental, fuera Pierluisi, fuera Junta, fuera LUMA.

Sepa usted que cuando vota por cualquiera de los corruptos que pretenden o gobiernan nuestro país, usted está convalidando el saqueo de los recursos del Estado y, por tanto, las ejecutorias de LUMA.

No más complicidad con la corrupción, no vote. Frente Anti Electoral (FAE).

La lucha está en la calle.

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