Derechos Humanos
ACLU de Puerto Rico
La cuarta sesión ordinaria de la Vigésima Asamblea Legislativa de Puerto Rico inició el 17 de agosto de 2026. Nuestro equipo se encuentra constantemente monitoreando las medidas con potencial impacto negativo o positivo sobre los derechos y protecciones fundamentales de las personas. En septiembre, analizamos varias propuestas legislativas que promueven la vigilancia masiva mediante el uso no regulado de tecnologías y la redacción de definiciones amplias que pueden atentar contra la libertad de expresión, la privacidad, la presunción de inocencia y el debido proceso de ley. Presentamos cuatro memoriales explicativos:
- Resolución Conjunta del Senado 198
Persigue ordenar al Departamento de Hacienda establecer como requisito la instalación y operación de sistemas de cámaras de videovigilancia en los establecimientos que soliciten o renueven la licencia para la venta de bebidas alcohólicas.
En la práctica, la medida podría propiciar un ambiente de vigilancia excesivo que menoscaba las protecciones constitucionales de las personas. El requerimiento de instalación de cámaras podría convertirse en una herramienta de vigilancia y persecución gubernamental susceptible de utilizarse indebidamente para identificar, investigar o intimidar a personas por razones políticas, religiosas o relacionadas con su estatus migratorio. - Proyecto del Senado 974
Persigue tipificar delitos cibernéticos y enmendar el Código Penal de Puerto Rico. Este tipo de legislación puede entrar en conflicto con la libertad de expresión al emplear categorías ambiguas o más amplias que la definición constitucional. Esto puede tener un efecto inhibidor sobre la expresión protegida y desembocar en la criminalización de expresiones, incluso cuando se trate de espectáculos o manifestaciones artísticas.
Además, acciones legítimas de investigadores, periodistas o activistas que exponen situaciones sobre el gobierno podrían ser tipificadas como delito. Las definiciones imprecisas pueden ser instrumentalizadas para criminalizar el discurso público, la protesta en línea o la crítica hacia funcionarios públicos en redes sociales. - Proyecto de la Cámara 897
Persigue enmendar la Ley 187-2016 (Ley de Alerta Mayra Elías contra el Hit & Run) y la Ley 83-2025 (Ley de la Policía de Puerto Rico). La seguridad pública es un objetivo común. Sin embargo, una medida de ley que considera el uso de cámaras como los sistemas de lectura automática de tablillas (ALPR), requiere una discusión amplia que incluya la consideración y reconocimiento de las amenazas y posibles violaciones de derechos constitucionales atadas a este tipo de tecnología. En Estados Unidos sobran los ejemplos de uso indebido de estas cámaras por parte de agentes, así como errores en el manejo y funcionamiento de estos equipos. - Proyecto de la Cámara 1421
Apoyamos este proyecto, que busca crear la «Ley para la Protección Contra Sistemas de Vigilancia Masiva”, debido a los riesgos que supone la hipervigilancia contra protecciones constitucionales de las personas y el uso indebido por parte de las autoridades. La ACLU sostiene que la vigilancia masiva es inconstitucional, desproporcionada e incompatible con una sociedad democrática. El aumento no regulado de la hipervigilancia estatal amenaza directamente derechos democráticos básicos, como a la intimidad, garantías de debido proceso, libertad de expresión y otros. Hemos sostenido que la vigilancia indiscriminada hace desaparecer la presunción de inocencia, convirtiendo a toda la población en sospechosa.
Alertas ante las amenazas a derechos fundamentales
Junto al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, organizaciones de la sociedad civil y entidades defensoras de derechos humanos, expresamos nuestra preocupación ante actuaciones recientes que amenazan derechos fundamentales y debilitan los espacios necesarios para una democracia plena.
Durante la conferencia de prensa, el grupo de organizaciones planteó su preocupación ante las limitaciones a la participación ciudadana y la libertad de expresión; el uso desproporcionado de la fuerza contra personas que ejercen su derecho a manifestarse; las restricciones al acceso a la información pública y al ejercicio de la libertad de prensa; y las amenazas a la independencia, libertad y seguridad de quienes ejercen la profesión legal.
Seguimos trabajando en la calle, en los tribunales y en la legislatura para frenar las amenazas y la violencia institucional contra las personas inmigrantes en Puerto Rico. ¡Queremos a los agentes del ICE fuera de nuestras comunidades!
Entre otras iniciativas, en septiembre fuimos parte del «Diálogo en defensa de nuestra gente frente a la criminalización migratoria y racismo institucional debido a las prácticas políticas actuales». También participamos en dos manifestaciones públicas que tenían como objetivo mostrar solidaridad con las comunidades inmigrantes y contrarrestar la presencia del ICE.
