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(San Juan, PR, 19 de octubre de 2026) – Ante los continuos aumentos en los costos de la energía eléctrica y su impacto sobre la calidad de vida de las familias, los comercios y el desarrollo económico, Proyecto Dignidad presentó tres propuestas dirigidas a reducir y estabilizar los costos energéticos en Puerto Rico. Asimismo, expresó su respaldo a la Resolución de la Cámara 841, presentada por la representante Lisie Burgos Muñiz, y exigió al Gobierno acciones concretas para garantizar un suministro energético confiable, seguro y asequible.
La presidenta de Proyecto Dignidad, Nilda Pérez Martínez, sostuvo que Puerto Rico necesita una política energética que priorice el bienestar de los consumidores, reduzca los costos de generación eléctrica y establezca mecanismos que protejan a las familias y comerciantes de los continuos aumentos.
“Puerto Rico no puede continuar enfrentando aumentos en la factura eléctrica sin que el Gobierno presente soluciones concretas. Nuestras familias y comerciantes necesitan energía confiable, pero también energía que puedan pagar. La estabilidad energética no puede seguir siendo una promesa mientras el pueblo continúa asumiendo las consecuencias de la falta de planificación, las ineficiencias y las controversias contractuales”, expresó Pérez Martínez.
Tres propuestas para reducir y estabilizar los costos energéticos:
- Eliminar la crudita mediante economías en el presupuesto gubernamental.
Proyecto Dignidad propuso identificar aproximadamente $500 millones en economías, reducción de gastos innecesarios y eficiencias administrativas en el Fondo General, para sustituir los recaudos de la crudita y viabilizar la eliminación de este arbitrio, sin afectar los servicios esenciales ni incumplir las obligaciones fiscales del Gobierno.
“La solución no puede ser continuar imponiendo cargas económicas al pueblo. El Gobierno tiene que revisar sus prioridades presupuestarias, eliminar gastos innecesarios y administrar responsablemente los recursos públicos. Proponemos identificar $500 millones en economías para viabilizar la eliminación de la crudita, un impuesto que encarece los combustibles, el transporte y, por consiguiente, el costo de vida de los puertorriqueños”, señaló Pérez Martínez.
- Crear un Fondo de Estabilización Energética.
La colectividad propuso establecer un Fondo de Estabilización Energética que permita acumular reservas durante períodos de menores costos energéticos y utilizar esos recursos para amortiguar los aumentos extraordinarios cuando los precios de los combustibles se disparen.
Este mecanismo permitiría reducir la volatilidad de los ajustes trimestrales en la tarifa eléctrica, mediante reglas claras de financiamiento, utilización de reservas, reposición de fondos y fiscalización independiente.
“Las familias puertorriqueñas necesitan estabilidad para planificar sus presupuestos. No es razonable que cada trimestre enfrenten la incertidumbre de cuánto aumentará su factura eléctrica. Un fondo de estabilización bien administrado permitiría crear reservas en períodos favorables y utilizarlas cuando los costos energéticos aumenten extraordinariamente, evitando que todo el impacto recaiga inmediatamente sobre el consumidor”, explicó Pérez Martínez.
- Exigir cumplimiento contractual a New Fortress Energy y buscar proveedores alternos de gas natural.
Proyecto Dignidad exigió una evaluación rigurosa del cumplimiento de las obligaciones contractuales de New Fortress Energy, así como la identificación de proveedores alternos de gas natural que permitan fortalecer la competencia, garantizar la continuidad del suministro y obtener mejores condiciones económicas para Puerto Rico.
La colectividad también reclamó investigar los costos adicionales ocasionados por la controversia relacionada con la embarcación AMUR River, cuya entrada para descargar gas natural estuvo detenida durante varias semanas, situación que afectó el suministro de combustible para la generación eléctrica y provocó el uso de diésel como alternativa.
“Es inaceptable que durante semanas enfrentáramos una controversia relacionada con el suministro de gas natural mientras los puertorriqueños continúan pagando facturas eléctricas cada vez más altas. El Gobierno tiene que explicar cuánto costó utilizar combustibles alternos, quién asumió esos gastos y qué medidas se están tomando para evitar que vuelva a suceder. Si hubo incumplimientos contractuales, deben exigirse las responsabilidades correspondientes. Puerto Rico no puede continuar dependiendo de un solo proveedor sin evaluar alternativas competitivas que protejan el interés público”, manifestó Pérez Martínez.
Proyecto Dignidad respalda la Resolución de la Cámara 841
Como parte de las soluciones para fortalecer la seguridad energética a mediano y largo plazo, Proyecto Dignidad expresó su respaldo a la Resolución de la Cámara 841, presentada por la representante Lisie Burgos Muñiz, que propone investigar la situación fiscal, operacional y de infraestructura del Puerto de Ponce para evaluar la viabilidad de desarrollar operaciones de gas natural licuado u otras alternativas energéticas.
La iniciativa también busca promover inversión privada, desarrollo industrial y creación de empleos en la región sur.
“Con esta resolución buscamos evaluar el potencial del Puerto de Ponce como una alternativa estratégica para fortalecer la seguridad energética de Puerto Rico. No podemos continuar dependiendo de infraestructuras y fuentes de suministro limitadas que nos exponen a interrupciones y mayores costos. Tenemos que identificar soluciones viables que permitan diversificar las operaciones energéticas, impulsar el desarrollo económico del sur y beneficiar a todo Puerto Rico”, expresó Burgos Muñiz.
Asimismo, Proyecto Dignidad reclamó garantizar la seguridad y continuidad de las operaciones del Puerto de San Juan, principal punto de entrada de gran parte de los alimentos y mercancías esenciales que consume Puerto Rico.
“La seguridad energética no puede comprometer nuestra seguridad alimentaria ni las operaciones comerciales de nuestro principal puerto. El Gobierno tiene que garantizar que el suministro de gas natural se maneje bajo estrictos estándares de seguridad, sin poner en riesgo el abastecimiento de productos esenciales. Precisamente, iniciativas como la R. de la C. 841 nos permitirán evaluar alternativas que reduzcan la concentración de riesgos y fortalezcan nuestra infraestructura energética”, señaló Burgos Muñiz.
El pueblo necesita soluciones, no más aumentos
Finalmente, Proyecto Dignidad reiteró que los altos costos energéticos afectan directamente el presupuesto familiar, encarecen los productos y servicios, limitan la competitividad de los pequeños y medianos negocios y obstaculizan el desarrollo económico de Puerto Rico.
“Cada aumento en la factura eléctrica representa menos dinero para alimentos, medicamentos y otras necesidades esenciales. Para nuestros comerciantes significa mayores costos operacionales y menos oportunidades de crecimiento. El Gobierno tiene que dejar de justificar aumentos y comenzar a presentar soluciones que reduzcan los costos energéticos y mejoren la calidad de vida de los puertorriqueños. Puerto Rico necesita una política energética responsable que garantice estabilidad, eficiencia y precios asequibles. El pueblo necesita resultados, no más excusas”, concluyó César Vázquez Muñiz.
