(Nota del Editor: segundo de una serie de artículos.)
Dra. Martha Quiñones Domínguez
El colonialismo es un sistema político y económico por el cual un estado extranjero domina y explota una colonia: es el caso de Puerto Rico.
Así que encontramos que el colonialismo es el determinante socio económico más importante de los problemas ambientales en Puerto Rico, debido a que son los que definen la política ambiental y ejerce el poder político, económico, cultural y ambiental.
Aunque es el Estado Libre Asociado (ELA) el que crea las leyes y reglamentos para aplicar y definir las condiciones ambientales, el modelo que se copia es el de EEUU. La Constitución del ELA de 1952 incluyó la protección del medioambiente en sus artículos, pero no se cumplían.
Posteriormente, se crea la Ley 9 del 18 de junio de 1970 sobre Política Pública Ambiental, creando estructuras jurídicas-políticas. Para el siglo XXI, se debilitan los análisis ambientales con la Ley de Reforma de Permisos de Puerto Rico del 2009 que permitirían consolidar las estrategias trazadas de desmantelar y privatizar el Estado (eliminando empleados que fiscalizaban), crea la Oficina de Gerencia de Permisos donde consolidan todos los permisos y se crea un andamiaje legal que permitiría pasar por encima de la Constitución, las leyes y reglamentos ambientales, y las otras leyes para repartir ese dinero.
A eso se une el Departamento de Recursos Ambientales y Naturales (DRNA) que ante la falta de personal sus gerentes son susceptibles a la corrupción o ignorar lo que sucede para permitir los abusos ambientales o aceptar lo que entes privados presentan como estudios, la nueva forma de corrupción ambiental institucional.
Aunque los asuntos ambientales son injerencia tanto del gobierno de EEUU (federal) y del ELA, con algunas competencias delegadas, se institucionalizan acciones de racismo ambiental y colonial. El racismo ambiental y colonial se agrava desde 2016 con la imposición de la ley PROMESA y la Junta de Control/Supervisión Fiscal y sus políticas neoliberales, donde se imponen los proyectos sin importarle las personas, lo que importa es gastar los fondos federales asignados.
Con la Junta de Control/Supervisión Fiscal el colonialismo ya no se limita al ejercicio del poder sobre el territorio colonial, sino que incluye una estructura sociopolítica y jurídica que da viabilidad a la explotación de los recursos y la saca del control de los administradores coloniales. Ahora la visión del racismo ambiental y colonial es una actitud impuesta e institucionalizada y consciente desde los EEUU.
Como estamos en la colonia de Puerto Rico, reconocido así por EEUU, toda acción de política pública que atente contra el pueblo es racismo ambiental y colonial, en especial cuando son las mismas agencias que deben defendernos los que nos atacan.
El colonialismo está incrustado en todos los aspectos de la sociedad y representa una fuerza constante que genera condiciones opresivas. Utilizan el poder para imponer proyectos nefastos a la salud y el ambiente, utilizan las leyes y documentos ambientales torcidos para favorecer estos proyectos, aceptan proyectos nefastos porque se los recomiendan para crear empleos y arrastran los pies y su cuerpo ante el reclamo del pueblo, ignoran nuestros reclamos, por tratarnos como personas sin conocimiento alegando que no somos expertos; y también nos persiguen y reprimen con la ley Tito Kayak que criminaliza las luchas ambientales y comunitarias.
En pleno ejercicio de racismo ambiental y colonial, aquí manda la Junta de Control Fiscal, las élites económicas y políticas, los EEUU y sus agencias federales, los militares y ni el Gobierno del ELA o nosotros mandamos.
Hipótesis del racismo ambiental y colonial
Identificamos indicadores que manifiestan el racismos ambiental y colonial en Puerto Rico, dentro del marco legal y aplicados al municipio de Arecibo. Comenzamos a identificar patrones y manifestaciones de racismo ambiental y colonial en los documentos, noticias y las vistas públicas.
La definición de racismo ambiental, creada por Benjamín Chavis Jr. en el 1982 señala: El racismo ambiental es prejuicio racial más poder.
El racismo ambiental es el uso intencional o no intencional del poder para aislar, separar y explotar a otros.
El racismo confiere ciertos privilegios y defiende al grupo dominante, que a su vez sostiene y perpetúa el racismo.
Tanto consciente como inconscientemente, el racismo es impuesto y mantenido por las instituciones legales, culturales, religiosas, educativas, económicas, políticas, ambientales y militares de las sociedades.
El racismo es más que una actitud personal; es la forma institucionalizada de esa actitud; en las violaciones de las leyes ambientales, reglamentos y la Constitución. Vamos identificando cómo se van violentando los mismos, en especial al permitir la ubicación de un vertedero en la Reserva Natural del Caño Tiburones.
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