Editorial
Diez años de la Junta de Control Fiscal: ¿quién fiscaliza a los fiscalizadores? El costo económico, político y social de una década bajo PROMESA
Prensa Sin Censura
El 30 de junio de 2016 marcó un antes y un después en la historia contemporánea de Puerto Rico. Ese día, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó la Ley PROMESA, creando la Junta de Supervisión y Administración Financiera (Junta de Control Fiscal), un organismo federal con amplios poderes sobre las finanzas públicas del país.
La promesa era clara: estabilizar las finanzas, reestructurar la deuda y devolver eventualmente el control fiscal al gobierno electo.
Diez años después, la Junta sigue ejerciendo autoridad sobre los presupuestos, las agencias públicas y buena parte de las decisiones económicas más importantes del país.
Una década de austeridad
Durante estos diez años se aprobaron múltiples planes fiscales que redujeron significativamente el gasto público.
Entre las principales consecuencias señaladas por economistas, organizaciones comunitarias y sindicatos figuran:
- Recortes de cientos de millones de dólares al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico.
- Reducción de recursos para la educación pública.
- Presiones sobre el sistema de salud.
- Reformas al sistema de pensiones.
- Cierre o consolidación de escuelas.
- Menor capacidad operacional de numerosas agencias gubernamentales.
- Continuación de la emigración de miles de profesionales jóvenes.
- Dificultades crecientes para adquirir vivienda debido al aumento de precios y la escasez de oferta.
Mientras la Junta sostiene que estas medidas eran necesarias para estabilizar las finanzas públicas, sus críticos argumentan que el ajuste recayó principalmente sobre la población trabajadora.
El costo de la propia Junta
Uno de los aspectos más controvertibles es cuánto le ha costado al pueblo de Puerto Rico mantener el organismo creado por PROMESA.
La Junta opera con presupuestos anuales que extraoficialmente rondan entre 37 y más de 50 millones de dólares, pagados con fondos públicos de Puerto Rico.
Pero ese presupuesto representa solo una parte del gasto.
Durante el proceso de quiebra bajo el Título III se han contratado decenas de bufetes de abogados, consultores financieros, economistas, auditores y asesores especializados.
Diversos análisis estiman que esos contratos ya representan más de 2,000 millones de dólares en honorarios y gastos profesionales desde 2016.
Es decir, mientras al país se le exigía austeridad, la administración de esa austeridad también ha tenido un costo multimillonario.
¿Quién dirige la Junta?
El principal funcionario ejecutivo es Robert F. Mujica Jr., quien asumió el cargo el 1 de enero de 2023 tras desempeñarse durante años como director de presupuesto del estado de Nueva York.
Su función consiste en ejecutar las decisiones de la Junta, coordinar la implantación de los planes fiscales y supervisar el trabajo técnico del organismo.
El salario del Director Ejecutivo
Uno de los asuntos más discutidos ha sido la compensación del Director Ejecutivo.
Diversos medios de comunicación han informado que el salario anual de Robert Mujica asciende aproximadamente a $625,000, cifra que supera ampliamente la remuneración del gobernador de Puerto Rico y de la mayoría de los funcionarios públicos de la Isla.
Ese salario se financia con recursos públicos de Puerto Rico.
Los miembros de la Junta
La Junta está integrada por miembros nombrados por el Presidente de Estados Unidos a partir de recomendaciones del Congreso federal.
Sus integrantes no son elegidos por el pueblo de Puerto Rico, aunque poseen autoridad para invalidar leyes, modificar presupuestos y exigir cambios administrativos cuando entienden que afectan el cumplimiento de PROMESA.
A lo largo de estos diez años su composición ha cambiado en varias ocasiones, pero su poder sobre las finanzas públicas se ha mantenido prácticamente intacto.
La otra factura
Más allá de los números, muchos puertorriqueños consideran que el costo mayor ha sido democrático.
Por primera vez desde la creación del Estado Libre Asociado, un organismo cuyos miembros no fueron electos por los ciudadanos obtuvo autoridad para intervenir directamente en decisiones fundamentales del gobierno.
Para algunos analistas, ello representa una manifestación de la relación territorial entre Puerto Rico y Estados Unidos.
Para otros, fue una medida extraordinaria ante una crisis fiscal sin precedentes.
¿Se cumplieron las promesas?
La Junta sostiene que logró estabilizar las finanzas del gobierno, reducir el déficit estructural y avanzar en la reestructuración de la deuda pública.
Sin embargo, diez años después continúan abiertas preguntas fundamentales:
- ¿Ha mejorado realmente la calidad de vida del pueblo?
- ¿Se fortalecieron la educación y la salud?
- ¿Pueden los jóvenes comprar una vivienda?
- ¿Ha disminuido la emigración?
- ¿Está Puerto Rico más preparado para enfrentar otra crisis económica?
Las respuestas siguen siendo motivo de intenso debate.
Diez años después…
PROMESA fue presentada como una medida temporal.
Una década más tarde, la Junta continúa gobernando aspectos esenciales de las finanzas públicas.
Mientras algunos destacan la estabilización presupuestaria y la reestructuración de la deuda, otros recuerdan que esa estabilidad tuvo un costo social considerable: recortes a servicios públicos esenciales, reducción de recursos para la Universidad de Puerto Rico, emigración de talento profesional y un profundo debate sobre la autonomía democrática del país.
Diez años después, Puerto Rico continúa preguntándose si el precio pagado por PROMESA ha sido demasiado alto y si la recuperación fiscal puede considerarse completa mientras persistan desafíos económicos, sociales y democráticos de tal magnitud.
Prensa Sin Censura considera que este aniversario debe servir no solo para hacer balance de cifras, sino también para abrir una reflexión seria sobre el futuro del país y sobre quién debe tomar las decisiones que afectan la vida de los puertorriqueños.
Vox Populi
Dicen que los costos de la operación anual de la Junta, sus oficinas (incluyendo la de San Juan y las sedes en EE.UU.) y el personal ejecutivo ascienden a unos $60 millones.
Desde el inicio, $2000 millones a pesar de que se había proyectado que fuera $400 millones.
Aunque anualmente ellos establecen su presupuesto.
Prensa sin censura 