Política
A investigar extraño caso de $38 millones de empresa de Louisiana y Susanne Roig, señala Luis Javier Hernández.
(SAN JUAN – miércoles, 1 de julio de 2026) – El portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández, informó que se radicó la Resolución del Senado 556 para ordenar a la Comisión de Gobierno, realizar una investigación sobre los señalamientos que han surgido en torno a la posible otorgación de un contrato de servicios profesionales por $38 millones en fondos del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) para ser otorgados a la empresa NOLA Education LLC, del estado de Louisiana.
“Alegadamente se pretendía implementar un programa educativo conocido como Star Academy en 25 escuelas y para impactar a cerca de 2,000 estudiantes, pero han surgido señalamientos en relación con un proceso mediante el cual Nola Education LLC, estuvo a punto de recibir dicho contrato. De acuerdo con reportajes públicos, la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) no participó de este proceso. A decir más, se alega que el desarrollo de este proyecto se hizo, a pesar de que el Departamento de Educación había notificado que como parte del currículo de su agencia, ya se contemplaba el programa Star Academy”, detalló Hernández Ortiz.
La Resolución indica además que como parte de este proceso, la Secretaria del Departamento de la Familia viajó a Louisiana del 7 al 10 de diciembre de 2025, aunque se desconocen los pormenores dicho viaje, ni con quienes se reunió la titular de la agencia. Tampoco se conocen informes o documentos que detalles el propósito de esas visitas. Para la otorgación de este contrato de $38 millones a la empresa NOLA Education LLC, el Departamento de la Familia utilizó los servicios de la firma independiente LAP Consulting para la evaluación y adjudicación del contrato.
De ordinario, cada agencia del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico debe contar con un comité evaluador de propuestas. Ante ello, es medular conocer si existe o no en el Departamento de la Familia o en alguna de sus entidades, un comité evaluador de propuestas, quiénes lo integran y desde cuándo está constituido. Las dudas que han aflorado con relación a la posible otorgación de este contrato, han levantado una serie de dudas en relación a la forma y manera en que se administran los fondos en el Departamento de la Familia.
“Por ejemplo, ¿por qué la empresa fue entonces incluía en el proceso evaluativo de LAP Consulting? ¿Qué documentación fue evaluada? ¿Quién la sometió? ¿Quién verificó su autenticidad? ¿Cómo una empresa que públicamente asegura no haber participado, terminó formando parte de una evaluación oficial? Es medular que el Senado, de acuerdo con sus poderes y prerrogativas legislativas, investigue esta situación”, finalizó Hernández Ortiz.
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