Política
Por Víctor Alvarado Guzmán
Portavoz PIP, Salinas
Para Prensa Sin Censura
Recientemente, el legislador municipal del Partido Popular Democrático (PPD) en Salinas, Juan G. Colón Rivera, sostuvo en sus redes sociales que “…la fiscalización debe ejercerse con responsabilidad, objetividad y, sobre todo, con la verdad. Los debates políticos son válidos; lo que no es válido es crear confusión o presentar información incompleta que no refleje lo discutido en los procesos legislativos”.
Según explicó el propio legislador, esas expresiones reproducen señalamientos que ya había realizado durante su turno final en la sesión ordinaria de la Legislatura Municipal de Salinas celebrada el 8 de junio de 2026.
Aunque Colón Rivera evitó mencionar nombres, el contexto de sus declaraciones apunta claramente al legislador municipal del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el profesor Emilio Nieves Torres. Días antes, Nieves Torres había denunciado públicamente la aprobación de una resolución que reasignó $600,000 del presupuesto municipal vigente a una partida de gastos “misceláneos”, sin que se ofreciera una explicación detallada sobre el uso específico de esos fondos.
Al examinar las expresiones de Colón Rivera, resulta difícil concluir otra cosa que no sea que acusa al profesor Nieves Torres de actuar de manera irresponsable, carecer de objetividad, faltar a la verdad, generar confusión y divulgar información incompleta.
Sin embargo, la trayectoria pública del profesor Emilio Nieves Torres es ampliamente conocida en Salinas. Su labor académica, sindical, comunitaria y política le ha ganado el respeto de amplios sectores del pueblo, por lo que quienes lo conocen podrían considerar desproporcionados e injustificados los falaces calificativos en las expresiones del legislador popular.
Más importante aún, la controversia gira en torno a un hecho fácilmente verificable: los $600,000 en cuestión fueron efectivamente transferidos a una partida presupuestaria identificada como gastos misceláneos, sin que la resolución aprobara una distribución específica de esos recursos ni detallara los propósitos concretos para los cuales serían utilizados.
Ahora bien, ¿qué tal si aplicamos el mismo criterio de escrutinio que Juan Colón Rivera reclama para la discusión pública y examinamos algunas de sus actuaciones como biólogo forestal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)?
Persecución comunitaria
El 12 de octubre de 2021, dos miembros del Cuerpo de Vigilantes del DRNA, de apellidos Ruiz y Díaz, acudieron a la residencia del líder comunitario José Cora Collazo para investigar una querella identificada como QJ0682021, relacionada con un supuesto pozo de agua ilegal instalado en su propiedad.
De acuerdo con los vigilantes, la “confidencia” que dio origen a la querella había sido suministrada por el biólogo, legislador municipal y compañero de agencia Juan Colón Rivera. Sin embargo, la investigación reveló que la denuncia carecía de fundamento, ya que Cora Collazo ni siquiera posee un pozo de agua en su residencia, ubicada en la cima de una montaña en la comunidad Ranchos Guayama de Salinas.
La acción fue interpretada por miembros de la comunidad como una posible represalia. Esto debido a que la organización Acción Social y Protección Ambiental (ASPA), presidida por Cora Collazo, había realizado previamente una manifestación durante una sesión de la Legislatura Municipal de Salinas para exigir que el cuerpo legislativo, dominado por el PPD, asumiera una posición sobre la propuesta construcción de un campo de tiro en la comunidad.
Como resultado de una querella posterior presentada por ASPA, el entonces secretario interino del DRNA, licenciado Roberto Méndez Martínez, emitió una recomendación en 2024 para que, en la medida en que fuera viable, no se asignaran al biólogo Colón Rivera asuntos relacionados con el municipio de Salinas. En su comunicación, Méndez Martínez indicó que dicha medida se adoptaba “como precaución y con el fin de evitar posibles alegaciones de conducta indebida en el futuro”.
Endoso para talar setenta y nueve árboles
En otro hecho insólito, el 10 de febrero de 2023, la División de Permisos para el Manejo de Árboles de la Secretaría Auxiliar de Permisos, Endosos y Servicios Especializados del DRNA otorgó un permiso para cortar y remover setenta y nueve (79) árboles en un bosque ubicado en el Paseo Ladis, carretera PR-701, en Salinas, colindante con las comunidades de Villa Cofresí, Villa Esperanza y Urb. La Margarita.
En esos terrenos se proponía la venta de solares de 400 metros cuadrados bajo el nombre Salmar, así como una guardería de botes y vehículos recreativos, alquiler de vehículos todoterreno y acuáticos, un parque de food trucks, un parque de remolques y estructuras para alquileres a corto plazo, entre otros usos.
Todo ello en terrenos clasificados como suelo rústico especialmente protegido, ubicados en una zona de alto riesgo de inundación, sobre un acuífero, y donde existen un humedal, yacimientos arqueológicos y un bosque con importantes recursos ecológicos.
Pese a estas condiciones, el permiso fue recomendado por el biólogo forestal Juan Colón Rivera y autorizado por el director regional del DRNA, Luis E. Torres Zamora.
Doce (12) organizaciones comunitarias y ambientales de Salinas impugnaron el permiso. Incluso, el Municipio de Salinas se opuso al trámite por incumplir con las disposiciones del Reglamento Conjunto de la Junta de Planificación.
Finalmente, el permiso fue revocado. Sin embargo, durante una vista administrativa, miembros de las organizaciones que lo impugnaron presenciaron cómo la licenciada Mildred Sotomayor Bourbon, de la Oficina de Asuntos Legales del DRNA, reprochó a los funcionarios presentes —incluido Juan Colón Rivera— que la concesión del permiso había sido un error.
Más árboles amenazados
Otra impugnación contra un informe del biólogo y legislador municipal Juan Colón Rivera fue presentada el 29 de julio de 2024 por Magaly Jiménez, una residente de 73 años de la calle Dr. Santos P. Amadeo, en Salinas.
En una controversia con un negocio colindante por varios árboles ubicados en el patio de la señora Jiménez, la jueza Arelys M. Ortiz Rivera, del Tribunal de Primera Instancia de Salinas, solicitó asistencia técnica para evaluar el caso.
Colón Rivera fue designado para realizar la evaluación y recomendó la remoción de once (11) árboles en buenas condiciones, la mayoría con más de 60 años en la propiedad.
Entre los señalamientos contra el informe figura que sus conclusiones se basaron en observaciones realizadas desde el exterior de la residencia, ya que el biólogo nunca entró a la propiedad ni solicitó acceso. Además, el documento contenía información incorrecta y aseveraciones ambiguas; no consideró la poda de ramas y raíces como alternativa menos perjudicial para el ambiente, según dispone el Artículo 810 del Código Civil de Puerto Rico; ni tomó en cuenta la crisis climática y los efectos de las olas de calor.
La eliminación de una cubierta arbórea, como pretendía el biólogo Juan Colón, establecida durante más de seis décadas, habría reducido significativamente la protección ambiental y térmica de la residencia, afectando la seguridad, salud y calidad de vida de una adulta mayor.
Cuando un funcionario exige que la fiscalización se ejerza con responsabilidad, objetividad y apego a la verdad, resulta legítimo examinar si sus propias actuaciones han estado igualmente libres de controversias o cuestionamientos.
Hacer acusaciones infundadas contra líderes comunitarios, utilizar sus conexiones en las agencias para tomar represalias contra personas que exigen posturas claras o convertirse en el verdugo de los árboles siendo biólogo, no demuestra coherencia entre el discurso y la práctica.
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