PIP radica querella en DRNA por depósito de cemento próximo a la costa en construcción de lujo Moncayo Resort

Ambiente-Gentrificación

Legislador Municipal de Fajardo cuestiona el acceso público a la playa y el uso excesivo de agua por el proyecto en momento de sequía extrema

(Fajardo, Puerto Rico, 9 de septiembre de 2026) – El Legislador Municipal del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Fajardo, Antonio Prieto Colón, sometió una querella ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para que se investigue la colocación de grandes cantidades de cemento sobre terrenos próximos al mar en la construcción del proyecto de lujo Moncayo Resort, ubicado en el barrio Quebrada Vueltas de Fajardo.

La querella surge luego de una inspección visual del área costera del proyecto en la que, según documentó Prieto Colón mediante fotografías, se observó la presencia de cemento colocado directamente sobre el terreno en una zona próxima a la línea de costa y dentro o inmediatamente adyacente a lo que podría corresponder a la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT).

Ante la proximidad de las obras con el mar, el Legislador Municipal solicitó al DRNA que determine mediante sus deslindes oficiales la ubicación exacta de la intervención y establezca si la colocación del cemento cuenta con las autorizaciones correspondientes, si forma parte de algún permiso vigente y si cumple con las condiciones ambientales aplicables a la protección de la zona costera.

“Cuando se construye a pasos del mar, no basta con asumir que todo está permitido. El DRNA tiene que ir al lugar, verificar los deslindes oficiales y determinar qué se está haciendo allí, bajo qué permiso y si se está respetando la ZMT. La costa no puede quedar desprotegida frente a proyectos de lujo”, afirmó Prieto Colón.

El portavoz del PIP solicitó específicamente que el Cuerpo de Vigilantes y el personal técnico del DRNA realicen una inspección presencial del área y determinen si hubo alguna intervención no autorizada o que incumpla las condiciones ambientales aplicables.

De encontrarse alguna violación, Prieto Colón reclamó que la agencia adopte las medidas de cumplimiento correspondientes, incluyendo la paralización de cualquier intervención adicional en el área y la restauración de la zona afectada.

El Legislador Municipal anunció, además, que la Legislatura Municipal de Fajardo estará evaluando una moción suya presentada recientemente relacionada con el uso del agua por parte del proyecto y con la servidumbre de paso para acceder a la playa.

Prieto Colón recordó que residentes y otras personas han cuestionado el uso de agua asociado al proyecto, particularmente el riego frecuente de las áreas de campos de golf, aun cuando sectores de la población han experimentado problemas de abasto y racionamientos.

“Es una contradicción que mientras en nuestras comunidades se habla de escasez, interrupciones y racionamientos de agua, se pueda observar el uso de grandes cantidades de este recurso para mantener campos de golf que ni siquiera están en funcionamiento. El agua es un recurso público y debemos preguntarnos cuáles son las prioridades cuando hay comunidades que enfrentan dificultades para recibirla”, expresó el Legislador Municipal.

Según Prieto Colón, el asunto no se limita al consumo de agua, pues también cuestionó la forma en que se ha establecido el acceso a la playa desde el proyecto. 

“Aunque separaron un espacio, el acceso que tienen disponible es pequeño, está en malas condiciones y termina en un área donde no se puede llegar adecuadamente a la playa. En la práctica, para llegar al mar tienes que entrar por el proyecto de ellos. Un acceso público no puede existir solamente en un plano o en un documento, tiene que ser un acceso real, seguro y utilizable por la ciudadanía”, sostuvo Prieto.

El Legislador Municipal reiteró que continuará fiscalizando el desarrollo de Moncayo Resort y otros proyectos en Fajardo, particularmente aquellos que puedan tener impactos sobre áreas naturales, el acceso público a las playas y el uso de recursos esenciales como el agua.

“El desarrollo económico no puede significar que las comunidades pierdan acceso a sus áreas naturales ni que el interés privado prevalezca sobre el derecho colectivo a nuestras costas, nuestras playas y nuestros recursos. Lo mínimo que exigimos es transparencia, fiscalización y cumplimiento con las leyes y permisos ambientales”, concluyó Prieto Colón.

Fotos/vecinos de Quebrada Vueltas

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