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Prensa Sin Censura
El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico expresa su respaldo al Proyecto del Senado 1021, el cual propone enmendar la ley que creó el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno para incluir a los alguaciles adscritos al Poder Judicial dentro de la definición de “Servidores Públicos de Alto Riesgo”.
El proyecto permitiría que estos funcionarios puedan acogerse voluntariamente al retiro luego de cumplir cincuenta y cinco años de edad y treinta años de servicio.
La propuesta equipara a los alguaciles judiciales con otros servidores públicos que desempeñan labores consideradas de alto riesgo.
Los alguaciles y alguacilas no son una función accesoria del sistema de justicia: son quienes protegen a jueces, juezas, empleados y ciudadanos en las salas; custodian a personas imputadas y convictas; y ejecutan arrestos, citaciones y embargos, muchas veces bajo condiciones de alto riesgo. Que su labor apenas ahora comience a reconocerse formalmente como tal no debe restarle urgencia al reclamo salarial que por años han sostenido.
Este Colegio ha insistido en que la dignidad salarial no puede ser selectiva dentro del sistema de justicia. Nuestras secretarías, trabajadoras sociales, mediadores, alguaciles, y también nuestros abogados y abogadas, son piezas indispensables para que la justicia se haga realidad todos los días en Puerto Rico. No puede haber un sistema judicial fuerte si quienes lo sostienen desde sus funciones más esenciales permanecen rezagados en su compensación.
Por ello, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico hace un llamado a la Gobernadora, Hon. Jenniffer González, para que firme y convierta en ley el Proyecto del Senado 1021, y así el país reconozca formalmente lo que los alguaciles y alguacilas ya demuestran todos los días: que su labor es esencial, riesgosa y digna de justicia salarial.
Instamos, además, a que cualquier objeción de índole fiscal se atienda con la misma urgencia con la que se atienden otras prioridades del sistema de justicia, pues la seguridad de nuestros tribunales no puede quedar supeditada indefinidamente a un proceso presupuestario.
Los alguaciles y alguacilas de Puerto Rico han esperado suficiente: es momento de que esta justicia, tantas veces prometida, finalmente se convierta en ley.
