Derechos Humanos
Las organizaciones a cargo de la campaña “Migrar es un derecho” colocaron un letrero en la Playa Puerto Hermina, a modo de recordación e invitación a la solidaridad con quienes migran
(Quebradillas, Puerto Rico, 29 de junio de 2026) – Dos personas inmigrantes que murieron en la costa de Quebradillas cuando la embarcación en la que viajaban se volcó al ser intervenida por vehículos marítimos y aéreos de FURA, fueron identificados con sus nombres, gracias a un análisis hecho por Kilómetro Cero utilizando información del banco de defunciones del Registro Demográfico de Puerto Rico, informaron las organizaciones que lideran la campaña “Migrar es un derecho”.
José Alberto Castillo Camilo y Bélgica Verónica Valentín Heredia, de 44 y 43 años respectivamente, fallecieron el 31 de enero de 2024, cerca de la Playa Puerto Hermina en Quebradillas.
Ambos migraban desde República Dominicana hasta Puerto Rico en una embarcación junto a, al menos, otras 40 personas. Una lancha y un helicóptero de las unidades de Fuerzas Unidas de Rápida Acción del Negociado de la Policía de Puerto Rico (FURA) rodearon la embarcación, frágil, con pocas capacidades, abonando a que esta se volcara y sus tripulantes, en un estado vulnerable tras el largo viaje marítimo, cayeran al mar.
Al momento de los hechos, el Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico denunció que fue el oleaje generado por la embarcación policial lo que volcó la embarcación. Catorce personas nunca fueron encontradas. Según el Registro Demográfico de Puerto Rico, José Alberto y Bélgica murieron por ahogamiento.
“Tenían nombres, tenían familias, tenían una vida por delante. La identidad de estas personas es información que sus seres amados, su país y el nuestro tienen derecho a saber”, explicó Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Km0. “La Policía demasiadas veces no divulga la información o posterga el identificar a las personas que mata o que pierden la vida como resultado de intervenciones violentas que se ejecutan con objetivos distintos a salvaguardar la integridad física de los intervenidos», añadió.
José Alberto fue identificado por un primo, quien vive en Puerto Rico, y Bélgica fue identificada por su pareja, quien también vive en Puerto Rico. Ambos venían al archipiélago para reunirse con sus seres queridos.
Como parte de los esfuerzos de la campaña para promover la comprensión de los derechos de las personas inmigrantes y promover la solidaridad del pueblo puertorriqueño, las organizaciones Kilómetro Cero, el Capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), Amnistía Internacional de Puerto Rico y Comuna Caribe, colocaron recientemente un letrero en la Playa Puerto Hermina en Quebradillas, que incluye y recuerda los nombres de las personas inmigrantes que fallecieron allí hace dos años y medio.
Las organizaciones también reconocieron el acto heróico de los surfistas que, arriesgando sus propias vidas, intentaron salvar la de las personas inmigrantes que habían naufragado mientras eran perseguidas por agentes de la Policía.
“Nombrar a Bélgica Verónica y José Alberto es recordar que detrás de los números de inmigrantes detenidos y de inmigrantes fallecidos hay personas, hay familias, hay comunidades impactadas de forma irreversible”, subrayó la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico. “Pero nuestro pueblo sí tiene la capacidad de detener los abusos en contra de las personas inmigrantes, exigiendo al gobierno y las autoridades poner fin a las políticas discriminatorias de la administración Trump y la administración de la gobernadora Jenniffer González en Puerto Rico”, sostuvo.
Desde el mes de agosto de 2025, la campaña Migrar no es un crimen/Migrar es un derecho ha denunciado la violencia institucional contra comunidades inmigrantes en Puerto Rico y promovido una cultura de solidaridad, dignidad y resistencia. Se trata de una respuesta al alarmante incremento de violaciones a los derechos civiles y humanos como consecuencia de las redadas federales en el archipiélago desde enero del pasado año, que ha resultado en más de 1,800 detenciones, en su mayoría de personas sin récord criminal y sin que existan órdenes judiciales firmadas por un juez.
Entre los reclamos principales, las organizaciones reiteraron que exigen una política de protecciones legales y humanitarias para las personas migrantes, que incluya el acceso igualitario a la salud, educación, vivienda y defensa legal sin importar su estatus migratorio. Además, exigen que los ya limitados recursos públicos municipales y estatales estén al servicio del pueblo, no de las agencias federales. Las organizaciones subrayaron la urgencia de descriminalizar la migración y exigieron un cese del encarcelamiento de personas migrantes.
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