JAIME TORRES TORRES
Abundan agentes de la Policía de Puerto Rico muy comprometidos con su rol en la sociedad: garantizar el orden público y la seguridad de la ciudadanía.
Pero en la uniformada tampoco faltan oficiales que, por sus actuaciones, son más enemigos que amigos del Pueblo.
No hablemos de los fines de semana en que brillan por su ausencia en las vías públicas, cuando el País se asemeja más a una anarquía en que las gangas de motociclistas entorpecen el flujo vehicular con sus acrobacias y excesos.
Tampoco hablemos de los oficiales que, en la presente ola de calor y sin importar el alto costo del combustible para los vehículos oficiales, que pagamos usted y yo, pueden estar hasta dos y tres horas estacionados hablando por teléfono en el confort del aire acondicionado y sin ofrecer vigilancia.
Hablemos de los patrulleros que literalmente se dedican a perseguir a los automovilistas e imponen con todo su rigor el peso de una Ley de Tránsito punitiva, abusiva y exagerada.
Un ejemplo es suficiente.
El pasado 14 de mayo, alrededor de las 4:30 p.m., el agente Johnny Ramos Silva, placa # 26416 de Patrullas de Carreteras en Mayagüez, intervino en Guaynabo con el ciudadano Dwight Cordero Laguerre, quien regresaba a su casa después de un día de trabajo en casa de su pariente Beatriz Arroyo en la Urbanización Dos Pinos en Río Piedras.
Se desconoce cómo el agente Ramos Silva, adscrito a Mayagüez y según información recopilada por Prensa sin censura muy eficiente en el área de Cabo Rojo en lo que a la expedición de boletos se refiere, intervino con Cordero Laguerre en la PR-169 en Guaynabo,
Cordero Laguerre es un ciudadano, sin educación y profesión, que sobrevive haciendo chivitos. Esa tarde recibió tres boletos, ascendentes a $450. Lo que se ganó se duplicó en pérdidas para su bolsillo. Fue multado por $50 por la infracción 6.17 relacionada a no realizar las señales manuales o eléctricas al cambiar de carril.
A bordo de su compacto Nissan, rojo oscuro de 1992, tablilla 973662, número de registro 3365977 y aunque destartalado con su sello de inspección al día, también recibió una multa de $100 por la infracción 14.07 (a) por manejar desprovisto de luces direccionales.
La tercera multa, ascendente a $300, se le fijó por violar el artículo 1415 (a), relacionado a usar en el sistema amortiguador de sonido, válvulas de escape o cualquier otro aditamento con el propósito de producir ruido y/o desprovisto de amortiguador de escape.
El mofle del carro deteriorado de Dwight está defectuoso. Aún así se le fijó la multa de $300.
En cada boleto se detalla que si paga en CESCO Digital dentro del periodo de 15 días a partir de la fecha de las infracciones tendrá un descuento del 30%. Luego de 15 días y antes de los 30 días el descuento será de 15%.
“Se le ayudó con la redacción de tres mociones por derecho propio, una por cada boleto y a $6 el sello. No era de noche para que por el mofle roto le diera ese boleto. Ese policía es conocido en el área de Cabo Rojo por expedir muchos boletos. Que se vaya a perseguir a los pillos y corruptos y deje a la ciudadanía en paz”, dijo su pariente Beatriz Arroyo, quien ha denunciado la injusticia en las redes sociales.
Lo próximo será la radicación de un recurso de revisión en la región judicial de Bayamón. Las revisiones de boletos de tránsito es un derecho que tienen los ciudadanos cuando un oficial de tránsito abusa de su poder como, al parecer, ocurrió en el caso de Dwight Cordero Laguerre.
Prensa sin censura 