Tribunales
El individuo se dio a la fuga y la vista de sentencia ha sido fijada para mañana 11 de agosto
(FAJARDO, PUERTO RICO – 10 de agosto de 2026) – En antesala a la vista de sentencia programada para este martes 11 de agosto a las 9:00 a.m. en el Tribunal de Fajardo, la familia de Carlos «Carlitos» Cruz Morales rechaza categóricamente la propuesta de probatoria presentada por la Fiscalía para el convicto Jeremy Randy Del Valle.
Tras el incidente de hit and run del 24 de abril de 2024 en Vieques, la familia denuncia la falta de transparencia del Ministerio Público y exige una sentencia de prisión efectiva.
El convicto, un turista con historial criminal en el estado de Virginia, enfrenta este proceso judicial por el incidente de arrollamiento y fuga (hit and run) que cobró la vida de Cruz Morales en el municipio de Vieques.
Del Valle conducía presuntamente bajo los efectos del alcohol y con una licencia revocada cuando impactó a la víctima por la parte posterior mientras este transitaba en su motocicleta.
Tras el impacto, el cuerpo de Carlitos cayó sobre el parabrisas del vehículo y el conductor sacudió el automóvil haciendo maniobras en zigzag para lanzar el cuerpo, dejándolo en la vía pública sin detenerse a prestarle auxilio o llamar a emergencias.
Posteriormente, ocultó el vehículo averiado cerca de la hospedería donde se alojaba.
A pesar de que el agente del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), Alexis Calderón, logró que el convicto confesara tras ser confrontado con la evidencia recopilada en el automóvil horas después del suceso, las autoridades no efectuaron su arresto inmediato, permitiéndole abandonar la isla municipio inmediatamente.
El convicto, su madre y su amiga abandonaron abruptamente la isla de Vieques ese mismo día, jueves, a pesar de que tenían previsto quedarse en la propiedad de Airbnb hasta el domingo, continuando luego sus vacaciones en Puerto Rico sin restricciones.
No fue hasta marzo de 2025, tras meses de reclamos continuos por parte de los familiares y la comunidad viequense a través de los medios, que el Ministerio Público sometió cargos formales bajo la Regla 6 de Procedimiento Criminal.
En el transcurso del proceso, Del Valle se declaró culpable justo el día del comienzo del juicio. En múltiples ocasiones previas, la Fiscalía (liderada por el fiscal Fernando Quintero, de Bayamón) contactó a Nora Morales, madre de Carlos Cruz, para proponerle un arreglo de poco tiempo en cárcel (donde podría salir fácilmente por tiempo cumplido, como ocurrió tristemente en el caso de Lara Camila González) seguido de un periodo de probatoria a cumplirse en su residencia en Virginia, oferta que la familia rechazó categóricamente en todo momento.
Además, la familia cuestionó formalmente cómo la Fiscalía o las autoridades hubieran podido dar seguimiento y supervisar en otra jurisdicción fuera de Puerto Rico a una persona con historial criminal previo.
Asimismo, según las conversaciones sostenidas por la familia con el fiscal Fernando Quintero, este intentó persuadirlos argumentando que la opción de concederle una probatoria permitiría que, si eventualmente vuelve a cometer un crimen, se le obligue entonces a cumplir cárcel, esperando prácticamente a que vuelva a quitarle la vida a alguien.
La familia rechaza contundentemente que se le otorguen beneficios a un delincuente reincidente que representa un peligro constante para la seguridad de cualquier comunidad en la que resida.
A pesar de la presión pública, nadie del Departamento de Justicia ni de la Fiscalía se ha comunicado con la familia, y en múltiples ocasiones el fiscal ha evadido responder directamente cuál es la postura oficial y la recomendación final respecto a la sentencia.
«Es inaceptable que la Fiscalía proponga una sentencia en probatoria para una persona que actuó con absoluto desprecio por la vida humana, que abandonó la escena del crimen y que continuó su estancia en Puerto Rico sin asumir responsabilidad», expresaron portavoces de la familia.
“El mensaje que se le envía a los turistas es de total impunidad: que la vida de un puertorriqueño no vale nada ante un turista criminal. De nada sirve enmendar leyes si al final la Fiscalía no va a buscar encausar a los culpables de manera rigurosa. Creemos en la justicia y en la rehabilitación, pero no de esta manera».
La familia añade que, aun cuando la Ley Nicole Ayala enmendó la Ley de Tránsito para prohibir el beneficio de la probatoria en casos de atropello y fuga, dicha normativa fue aprobada en julio de 2024. Al amparo del principio constitucional de no retroactividad de la ley (ex post facto), el convicto busca beneficiarse de la flexibilidad del marco legal vigente al momento de los hechos (24 de abril de 2024).
Ante esta coyuntura, la familia reitera su llamado al Tribunal de Primera Instancia para que este próximo martes se rechace cualquier recomendación de benevolencia por parte de la Fiscalía y se imponga una pena de prisión efectiva que haga justicia a la memoria de Carlos Cruz Morales, se salvaguarde la integridad del sistema judicial de Puerto Rico, y se proteja la seguridad de las comunidades.
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