Ambiente
Planta procesadora de carne y cuatro empleados acusados de conspirar para violar la Ley de Agua Limpia y descargar contaminantes en Naguabo, Puerto Rico
Prensa Sin Censura
(SAN JUAN, Puerto Rico) – Hoy se hizo pública una acusación formal contra César P. Borges-Arroyo, Neftalí Borges-Gómez, Erison Delgado-Santos, Héctor Fulgencio-Cabrera y Ganaderos Borges Inc. (GBI), por cuatro violaciones de la Ley de Agua Limpia y por conspiración para violarla.
Los cargos se relacionan con el vertido de contaminantes en aguas de Estados Unidos.
GBI es una corporación ubicada en Naguabo, Puerto Rico, que opera un matadero y una planta procesadora de carne. Sus operaciones incluyen la recepción y el mantenimiento de animales vivos para el sacrificio, el despiece (desangramiento), el procesamiento inicial de los animales y la producción de productos cárnicos listos para el consumo.
Según la acusación, los acusados conspiraron en beneficio de GBI para descargar a sabiendas un contaminante —específicamente aguas residuales de la laguna de retención de desechos de la planta procesadora de carne— en aguas de los Estados Unidos sin haber obtenido el permiso correspondiente conforme a la Ley de Agua Limpia.
“Alegamos que esta planta procesadora de carne y al menos cuatro de sus empleados conspiraron para verter carne, sangre y heces de animales en un arroyo que desemboca en el océano y una playa pública”, declaró Adam Gustafson, Fiscal General Adjunto Principal de la División de Energía y Recursos Naturales (ENRD) del Departamento de Justicia.
“La conducta aquí denunciada sacrifica la salud pública en aras del beneficio económico y constituye un delito. El Departamento de Justicia exigirá responsabilidades a los infractores”.
“El GBI violó reiteradamente y de forma intencionada la Ley de Agua Limpia al verter desechos sin tratar en el Mar Caribe, en Tropical Beach, Naguabo”, declaró el Fiscal Federal Interino Héctor Ramírez Carbó para el Distrito de Puerto Rico. “Este procesamiento deja claro que quienes socaven deliberadamente las leyes ambientales federales y pongan en peligro el medio ambiente y las comunidades de Puerto Rico enfrentarán un proceso penal por su conducta ilegal”.
“Los acusados ignoraron deliberadamente la prohibición total de vertidos establecida en la Ley de Agua Limpia y, a sabiendas, vertieron una repugnante mezcla de sangre animal, desechos y productos de limpieza en el Mar Caribe, a escasos kilómetros de reservas naturales, playas y una base militar. Los vertidos ilegales como estos causan graves daños, poniendo en peligro la seguridad y la salud del agua, la vida silvestre y la salud humana”, declaró Jeffrey A. Hall, Administrador Adjunto de la Oficina de Cumplimiento y Garantía de la EPA.
“La EPA garantizará que quienes contaminen nuestras comunidades y aguas costeras rindan cuentas por sus actos”.
Desde agosto de 2018 hasta al menos septiembre de 2025, la administración de GBI, Borges-Arroyo, y el operador de GBI, Borges-Gómez, ordenaron a los empleados, entre ellos Delgado-Santos y Fulgencio-Cabrera, que descargaran los desechos líquidos de la laguna de retención de GBI hacia un arroyo adyacente. Para ello, utilizaron una bomba sumergible colocada en la laguna y conectada a una manguera, con el fin de evitar costos anuales de eliminación de desechos que ascendían a millones de dólares.
GBI generaba desechos provenientes de diversos procesos internos, como la recepción de animales, el sacrificio, el despiece, el desmembramiento y la limpieza. Estos desechos incluían sangre, pelo, tejido y heces de animales, así como grasa, aguas residuales, desinfectante y otros líquidos utilizados en el matadero y las áreas de procesamiento de GBI. La mezcla de desechos fluía desde las instalaciones hacia una tubería de descarga que desembocaba en una laguna de retención ubicada en la esquina suroeste de la propiedad de GBI. El borde occidental de la laguna de retención colinda con un arroyo que recorre aproximadamente 800 metros hasta el mar Caribe en Tropical Beach, Naguabo, Puerto Rico.
GBI contaba con un permiso para el tratamiento de aguas residuales sin vertido, que exigía el transporte de los residuos líquidos desde la planta hasta un vertedero. En ningún momento se permitió el vertido de residuos en la planta ni en ningún otro cuerpo de agua. El permiso expiró el 31 de julio de 2019, y la empresa continuó infringiendo la Ley de Agua Limpia al menos hasta septiembre de 2025.
Para ocultar el vertido ilegal de residuos, los acusados escondieron la bomba sumergible y la manguera cuando no se utilizaban y proporcionaron declaraciones y documentos falsos y engañosos a las autoridades para ocultar las actividades ilegales.
Los acusados deberán comparecer ante el Juez Magistrado Héctor Ramos Vega del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico para sus respectivas comparecencias iniciales. De ser declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares por cada cargo. El GBI se enfrenta a una multa máxima de 500.000 dólares por cada cargo.
Prensa sin censura 