Política
(San Juan, Puerto Rico – 12 de noviembre de 2026) – El Senado considerará en el calendario legislativo de hoy la Resolución Concurrente del Senado 23, radicada la semana pasada por el senador Adrián González Costa y la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, en la que se reclama a la gobernadora, Jenniffer González Colón, que ordene la separación inmediata de Suzanne Roig Fuertes como secretaria del Departamento de la Familia, al considerar insostenible su permanencia al frente de una de las agencias de mayor responsabilidad social del Gobierno.
“Lo que estamos viendo en el Departamento de la Familia es sumamente grave. No estamos hablando de simples controversias administrativas ni de diferencias políticas. Estamos hablando de cuestionamientos serios sobre el manejo de fondos públicos y federales, procesos de contratación millonarios, posibles conflictos de interés, contradicciones entre testimonios ofrecidos bajo juramento y documentos entregados al Senado, y una funcionaria que no ha cumplido cabalmente con los requerimientos de información de este Cuerpo. La gobernadora tiene que actuar. No puede seguir mirando hacia otro lado”, expresó González Costa.
La resolución de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, recoge los hallazgos y las situaciones documentadas durante la investigación senatorial sobre los procesos de contratación del Departamento de la Familia, particularmente en torno a la adjudicación del programa Star Academy a la empresa NOLA Education, LLC, por una cantidad estimada entre $37.5 y $38 millones en fondos federales destinados a familias de escasos recursos.
Entre los elementos más preocupantes figura el testimonio ofrecido bajo juramento por Roig Fuertes ante la Comisión senatorial el pasado 7 de octubre, cuando sostuvo que los gastos de alimentación durante su viaje a Luisiana habían sido sufragados en efectivo. Sin embargo, documentación posteriormente suministrada por la propia empresa NOLA Education reflejó que esta cubrió $13,525.05 en gastos de alimentación, bebidas, refrigerios y transportación para la secretaria y otros seis integrantes del grupo.
Asimismo, la medida expone las discrepancias entre el testimonio de la secretaria sobre la participación de Coccoloba AgroEnvironmental en el proceso competitivo y la declaración jurada de su presidente, quien sostuvo que la empresa declinó participar y nunca presentó una cotización ni propuesta.
La investigación también aborda la adjudicación de un contrato de $355,646 a SAMU Foundation Corp., así como otros viajes oficiales cuyos gastos y circunstancias continúan bajo examen legislativo.
“Una secretaria de Gobierno tiene la obligación de rendir cuentas, decir la verdad y cooperar con las investigaciones de la Asamblea Legislativa. No puede pretender que sus declaraciones estén por encima de la evidencia documental ni que los requerimientos del Senado sean opcionales. Cuando la credibilidad de una funcionaria queda comprometida de esta manera, su permanencia en el cargo se convierte en un problema para la confianza pública y para el propio funcionamiento de la agencia”, añadió el Senador.
González Costa destacó que el Senado no puede limitarse a observar pasivamente situaciones que comprometen la transparencia y la responsabilidad en la administración pública. Recordó que fue este mismo Cuerpo el que otorgó el consejo y consentimiento para el nombramiento de Roig Fuertes y que, ante los hechos conocidos posteriormente, tiene la responsabilidad de ejercer sus facultades constitucionales de fiscalización.
“Los fondos del Departamento de la Familia no le pertenecen a ningún funcionario ni a ninguna administración. Son recursos destinados a atender las necesidades de nuestra gente, particularmente de las familias más vulnerables. Quien dirige esa agencia tiene que estar a la altura de esa responsabilidad. Puerto Rico no puede normalizar que una funcionaria cuestionada por el manejo de contratos millonarios y por sus propias declaraciones ante el Senado continúe ejerciendo sus funciones como si nada hubiese ocurrido”, sostuvo.
La delegación del PIP reiteró que la exigencia de separación no responde a consideraciones partidistas, sino a la responsabilidad de proteger el interés público, garantizar la transparencia gubernamental y preservar la confianza en las instituciones.
“Esperamos que la medida sea aprobada hoy con el apoyo de todas las delegaciones. La gobernadora tiene ante sí una decisión que no admite más dilaciones. Tiene que anteponer el interés del país a cualquier consideración política y separar inmediatamente a Suzanne Roig Fuertes del cargo. La responsabilidad de nombrar funcionarios conlleva también la responsabilidad de exigirles cuentas cuando sus actuaciones comprometen la confianza pública”, concluyó González Costa.
