CPI demanda a la Junta de Control Fiscal por acceso a la información

Para Prensa sin censura-Noticias

Entidades de prensa y derechos civiles de Puerto Rico y Estados Unidos, como la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Espacios Abiertos, LatinoJustice y el Reporters Committee for Freedom of the Press, a cuya petición se unieron The Atlantic, CNN en Español, las cadenas McClatchy y Gannett, el Boston Globe, el Pulitzer Center on Crisis Reporting, la Society ofProfessional Journalists, la News Leaders Association y otras 20 organizaciones periodísticas, presentaron ante el Tribunal Federal del Primer Circuito en Boston su posición como amigos de la corte (amicus curiae) en apoyo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en un caso contra la Junta de Control Fiscal (JCF) por acceso a la información.

La Junta es una entidad impuesta en 2016 por el Gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico para tomar control de las finanzas públicas y las políticas fiscales.

Hace cuatro años que el CPI demandó a la Junta para obtener acceso a varias categorías de información pública, incluyendo sus comunicaciones con el Gobierno de Puerto Rico y el de los Estados Unidos. El juez federal Jay A. García Gregory emitió en 2018 una decisión a favor del CPI en la que determinó que, como agencia del Gobierno de Puerto Rico, la Junta está obligada a cumplir con el derecho de acceso a la información bajo la Constitución de Puerto Rico.

Aunque el CPI recibió una parte de los documentos, el proceso legal ha llegado al punto en que la Junta de Control Fiscal apeló al Tribunal del Circuito de Boston para evitar entregar las comunicaciones que faltan sin justificar por qué no las entrega.

“Aquí hemos visto en titulares de prensa, apenas la semana pasada, cómo el Gobernador Pedro Pierluisi le pide a la Junta que no recorte las pensiones ni el presupuesto, vemos cómo la austeridad ha desmembrado a la Universidad de Puerto Rico, tenemos que creer que no hay recursos para la Procuradora de las Mujeres, escuchamos la justificación de falta de recursos para la privatización de las lanchas a Vieques y Culebra, o los recortes que podrían dejar sin acreditación al Conservatorio de Música… pero no tenemos acceso a todo el tracto de los intercambios entre el Gobierno y la Junta, para evaluar las motivaciones, los argumentos y datos, si los hubo, y cómo se establecen prioridades. El apoyo de un grupo tan amplio y variado de entidades respetadas en el campo del periodismo, la transparencia y los derechos civiles nos conmueve y nos renueva el entusiasmo para seguir adelante en este caso”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.

El alegato de oposición a la apelación de la Junta fue presentado por los abogados Judith Berkan y Steven Lausell Recurt ante Boston el pasado 18 de junio. “El análisis legal de la Junta sobre PROMESA desafía la lógica. La Junta esencialmente reclama inmunidad absoluta… Si el Congreso hubiera querido que la Junta fuera absolutamente inmune a las demandas, ciertamente podría haberlo dicho. No lo hizo. Si el Congreso hubiera querido aislar a la Junta de los reclamos de la ley de Puerto Rico… podría haberlo hecho. En cambio, hizo todo lo contrario… Es difícil entender por qué la Junta ha abogado por una lectura tan claramente ilógica de la ley, si no fuera por una necesidad solapada y paternalista de querer ocultar lo que hace al Pueblo de Puerto Rico. Los argumentos de la Junta en la apelación, así como sus acciones de litigio, constituyen un ataque frontal al derecho fundamental de acceso y la transparencia que ha sido tan celosamente protegido por la ley de la Corte Suprema de Puerto Rico durante décadas de jurisprudencia aplicable”, establece el documento apelativo.

Por su parte, LatinoJustice, que tiene una larga trayectoria defendiendo los derechos humanos, constitucionales y civiles de los puertorriqueños que viven en Puerto Rico, así como en la diáspora, dijo tras radicar su amicus: “Nuestra organización no puede permanecer en silencio ante el abuso de poder y falta de transparencia de la Junta de Control Fiscal al negarse a producir miles de documentos solicitados por el Centro de Periodismo Investigativo basándose en un argumento absurdo de que no le aplican la leyes federales por ser una entidad local y que tampoco le aplican las leyes de Puerto Rico relacionadas al acceso de información pública por ser incompatibles con la ley por la cual fue creada. La Junta intenta operar bajo un manto de secretividad e infringir el derecho de los puertorriqueños al acceso de información pública y, por ende, de fiscalizar efectivamente al gobierno. LatinoJustice se enorgullece de apoyar a CPI y comparecer como amigo de la corte ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston”.

En su escrito de amicus la Lcda. Ariadna Godreau, quien representó a la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), destacó que “estos procesos ocurren dentro de una crisis de austeridad de una jurisdicción asediada por múltiples desastres y con un espacio limitado para la participación ciudadana. Los periodistas, en particular las organizaciones de medios independientes, asumen la responsabilidad de promover la transparencia y el acceso a la información para mitigar el impacto de la falta de rendición de cuentas en las libertades cívicas. […] La Junta sostiene que está exenta de las disposiciones legales y constitucionales relacionadas al derecho a la información. Sin embargo, la Ley PROMESA no reemplaza las leyes locales, federales o internacionales que otorgan a la prensa acceso a los documentos custodiados o preparados por la Junta. Además, debido a que la Junta es una entidad gubernamental, debe cumplir con las leyes internacionales de derechos humanos ratificadas por el Congreso de los Estados Unidos y la Constitución de Puerto Rico”.

“Mientras la Junta exige transparencia al Gobierno de Puerto Rico (en lo que el CPI está de acuerdo), defiende celosamente su propio derecho a operar en el oscurantismo, supuestamente en beneficio de la gente de Puerto Rico, pero de hecho, en violación de sus derechos constitucionales”, apunta el escrito apelativo.

“Este pleito resalta una perspectiva poco discutida: que la Ley PROMESA no aplica solo a Puerto Rico y que es un experimento sobre cómo tratar la quiebra de ciudades y municipalidades. Las luchas que damos aquí tienen repercusiones profundamente. En el CPI estamos agradecidos de que los aliados que logramos sumar tomaran una acción contundente a favor del acceso a la información en este proceso tan importante”, concluyó Oscar J. Serrano, coordinador del Programa de Transparencia del Centro.

 

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