Educación
Nota del Editor: Iniciamos una serie varios artículos sobre la carta que el sindicato EDUCAMOS cursó ayer al secretario de Educación Eliezer Ramos Parés.
Por EDUCAMOS
Sirva la presente para expresar nuestra indignación ante el estado actual de las condiciones de trabajo del magisterio, y a su vez, ante las condiciones de estudio de nuestros estudiantes del sistema educativo público.
Puerto Rico necesita salvaguardar el sistema educativo público como un servicio esencial y un derecho humano. Es urgente que tanto usted como la gobernadora de Puerto Rico asuman posturas claras en la defensa de la escuela pública y de la justicia social que supone su fortalecimiento.
Seguridad social, justicia salarial y un alto a la criminalización del magisterio
El robo del retiro digno y el aumento en la edad de jubilación ha sido el golpe más fuerte de las últimas décadas contra quienes dedican, por lo menos, 30 años de su vida a mantener en pie el sistema educativo y a servir a nuestra niñez y juventud. Tan reciente como el 29 de septiembre de 2026, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico emitió un comunicado en el cual expone que Puerto Rico envejece aceleradamente y que su índice de vejez aumentó 41% entre 2020 y 2025. El Dr. Orville M. Disdier Flores, director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, reconoce que: “Los datos nos están mostrando un Puerto Rico distinto al de hace apenas unos años. Una población que envejece aceleradamente, acompañada de cambios en su composición y en sus necesidades, requiere que pensemos y actuemos de manera diferente en cómo planificamos los servicios de salud, el cuidado de nuestros adultos mayores y el desarrollo de nuestras comunidades.”
Sobre usted recae una enorme responsabilidad. Es necesario colocar como prioridad la seguridad social del magisterio ante los nefastos cambios provocados por la reforma del Sistema de Retiro de Maestros. El aumento en la edad de jubilación y la significativa disminución de sus pensiones vitalicias colocan al magisterio del sistema educativo público ante una verdadera crisis, aumentando su percepción de inseguridad y vulnerabilidad. A esto se le añade la inexistencia de una alternativa efectiva de retiro por incapacidad, lo que empeora las condiciones de vida para cientos de docentes. Esto ha provocado que tengamos compañeros/as con enfermedades crónicas y casi en proceso de agonía que se ven obligados a trabajar, algunos hasta han fallecido en su labor. A otros hasta se le ha negado el acomodo y la cesión de días, llegándose al extremo de aplicarles acciones disciplinarias.
Por lo anterior, EDUCAMOS exige que se retome la discusión en torno al retiro digno y que se concrete una reunión con nuestro Capítulo de Jubilados encaminada a restituir la fórmula del sistema de beneficios definidos y a evaluar de otras medidas a corto y mediano plazo en beneficio del magisterio con más de 23 años de servicio.
La justicia económica constituye una responsabilidad ineludible del Estado, y particularmente cuando se trata del cumplimiento de obligaciones establecidas por ley. Desde el 22 de junio del corriente año, tanto usted como la gobernadora anunciaron la identificación de $90.4 millones de dólares para pagar los incentivos salariales retroactivos del programa de Carrera Magisterial adeudados a más de 5,850 maestros activos y no activos. Sin embargo, lo que cientos de maestros han recibido es la notificación de cobros por pagos supuestamente “erróneos”. Mientras más pasa el tiempo, mayor credibilidad pierde el Departamento de Educación y el Gobierno de Puerto Rico. La espera ha sido demasiada. El magisterio ha cumplido con los procesos de evaluación de expedientes según se le ha requerido y ha entregado diligentemente toda la documentación necesaria. EDUCAMOS le solicita a usted y al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Sr. Orlando C. Rivera Berríos, una respuesta por escrito que establezca la fecha programada para cumplir con el pago de la Carrera Magisterial. Esperamos recibir dicha respuesta en un plazo de diez días laborales. No es posible continuar incumpliendo con esta responsabilidad económica.
Asimismo, resulta impostergable establecer una escala salarial justa y permanente para el magisterio puertorriqueño. El sistema educativo no puede sostenerse sobre aumentos ocasionales ni sobre medidas temporeras sujetas a cambios administrativos. La experiencia, la preparación académica, los años de servicio y las responsabilidades profesionales deben reflejarse en una estructura salarial escalonada que garantice estabilidad, retención de personal y condiciones dignas de trabajo. La ausencia de una escala salarial no solo perjudica al magisterio, sino que también afecta directamente la calidad y continuidad de los servicios educativos que reciben nuestros estudiantes. En ausencia de un salario justo, muchos maestros y maestras se ven obligados a conseguir un segundo y hasta un tercer empleo para completar un ingreso que satisfaga sus necesidades. Esto constituye un peligroso elemento que agota al magisterio, lo expone a problemas de salud física y emocional y lo arranca del seno familiar. Es urgente considerar y resolver este asunto.
De igual forma, exigimos el cese y desista de toda práctica dirigida a criminalizar al magisterio por ejercer sus derechos civiles, laborales y constitucionales. Las expresiones públicas que intentan responsabilizar a los maestros y maestras por las deficiencias estructurales del sistema educativo, así como las amenazas de sanciones, investigaciones o medidas disciplinarias por participar en reclamos legítimos, contribuyen a crear un ambiente de temor e intimidación incompatible con una sociedad democrática. El magisterio no es el problema; por el contrario, ha sido uno de los principales pilares que han sostenido la escuela pública aun en los momentos más difíciles. Defender sus derechos es defender la educación pública, la justicia social y el futuro de Puerto Rico. Es además dar un buen ejemplo de participación, reconocimiento y respeto a nuestros derechos.
