Investigación periodística: Morboso escenario de recaudación en las telecomunicaciones

Periodista Investigativa

Sandra D. Rodríguez Cotto

En Blanco y Negro con Sandra

Para Prensa sin censura

Mientras miles de puertorriqueños seguían desesperados por estar incomunicados a seis meses del devastador paso del huracán María, el escenario de recaudación de fondos políticos para el entonces gobernante Ricky Rosselló, era morboso. 

La verdadera acción se develaba al interior del binomio compuesto por la industria de las telecomunicaciones y el gobierno. Los actores principales de esta tragedia estaban más pendientes a colectar dinero para la campaña política, que en reparar la red que provocó tantas muertes y enfermedades.

En muchos lugares la gente no podía tan siquiera llamar a una ambulancia para atender sus emergencias familiares. Tampoco podían comunicarse con un cuartel de la policía. En los 78 pueblos de Puerto Rico tenían bajas en los servicios de teléfonos y celulares. La conexión a Internet sólo estaba disponible en zonas metropolitanas, y el cable TV no existía. Todo se había colapsado. Dos huracanes, primero Irma y después María, arrasaron con todo.

Pero a seis meses de esos huracanes, la presidenta de la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones, Sandra Torres, y su mano derecha y compinche, la contratista Katherine Erazo, estaban más pendientes a pedirle dinero a las mismas empresas que regulaban, que a resolver los problemas del pueblo.

Ese es el escenario sórdido y truculento que dio pie hace dos días a que la jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Ileana Blanco Maldonado, determinara causa para el arresto de Torres. Esto, tras examinar la prueba que presentó el triunvirato de fiscales especiales independientes Ramón Mendoza, Leticia Pabón y Juan Catalá.

CONTROL DE LA OPINIÓN PÚBLICA

Pero de ese escenario ruin, nadie habla. La misma industria de las telecomunicaciones, la prensa y los políticos del país, esta semana desviaron la atención a temas, que también son importantes, pero no tan rastreros. Acaparó la atención el mensaje del gobernador Pedro Pierluisi ante la Asamblea Legislativa, el alza peligroso en los casos de Covid-19, y el cierre de las escuelas por dos semanas.

La industria de las telecomunicaciones no se ha pronunciado sobre el esquema de corrupción política y del caso en que ahora son figuras como el presidente de Claro, Enrique Ortiz de Montellanos, y sus cabilderos y abogados como Francisco Silva Salcedo y el exrepresentante Ángel Cintrón (exdirector de campaña del alcalde de San Juan, Miguel Romero).

No. La industria desviaba la atención primero en anunciar un estudio que decía que Puerto Rico está entre los países con velocidad más rápida de Internet, ocupando la posición 21 a nivel global. Después, en que la empresa T-Mobile ya tiene el servicio de 5G disponible en el 80% de su red en Puerto Rico.

En un acto dudoso y raro en estos casos de corrupción, la Oficina de Ética Gubernamental hizo una pesquisa administrativa a la misma vez que el panel del Fiscal Especial Independiente llevaba una investigación criminal. Ética determinaba que el testigo contra Torres, su ex ayudante Excel López, mintió. Pero, en una vuelta de tuerca, el mismo día que en el tribunal se vería el caso, el jueves ocho de abril, Ética le archivó la querella a Torres. Pero al rato, casi a la una de la tarde de ese mismo jueves, el Tribunal determinó causa para arresto contra Torres por usar su cargo para hacer campaña.

RETORCIDOS INTERESES

Lo que nadie puede discutir en medio de los asuntos investigativos, es el impacto que tuvieron los actos del gobierno y la industria en los ciudadanos.

El huracán María fue el 20 de septiembre de 2017. Al día siguiente, 21 de septiembre de 2017, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) emitió el primer informe oficial en que decía todo había colapsado.

El 4 de octubre de 2017 la FCC aprobó asignar un adelanto de $77 millones para reestablecer la conexión de telecomunicaciones en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. Para el 3 de noviembre de 2017, el presidente o “Chairman” de la FCC, Ajit Pai vino a la isla a evaluar la situación.

