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Tres ciudadanos dominicanos han sido acusados formalmente por su participación en una red de tráfico marítimo de personas que resultó en tres muertes. Aproximadamente 12 personas permanecen desaparecidas
(San Juan, Puerto Rico) – El 7 de octubre de 2026, un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico presentó una acusación formal contra tres ciudadanos dominicanos en relación con una operación de tráfico marítimo de personas que naufragó cerca de la Isla Mona, Puerto Rico, el 28 de septiembre de 2026, causando la muerte de tres personas.
Doce personas se encuentran desaparecidas. La Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG), la Oficina de Operaciones Aéreas y Marítimas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP AMO), las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) del Departamento de Policía de Puerto Rico y un navegante que presenció el suceso llevaron a cabo una operación coordinada de búsqueda y rescate.
La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de San Juan está a cargo de la investigación.
Según documentos judiciales, Máximo Alexander Castillo-Cabrera y Víctor Alfonso Montilla-Espíritu Santo están acusados de combinar, conspirar, confabularse y ponerse de acuerdo entre sí y con personas desconocidas para el Gran Jurado, a sabiendas e intencionalmente, para traer a los Estados Unidos a extranjeros ilegales con el propósito de obtener ventaja comercial y beneficio financiero privado, a saber, JAT, MTM, AMG, HMA y otros, a sabiendas y con total desprecio por el hecho de que dichos extranjeros no habían recibido autorización oficial previa para venir, entrar y residir en los Estados Unidos, independientemente de cualquier acción oficial que pueda tomarse posteriormente con respecto a dichos extranjeros.
Un tercer acusado, Danny De La Rosa-Mercedes, se enfrenta a un cargo por realizar e intentar realizar actos de violencia contra varias personas de forma ilegal e intencionada; es decir, agredió e intentó agredir a más de una persona con un machete a bordo de un barco protegido, y dicho acto puso en peligro la navegación segura del barco, provocando la muerte de la persona.
Los tres acusados enfrentan un cargo cada uno por entrada ilegal al país. Las autoridades rescataron a 49 extranjeros y recuperaron los cuerpos de tres ciudadanos dominicanos.
“Los acusados intentaron introducir ilegalmente a 64 migrantes en Puerto Rico, lo que provocó la trágica muerte de tres personas y la desaparición de doce. Este caso demuestra el grave peligro que representan las operaciones de tráfico de personas”, declaró Héctor Ramírez-Carbó, Fiscal Federal Interino del Distrito de Puerto Rico. “Los traficantes de personas amenazan nuestra seguridad nacional y explotan a personas vulnerables para obtener ganancias sin ningún respeto por su seguridad. La Fiscalía Federal continuará colaborando con nuestros socios federales, estatales y locales para llevar ante la justicia a quienes trafican con inmigrantes indocumentados y desmantelar sus organizaciones criminales”.
“Tres muertes son un precio demasiado alto que pagar por una incursión ilegal para ingresar a Estados Unidos”, declaró Yariel Ramos, agente especial a cargo de HSI en San Juan. “No se embarquen en este viaje por mar. Estas incursiones de contrabando son peligrosas, temerarias y explotadoras, y podrían ser su último viaje. HSI y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley continuarán identificando y responsabilizando a las personas que ponen en riesgo vidas humanas por lucro”.
“Gracias al valiente esfuerzo de personas solidarias y a la rápida y coordinada respuesta de la Guardia Costera de EE. UU., sus socios federales y locales en Puerto Rico, y la Armada y la Fuerza Aérea de la República Dominicana, se rescataron 49 vidas humanas del mar tras el naufragio catastrófico de una embarcación”, declaró el capitán Robert E. Stiles, subcomandante del Sector San Juan. “Sin embargo, el trágico hallazgo de tres personas fallecidas y de aquellas que aún permanecen desaparecidas constituye una sombría acusación contra la migración marítima ilegal. Este caso es un ejemplo de nuestro compromiso conjunto para interceptar estos viajes, desmantelar las redes criminales transnacionales que los respaldan y llevar ante la justicia a los traficantes de personas responsables”.
“Los traficantes de personas que se lucran colocando personas a bordo de embarcaciones peligrosamente sobrecargadas y en mal estado demuestran un desprecio temerario por la vida humana. La División de Operaciones Aéreas y Marítimas de la CBP mantiene su compromiso de trabajar junto con nuestros socios federales, estatales y locales para responder a emergencias marítimas, proteger vidas en el mar y desarticular las redes criminales que explotan a personas vulnerables durante estos peligrosos viajes”, declaró Christopher Hunter, Director de la División Aérea y Marítima del Caribe.
De ser declarados culpables, los acusados se enfrentan a las siguientes penas: una pena mínima obligatoria de tres años y una máxima de diez años de prisión por conspiración para introducir inmigrantes ilegales con fines de lucro; una pena máxima de cadena perpetua o pena capital por la introducción de ciertos inmigrantes ilegales que resulten en su muerte; una pena máxima de cadena perpetua o pena capital por violencia contra la navegación marítima que resulte en la muerte; y hasta seis meses de prisión por entrada ilegal de extranjeros. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales.
La investigación continúa y formará parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional. Este grupo movilizará todos los recursos disponibles para llevar ante la justicia a todos los que planificaron, se beneficiaron o llevaron a cabo este cruce ilegal que derivó en una tragedia.
