Educación
Nota del Editor: Última entrega de una serie en que Prensa Sin Censura documentó el contenido de la carta que el sindicato EDUCAMOS dirigió al secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.
Por EDUCAMOS
La escuela pública no debe confundirse con una empresa privada. La administración de lo público debe estar dirigido por principios de justicia social, participación democrática, transparencia y profunda convicción en la educación pública como derecho humano fundamental que posibilita el desarrollo de las potencialidades humanas. Hemos visto cómo los principios pedagógicos han sido los menos importantes al momento de implementar políticas públicas. No se puede mejorar el sistema educativo maltratando y menospreciando al magisterio y su labor.
Actualmente, vemos decenas de plazas docentes vacantes, estudiantes del Programa de Educación Especial sin sus Asistentes de Servicios, y familias enteras navegando la burocracia al momento de radicar querellas para la provisión de servicios y terapias a sus hijos. Sabemos, que en la actualidad, existen más 791 querellas por Remedio Provisional, derecho educativo que el Departamento de Educación puede garantizar y que, en gran medida, termina restringido y posteriormente dirigido hacia instituciones privadas que reciben pagos por parte del propio Departamento de Educación. Nos reiteramos en que todo servicio debe ser ofrecido como parte del Departamento de Educación, sin desviar fondos estatales o federales a entidades privadas.
EDUCAMOS insiste en que las decisiones en materia de política educativa deben fortalecer siempre la escuela pública. Ante el decrecimiento poblacional y la prevalencia histórica del rezago académico, agudizado desde el paso del huracán María hasta la pandemia del COVID-19, resulta pedagógicamente adecuado realizar un ajuste al tope de estudiantes por grupo. La diferenciación educativa solo es posible si el magisterio cuenta con períodos ininterrumpidos de capacitación y de TADO. A su vez, la respuesta a las necesidades educativas de los estudiantes constituye una responsabilidad fundamental del Departamento de Educación. La única manera posible de ampliar el tiempo lectivo es reduciendo la cantidad de estudiantes por grupo con todo lo que eso implica en cuanto a nombramientos, facilidades y materiales.
Por tanto, más allá de los cálculos presupuestarios mezquinos impuestos por la Junta de Control Fiscal, le insistimos a usted, señor Secretario, que se coloque del lado del pueblo y de las necesidades reales de nuestros estudiantes, y no de los intereses de personas que no han sido electas democráticamente por el país.
Las estadísticas reflejan una realidad ineludible. Para el año académico 2024, el Departamento de Educación reportó que el 80.6% de los estudiantes vivía bajo el umbral de pobreza y que el 33% de sus estudiantes presentaba algún tipo de impedimento. Esta realidad exige respuestas fundamentadas en criterios pedagógicos y en principios de justicia social.
Por tanto, EDUCAMOS exige:
● el ajuste de 12 a 15 estudiantes por grupo en todas las escuelas públicas de Puerto Rico, excepto en aquellas en donde el Programa Educativo Individualizado disponga otras alternativas;
● la eliminación de cargas laborales ajenas a las áreas de peritaje del docente, por ejemplo, que se contrate personal adecuado para cubrir el currículo de Salud Emocional;
● salvaguardar que los períodos de capacitación y de TADO (Otras tareas docentes) sean utilizados para fines de docencia, planificación, evaluación, reunión vinculantes y creación de materiales;
● fortalecer el Programa de Maestros Sustitutos para erradicar la imposición de las sustituciones, asunto que repercute en la sobrecarga laboral para el personal docente y para los Equipos Interdisciplinarios.
Gran parte de estas medidas no requiere nueva legislación. Muchas de ellas pueden implementarse mediante decisiones administrativas, asignación adecuada de recursos y una voluntad política genuina dirigida a fortalecer la escuela pública. Lo que hace falta no es la creación de nuevas estructuras burocráticas, sino el compromiso inequívoco de colocar las necesidades educativas de nuestros estudiantes y las condiciones de trabajo del magisterio por encima de las políticas de austeridad que durante años han debilitado el sistema educativo público.
El estudio más reciente sobre la realidad del magisterio puertorriqueño establece inequívocamente que casi un 60% del magisterio está dispuesto a dejar el magisterio ante las condiciones en que tiene que desempeñar su labor. Algunos de los resultados de la Investigación docente en Puerto Rico 2026, realizada por la Fundación SM, señalan que:
“Este estado anímico se refleja en el elevado porcentaje de docentes que han experimentado agotamiento físico y mental (71%), falta de ilusión (34%) o síntomas compatibles con la ansiedad y depresión (42%), síntomas cuya prevalencia es mayor en la educación pública y menor entre el grupo docente con mayor antigüedad. En consecuencia, la mitad estarían dispuestos a abandonar la docencia, porcentaje que asciende al 59% en el caso de la educación pública. Diversos estudios alertan del deterioro de la salud mental del cuerpo docente. Las causas son múltiples: demasiado trabajo administrativo, adaptar las clases a las Necesidades Especiales, ser intimidado por el estudiantado, atender las demandas de las familias, no disponer de tiempo para la preparación de clases o ser considera responsables del aprendizaje.”
Puerto Rico merece una escuela pública fortalecida, capaz de responder a los desafíos sociales, económicos y educativos del presente. Las propuestas aquí planteadas no constituyen privilegios ni peticiones extraordinarias; representan condiciones mínimas para garantizar una educación de calidad y para dignificar la labor de quienes sostienen diariamente el sistema educativo. Esperamos de su administración acciones concretas, diálogo transparente y respuestas oportunas. Defender al magisterio, atender las necesidades de nuestros estudiantes y fortalecer la escuela pública es, en última instancia, defender el presente y el futuro del país.
Eva L. Ayala Reyes
Presidenta del Sindicato Magisterial EDUCAMOS
