Política
Comité Nos Inundan de Placas cuestiona compromiso del legislador con comunidades afectadas por proyectos industriales de placas solares.
(Salinas, Puerto Rico, 2 de junio de 2026) – El Comité Nos Inundan de Placas denunció que el principal obstáculo para la transparencia y la seguridad de las comunidades no es un político aislado, sino el poder avasallante, la política de desdén, opacidad e influencia de las empresas Ciro One y Clean Flexible Energy (AES).
Estas corporaciones — señaló el Comité— han ejercido su poder para ocultar estudios importantes para la seguridad de la comunidad, para negar sistemáticamente el acceso a sus instalaciones, usando falsas excusas de “seguridad” y utilizando a figuras políticas, mientras evaden su responsabilidad principal.
El Comité aclaró que, si bien el representante del Distrito 30 (Guayama y Salinas), Fernando Sanabria Colón, ha incumplido con gestionar la participación comunitaria, la decisión de impedir la vista ocular a los proyectos solares industriales ha sido siempre de las empresas.
Incluso cuando las comunidades se han ofrecido a firmar relevos de responsabilidad y tomar todas las medidas pertinentes para acceder, Ciro One y AES se han negado, escondiendo tras supuestos protocolos de seguridad lo que en realidad es un mecanismo de opacidad y control.
“No permitamos que nos desvíen la atención: el problema principal es el rol nefasto de la política corporativa de estas empresas, su desprecio por las instituciones, su falta de respeto a los mecanismos de fiscalización y su capacidad de influencia para que ni el Estado ni los municipios ejerzan su deber de proteger a las comunidades”, expresó el Comité en declaraciones escritas.
El político se allanó, la empresa bloqueó.
El Comité reconoció que, en múltiples ocasiones, el representante Sanabria se comprometió —ante comunidades y en vista pública— a gestionar una vista ocular de la Cámara a las instalaciones de ambas compañías, y que a la fecha establecida (29 de mayo de 2026) dicho compromiso no se materializó.
Sin embargo, la organización enfatizó: “El representante se allanó a nuestra solicitud; fue la empresa la que, usando excusas de seguridad, impidió el acceso. Atacar primero al político, como si él fuera el único culpable, es exactamente lo que las corporaciones quieren: un chivo expiatorio para ocultar su propio abuso de poder”.
El Comité denunció que Ciro One y AES llevan años sin entregar los estudios hidrológicos e hidráulicos prometidos, ni los planes de mitigación. “Esa no es solo negligencia política —sentenció el Comité—. Es una decisión corporativa deliberada de mantener a las comunidades en la ignorancia y el riesgo, mientras ejercen influencia sobre agencias gubernamentales y municipios que les han dado trato preferencial”.
Falta de respeto a las instituciones y a las comunidades
La organización subrayó que la actitud de estas empresas constituye un patrón de desdén institucional: ignoran los reclamos de la Legislatura, evaden a los cuerpos regulatorios y tratan a las comunidades como un estorbo.
“Somos nosotros quienes vivimos con el miedo constante cada vez que amenaza un aguacero, cargando el trauma de nuestras pertenencias flotando dentro de nuestros hogares. Y ellos responden con opacidad, excusas y un poder que aplasta cualquier intento de fiscalización”.
Preocupación adicional ante la Ley 82 de 2026
El Comité advirtió, como un elemento de preocupación adicional, que este caso ejemplifica lo que podría agravarse con la recién aprobada Ley 82 de 2026 (Aceleración de Permisos para Energía Renovable). “Si hoy estas empresas ya ocultan información crítica, desconocen mandatos institucionales y bloquean el acceso comunitario, la Ley 82 —al reducir mecanismos de participación ciudadana y fiscalización— les otorgaría una peligrosa carta blanca. No es el foco de nuestra denuncia hoy, pero es una alerta sobre hacia dónde vamos si no se frena este poder corporativo”, añadió el Comité.
Exigencias claras del Comité:
1. Que Ciro One y AES permitan de inmediato el acceso del Comité y sus peritos científicos a las instalaciones, sin excusas de seguridad, aceptando los relevos firmados.
2. Entrega inmediata de los estudios hidrológicos e hidráulicos y los planes de mitigación.
3. Que el representante Fernando Sanabria, a pesar de haberse allanado, use su posición para forzar a las empresas a cumplir, dejando de lado cualquier ambigüedad.
4. Que la Comisión Sur investigue el poder de influencia corporativa que ha impedido la fiscalización.
“El derecho de las comunidades a conocer, evaluar y fiscalizar no puede seguir siendo ignorado por el poder corporativo. Basta de la estrategia de desviar la atención: el problema principal se llama Ciro One y AES, y su política de desdén, opacidad e influencia”, concluyó el Comité.
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