La ley protege a los visitantes que deseen recorrer la ribera del Río Mameyes en Junglequi

Jaime Torres Torres

Don Janer Ramírez descendió río abajo para darse un chapuzón en la charca Las Brujas, donde aprendió a nadar durante su infancia en el Barrio Mameyes de Luquillo.

Temprano había estacionado junto a su familia en los terrenos de la antigua YMCA, que administra hoy la empresa Junglequi Zipline, al final de la carretera estatal PR-990 en el Barrio Barcelona de Río Grande.

Eso sucedió la mañana del pasado viernes 10 de junio y durante la primera hora disfrutaron en el charco La Barrigona del aludido río.

De repente, llegaron turistas norteamericanos acompañados al paradisiaco lugar por guías puertorriqueños. Llegaban por decenas en lapsos de alrededor de una hora para lanzarse a la piscina natural desde una superficie de cemento y más arriba desde una soga amarrada a un árbol.

Don Janer y su familia optaron por caminar por una vereda a la orilla del Río Mameyes, observando afluentes secos y los cables, escaleras y superficies de madera tratada que literalmente estrangulan los troncos de árboles de muchos años allí que la administración de Junglequi Zipline utiliza para su negocio, patrocinado también por turistas.

Al final de la vereda caminó a través del río y llegó a Las Brujas, una charca que, según dijo, conserva su encanto natural porque poca gente conoce su localización en El Yunque.

Como Junglequi cierra los portones de la PR-990 a las 2:30 p.m., Don Janer regresó río arriba, cuando de repente un guardia de seguridad armado y un individuo, identificado como Rafael y quien dijo que es dueño de Junglequi Zipline, lo increparon.

El presunto dueño, en tono autoritario y prepotente, sin importarle que hubiera una niña presente, una joven mujer y una adulta mayor, dijo a los visitantes que se encontraban en propiedad privada. Janice, la hija de Don Janer, le recordó que el río no es propiedad privada. El dueño ripostó que podía devolver los $5 que pagaron por el estacionamiento y en lo sucesivo reservarse el derecho de admisión.

Posiblemente Rafael desconoce la Ley de Aguas de Puerto Rico.

Establece y corresponde citar: “Define la propiedad de dominio público y dominio privado sobre álveo o cauce natural de las aguas, fondo de los lagos, lagunas o charcas. Define las riberas o las fajas laterales de los álveos, señala que, en situación de ser de dominio privado, existe una servidumbre de uso público en interés general […] y una zona de tres metros en la extensión y márgenes de la ribera, sujeta a ensancharse y estrecharse de ser necesario para interés público”.

La Ley para la Conservación, el Desarrollo y Uso de los Recursos de Agua de Puerto Rico, la Número 136 del 3 de junio de 1976, estipula que entre los bienes de dominio público marítimo-terrestre “se incluye la ribera del mar y de los ríos”.

En los terrenos de propiedad privada en la zona marítimo-terrestre por gravamen legal se deberá constituir “una franja de 20 metros de ancho contados hacia el interior de la tierra desde la delimitación de la zona marítimo-terrestre”.

También la ley ordena que “en los pasajes de tránsito difíciles o peligrosos podrá internarse la vía o franja a más de 6 metros”.

Ni los propietarios de Junglequi Zipline ni los vecinos del Barrio Barcelona parecen conocer la ley. En su momento la YMCA y la propia Autoridad de Carreteras deberán explicar con qué autoridad precisamente han clausurado la carretera estatal PR-990.

A las 2:30 p.m. cierran el portón, privando a la comunidad y al pueblo en general de acceso al río, que es un bien de dominio público. Los dueños de Junglequi Zipline, conforme a la ley, están obligados a facilitar el acceso al recurso natural mediante servidumbres de paso y franjas o vías entre 3, 6 y 20 metros para que la gente camine y disfrute de los bienes de dominio público.