Los puertorriqueños pierden sus playas

JAIME TORRES TORRES

Ahora se habla de islotes privados en el Archipiélago Borincano. Que si Palominos pertenece al capital y Palominitos también.

Tampoco se salvan los terrenos aledaños a la Poza del Obispo en Islote, Arecibo.

En Loíza, en la PR-187, justo frente a la instalación de la AAA y a pasos del sector Los Frailes en dirección a Vacia Talega, hay varias cuerdas colindantes con la playa de arena clara segregadas con verjas que impiden el acceso de los loiceños y el Pueblo en general.

En Luquillo, aunque el alcalde popular, Jesús Jerry Márquez, aparente que se alinea con los constituyentes que se oponen a la venta y desarrollo de cuerdas del bosque marino del litoral conocido como Punta Bandera, la venta con el atractivo nombre de Maremio ya es un hecho.

Los nuevos dueños son, en su mayor parte, inversionistas del bitcoin que se siguen estableciendo en Borinquen por los beneficios de las leyes 20-22. Puerto Rico, simple y llanamente, es paraíso fiscal para los millonarios y para la clase trabajadora un infierno financiero de condena a la pobreza y las carencias de lo básico para vivir.

Triste realidad gracias a la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, la mal llamada PROMESA.

La Sección 104 del Título I de la Ley PROMESA detalla los poderes de la Junta Federal de Supervisión Fiscal. En su inciso 3 (e) alude a Regalos, Legados y Donaciones. Se sorprenderá al leer que prácticamente es conceder licencia para el truco: “La Junta de Supervisión podrá aceptar, utilizar y disponer de toda clase de regalos, legados o donaciones de servicios o valores, tanto en propiedad real como personal, con el fin de ayudar o facilitar la labor de la Junta de Supervisión”.

La Junta de Control Fiscal, la sentencia de empobrecimiento y desplazamiento que Barack Obama y Alejandro García Padilla dejaron caer con todo su peso sobre Puerto Rico, es el germen del saqueo neocolonial.

Amén de la corrupción PNP-PPD, la Junta llega a cuadrar la caja arrasando con el patrimonio sin que los políticos, comenzando con el gobernador y la comisionada residente, puedan tan siquiera intentar frenar el desmembramiento de los recursos de Puerto Rico.

Aunque se ahoguen en nuestras playas, el sueño del millonario promedio o magnate promedio del bitcoin es ser dueño de un solar con acceso directo al mar. La Ley PROMESA provee para eso y otros trucos de desplazamiento como los AirB&B.

Aparte de la venta de nuestras playas en Río Grande, Luquillo, Fajardo, Loíza, Vega Baja, Dorado, Arecibo, Isabela, Aguadilla, Rincón, Cabo Rojo, Salinas, etcétera, la gentrificación avanza también con el negocio de alquiler a corto plazo: las llamadas AirB&B.

Triste es que detrás de la venta de las propiedades del Pueblo encontramos puertorriqueñas y puertorriqueños profesionales del negocio de las bienes raíces que ganan mucho dinero vendiendo irónicamente lo poco que queda de País.

Respecto del alquiler a corto plazo, cuyos tentáculos también asfixia a los titulares de apartamentos en condominios, la situación es alarmante.

Observe la gráfica publicada por el Centro para la Nueva Economía (CNE) para que se entere de la magnitud del problema del desplazamiento costero, aunque el negocio también es redondo en la montaña.

Otro ejercicio recomendable es observar la abundancia de extranjeros en nuestras playas, centros comerciales y lugares como el Viejo San Juan o el Condado. Es la confirmación de la gentrificación o desplazamiento que es más evidente porque, aunque la Prensa corporativa no lo publica, la emigración al Norte continúa.

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