Este miércoles, 20 de julio, una coalición de organizaciones antiimperialistas puertorriqueñas y mundiales protestarán frente a la oficina legal de la firma DLA Piper en la ciudad de Nueva York.
DLA Piper, una firma de abogados que representa a LUMA Energy, es uno de los muchos actores responsables del aumento en los costos de los servicios públicos en Puerto Rico. Esta protesta es en solidaridad con la movilización en toda la isla que se llevará a cabo el 20 de julio, organizada por La Alianza Energética.
Esta acción se hace eco de las demandas hechas por la Alianza Energética tales como: 1) cero aumentos en los costos de servicios públicos, 2) cero cortes a las pensiones de los trabajadores de energía eléctrica jubilados y activos, 3) una reducción del 75% de la deuda en bonos
4) empujar hacia las energías renovables como la energía solar.
LUMA Energy, una empresa privada responsable de la distribución de energía en todo Puerto Rico, es una de las últimas estratagemas neoliberales del gobierno federal. LUMA ha estado sumida en la controversia desde que se hizo cargo de la red eléctrica en junio de 2021.
Aunque LUMA se promocionó como una solución para el deterioro de la red eléctrica de Puerto Rico, la compañía no ha podido abordar los continuos cortes de energía y, de manera rutinaria, emite aumentos en los costos de los servicios públicos, a los consumidores.
Solo en julio de 2022, LUMA Energy solicitó la aprobación de un aumento del 17,1 % en el costo de los servicios públicos, a pesar de que 11 pueblos y más de 22 000 residentes durante el pasado fin de semana perdieron el acceso al agua debido a los cortes de energía. Para muchos residentes, la falta de electricidad se ha vuelto mortal, ya que los constantes apagones afectan el equipo médico y el acceso a alimentos y agua.
DLA Piper, una firma de abogados multinacional con oficinas en más de 40 países, ha sido fundamental para el trabajo de LUMA en Puerto Rico. Según el Centro de Periodismo Investigativo, DLA Piper cobra más de $1,000.00 por hora y facturó más de $40,000.00 por una semana de servicios a LUMA Energy.
LUMA utiliza estas costosas facturas como justificación para aumentar los costos de los servicios públicos para los residentes. Además, DLA Piper es asesor fiscal y cabildero en el Congreso en representación del gobierno puertorriqueño. Abogados de DLA Piper (como el abogado Manuel López Zambrana) trabajaron en legislación para zonas de oportunidad en Puerto Rico y han escrito manuales sobre cómo calificar para los incentivos fiscales de la Ley 60 en Puerto Rico.
Según Gabriela Malespin, vocera de la Resistencia Boricua de Nueva York, LUMA, los incentivos fiscales de la Ley 60 y la legislación de zonas de oportunidad han acelerado el desplazamiento en el archipiélago y diezmado la calidad de vida de los residentes de mucho tiempo: “El pueblo puertorriqueño ha dejado muy claro que LUMA ha fallado en arreglar nuestra red de energía. DLA Piper sabe el daño que su trabajo está causando en la clase trabajadora al presionar por estos incentivos fiscales. Continuaremos enfocándonos en las entidades que explotan al pueblo puertorriqueño con fines lucrativos. Hacemos un llamado a DLA Piper para que rompa sus lazos con LUMA Energy.
Además, Edwin Ortiz, vocero de Un Llamado a la Acción sobre Puerto Rico, enfatizó que “nuestras demandas no son simplemente sacar a LUMA para que otra corporación tome el control. Más bien, queremos el control público de nuestros servicios públicos y los recursos adecuados necesarios para restaurar nuestra red y hacer la transición hacia la energía renovable”.
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