Derechos Civiles
(26 de octubre de 2026 – Canóvanas, PR) – El Proyecto Integración Comunitaria de San Isidro (PICSI) denunció una nueva incursión de agentes de inmigración en las comunidades de Villa Hugo y Valle Hill durante la tarde del sábado 24 de octubre, la cual interrumpió la celebración de un torneo de dominó ofrecido por la organización.
El incidente se suma a la campaña de terror que las autoridades federales mantienen desde hace ya un año y medio contra las poblaciones inmigrantes en Puerto Rico, y que ha tenido efectos perjudiciales sobre individuos, familias y organizaciones comunitarias.
‘Al rato, llegaron todos los vehículos de ICE a la vez, como una ganga; se bajaron agentes fuertemente armados y comenzaron a pedir identificación a las personas sentadas en las mesas’.
Licenciada Nicole Díaz
Según la abogada de PICSI, Nicole Díaz, poco después de las 5 de la tarde, una caravana de doce vehículos no identificados se detuvo frente al negocio La Reja en Villa Hugo, donde se llevaría a cabo el torneo, con el objetivo de intervenir ante los presentes.
“Pensamos que estaba pasando algo porque no había llegado la cantidad de participantes que esperábamos y, en efecto, a eso de las 4:30 de la tarde, vecinos dieron la alarma de que inmigración estaba a unas calles y ya habían secuestrado a un residente. Al rato, llegaron todos los vehículos de ICE a la vez, como una ganga; se bajaron agentes fuertemente armados y comenzaron a pedir identificación a las personas sentadas en las mesas. Era evidente que estaban discriminando a las personas de piel más oscura y con acento extranjero, porque a ellas les pidieron identificación. Pudimos notar que algunos de estos agentes son los mismos que realizaron intervenciones violentas en Barrio Obrero, Villa Palmeras y Capetillo más temprano en el día», relató.
Díaz indicó que estos operativos han aumentado la vulnerabilidad de muchos hogares de inmigrantes en las comunidades a las que sirve PICSI y han afectado los esfuerzos de organización comunitaria orientados a mejorar sus condiciones de vida.
“Primero, hay que tomar en cuenta que las autoridades migratorias están violando sus propias reglas, están renegando de los acuerdos, garantías y protecciones que se les habían otorgado previamente a muchas personas migrantes y están ignorando e incumpliendo órdenes de los tribunales, por lo que todas las personas migrantes enfrentan un riesgo mayor en estos tiempos, hayan o no cumplido con los procesos establecidos por ley. Aquellas personas en situación más precaria tienen miedo a salir, a perder sus empleos, a ser separadas de sus familias, e incluso a ser enviadas a un país que no conocen. En esas circunstancias, es bien difícil participar en reuniones y organizarse para tomar acción o hacer reclamos sobre otras problemáticas urgentes como la falta de acceso a agua potable, la inseguridad del techo, la insuficiencia de servicios de salud y la ausencia de espacios adecuados para la niñez y para la recreación», explicó.
No obstante, la abogada informó que el Centro Comunitario, gestionado por PICSI, siempre ha abierto sus puertas a todos los residentes de San Isidro, independientemente de su estatus migratorio, y colabora con el liderato comunitario y su programa de promotoras de salud comunitaria para atender las necesidades particulares de aquellas personas que enfrentan mayores riesgos ante la intolerancia, el racismo y el autoritarismo promovidos por las autoridades federales.
“El Centro es escenario de múltiples proyectos e iniciativas, entre ellos: una Tiendita Circular (donde se ofrecen artículos de segunda mano a cambio de un donativo sugerido), un Colmadito Comunitario (donde se entregan alimentos), ferias de salud, talleres de bomba, talleres de arte y recreativos para la niñez, cineforos, reuniones comunitarias, clínicas psicológicas, servicios legales y, próximamente, un Oasis Comunitario (lugar destinado para poder proveer agua en emergencias futuras). Queremos asegurarles a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes que continuaremos haciendo lo que nos corresponde para proveerles un espacio seguro de reunión y confraternización que propicie la organización comunitaria que tanto hace falta en nuestro Puerto Rico. Su humanidad y dignidad nos importan; por eso, elevamos la voz para hacer valer sus derechos», afirmó.