Pero a 6 meses ocurrió lo más truculento. Al 21 de marzo del 2018 la FCC reportó municipios como Vieques que todavía estaban en un 33.3% sin servicio. Maunabo en un 25%, San Lorenzo en un 22.7% sin servicio, Naguabo en 17.4% y Florida en un 16.7%. Pueblos como Adjuntas, Aguas Buenas, Arroyo, Barranquitas, Cidra, Corozal, Jayuya, Las Marías, Peñuelas y Villalba, estaban entre un 10 y un 14% sin conexión.

El resultado de todo este escenario patológico de corrupción demostró los verdaderos intereses. La gente desesperada, pero en la Junta pendiente a buscar dinero para la campaña.

Todo esto trasciende ahora, cuando eran inminentes las acusaciones criminales. Y entonces, como si tratara de una puesta en escena de la Muerte y Pasión en plena Semana Santa, hace dos semanas, Erazo se arrepintió. Hizo como Judas Iscariote que vendió a Jesucristo por unas monedas y se convirtió en delatora.

HIZO COMO JUDAS

En Mateo 26:15 se le atribuye a Judas Iscariote preguntarles a los sacerdotes del templo: “¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le señalaron treinta piezas de plata”.

Erazo fue la mano derecha, contratista y la que planificaba las recaudaciones de fondos con Torres. Pero si no se hubiera convertido en colaboradora del FEI, también hubiera sido acusada. La Ley del FEI le da prioridad a encausar a los jefes de agencia, no a los coautores y el testimonio de Erazo fue pieza clave para radicarle a Torres, según confirmó la presidenta del panel del FEI, Nydia Cotto Vives.

Así fue como Erazo se salvó de esta, por ahora. A Torres, en cambio, le toca enfrentar tres cargos: un cargo por aprovechamiento ilícito de trabajos y servicios públicos (Art. 252 del Código Penal) y dos por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental en su Artículo 4.2 en sus incisos b y m. Se le fijó una fianza de $45,000.

Ahora falta ver cómo se desenvuelve este caso. Sólo basta con recordar los nexos políticos de ambas funcionarias, especialmente Erazo. 

VÍNCULOS FAMILIARES

Es importante recordar que Erazo es la exesposa del expresidente del Senado, cabildero y miembro de la Comisión por la Igualdad, Charlie Rodríguez. Ambos son padres de Valerie y de Nicole Rodríguez Erazo y suegros de Jorge del Pino y de la mano derecha de Rosselló, el cabildero Elías Sánchez.

Nicole Rodríguez Erazo era consultora de la agencia de publicidad KOI, de Edwin Miranda, que tuvo sobre $50 millones en contratos con el gobierno Rosselló. Fue además dueña de Access Consulting Group, vinculada a Turismo, entre otros. Su esposo es Jorge del Pino, quien incorporó a Unidos por Puerto Rico, entidad que administró los millones de dólares que llegaron de ayudas durante el huracán María y que todavía hoy hay dudas sobre cómo se distribuyeron.

Valerie Rodríguez Erazo era dueña de CDO Group P.S./C., empresa que acumuló sobre $245,000 en contratos con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres bajo Wanda Vázquez, a quien también asesoró cuando fue Secretaria de Justicia. Vázquez no la investigó ni en ese puesto ni cuando llegó a la gobernación.

Por el contrario, Vázquez protegió a una de las amigas íntimas de Valerie Rodríguez, Mabel Cabeza, quien fue destituida de Salud por desviar las primeras 500 pruebas Covid en Salud, como revelamos en el medio En Blanco y Negro. La movió a La Fortaleza.

Por su parte, Elías Sánchez, alias “Fdo” en el chat de Telegram que le costó el puesto a Rosselló, fue su director de campaña, representante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal, participó en negociaciones con los bonistas de Puerto Rico, y mantuvo negocios a través de Veritas Consulting y Wolf Popper.

(Otras referencias: https://fb.watch/4Mr5l_MCyq/ y https://www.youtube.com/watch?v=1katqXePZsM )

Katherine Erazo y Sandra Torres recogían dinero mientras la gente estaba incomunicada.

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